Trump ofrece millones a estados que respalden su agenda migratoria

La Administración de Donald Trump utilizará hasta 3 000 millones de dólares para incentivar la cooperación migratoria. Estados y gobiernos locales podrán acceder a estos fondos federales si aceptan aliarse con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El requisito central es firmar o mantener un acuerdo conocido como 287(g). Este pacto permite que policías locales actúen como agentes de inmigración, convirtiéndolos en un “multiplicador de fuerza” para detener a migrantes indocumentados.

La oferta económica forma parte del esfuerzo oficial por ampliar las detenciones a gran escala. Sin embargo, para la comunidad latina, el regreso de estos acuerdos representa una amenaza directa que evoca historiales de discriminación racial y abusos en diversos condados del país.

¿Qué son los acuerdos 287(g) y cómo funcionan?

El nombre del programa proviene de la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996. El mecanismo permite que el DHS y las agencias de seguridad locales firmen memorandos de cooperación para compartir funciones.

En la práctica, un policía estatal o de condado certificado puede interrogar a una persona sobre su estatus migratorio durante una parada de tráfico. También puede procesar peticiones, llamadas detainers, para mantener a la persona en custodia hasta que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asuma el caso.

Cuando Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, revivió el modelo conocido como task force. Bajo este esquema, las policías locales pueden hacer cumplir la ley migratoria mientras realizan sus tareas rutinarias en las calles.

Texas, uno de los estados con políticas migratorias más duras, fue el primero en firmar. Para finales de julio de 2026, el modelo ya operaba con 1 467 agencias en 32 estados y dos territorios, concentrándose fuertemente en Florida y Texas.

¿Por qué suspendieron el programa antes?

Los acuerdos 287(g) en su modalidad de patrullaje fueron suspendidos durante la administración de Barack Obama. La decisión se tomó luego de que el Departamento de Justicia (DOJ) comprobara que fomentaban redadas indiscriminadas y violaciones de derechos civiles.

El caso más conocido ocurrió en el condado Maricopa, Arizona, bajo el mando del exalguacil Joe Arpaio. Una investigación del DOJ en 2011 reveló que sus agentes incurrieron en un patrón inconstitucional de perfilamiento racial contra latinos.

La pesquisa comprobó que los agentes de Arpaio realizaban operativos constantes en barrios hispanos. Los conductores latinos tenían hasta nueve veces más probabilidades de ser detenidos por la policía que los conductores no latinos, usando infracciones menores como excusa para verificar su estatus migratorio.

Otro caso similar se documentó en Carolina del Norte. En 2012, el DOJ determinó que la Oficina del Alguacil del condado de Alamance colocaba puntos de control en las entradas de vecindarios latinos, deteniendo a conductores hispanos hasta diez veces más que al resto de la población. Ambos acuerdos se cancelaron.

¿Cómo accederán los estados a los fondos de Trump?

El programa de subvenciones de Trump fue aprobado con casi 90 000 millones de dólares asignados a asuntos migratorios. Los fondos se entregarán a partir de octubre de 2026, y los estados tendrán hasta finales de agosto para presentar sus solicitudes.

Irónicamente, el fondo lleva el nombre BIDEN (Bridging Immigration-Related Deficits Experienced Nationwide). El título sugiere que busca compensar presuntas pérdidas económicas causadas por las políticas del expresidente Joe Biden.

Para recibir el dinero, las autoridades locales no necesitan probar que sufrieron daños económicos. El único requisito innegociable es participar plenamente en un acuerdo 287(g) u otros esfuerzos migratorios masivos dirigidos por el DOJ.

Los condados que obtengan el dinero podrán usarlo para contratar más agentes policiales o personal de apoyo judicial. También podrán destinarlo a construir nuevas cárceles migratorias o ampliar instalaciones existentes para detener temporalmente a inmigrantes.

¿Qué significa esto para los latinos?

Organizaciones civiles advierten que el dinero federal incentivará a más condados a unirse al programa. Cuando la policía local asume tareas migratorias, las comunidades latinas suelen ser las primeras afectadas por el perfilamiento racial, independientemente de su estatus legal.

«El uso generalizado de perfiles raciales resultará en que cualquier persona que parezca inmigrante, hable español o trabaje en empleos de baja remuneración será vulnerable a acosos y detenciones arbitrarias», denunciaron activistas en Carolina del Norte.

Además, la participación de policías locales en deportaciones destruye la confianza entre los migrantes y las autoridades. Cuando las víctimas de crímenes o testigos temen ser interrogados sobre su estatus, prefieren no llamar a la policía, lo que paradójicamente disminuye la seguridad general en esos condados. El nuevo flujo de dinero federal garantiza que la red de deportaciones se expanda mucho más allá del control fronterizo, introduciendo las tácticas de ICE directamente en las calles y vecindarios del país.

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