Peligra ley en Texas que beneficia a miles de estudiantes latinos

Un tribunal de apelaciones asestó un golpe judicial contra la Texas Dream Act. Esta ley, promulgada en 2001, permitía a estudiantes indocumentados pagar matrícula de residente en universidades públicas y colegios comunitarios de Texas.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito rechazó una demanda que buscaba proteger el beneficio. Con esto, se confirma un fallo previo de un juez federal que ordenó detener permanentemente la aplicación de la ley.

La medida impacta de forma directa a unos 57 000 jóvenes que ya cursan estudios superiores en el estado. Además, amenaza el futuro académico de aproximadamente 197 000 alumnos de secundaria que están próximos a graduarse.

¿Qué dice el fallo judicial?

La disputa tiene como centro la legalidad de la Texas Dream Act. El gobierno federal argumentó que la ley estatal choca con una prohibición nacional. Según esta norma federal, ningún estado puede ofrecer beneficios educativos basados en residencia a personas indocumentadas, a menos que ese mismo beneficio esté disponible para cualquier ciudadano estadounidense.

En junio de 2025, el juez federal Reed O’Connor dictaminó que la ley texana violaba esta restricción. Ordenó bloquear de manera permanente el acceso a la matrícula estatal (in-state tuition) para estudiantes que no tuvieran un estatus migratorio legal.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, decidió no defender la ley en los tribunales. Estuvo de acuerdo con el Departamento de Justicia en que la normativa era inconstitucional. El caso llegó al Quinto Circuito tras una demanda presentada por Austin Community College y un alumno. Sin embargo, el tribunal de apelaciones rechazó el reclamo con 2 votos en contra y 1 a favor.

¿Cómo afecta a los estudiantes?

La diferencia económica es enorme. La matrícula estatal suele ser 3 o 4 veces más barata que la tarifa para no residentes. Por ejemplo, en la Universidad de Texas en Austin, un residente pagaba alrededor de 11 000 dólares anuales en el ciclo 2024-2025. Tras perder el beneficio, ese mismo estudiante debe pagar la tarifa completa, que puede superar los 40 000 dólares.

Además del aumento en el costo, los jóvenes pierden el acceso a ayuda financiera estatal. Este combo vuelve casi imposible que miles de estudiantes puedan continuar sus carreras universitarias.

Ante la orden judicial, el estado actuó rápido. La Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas instruyó a las universidades públicas a identificar a los estudiantes indocumentados. El objetivo es cobrarles la matrícula completa como «no residentes» a partir del semestre de otoño de 2025.

¿Qué dicen las autoridades y los activistas?

El gobernador Greg Abbott celebró el fallo del tribunal. Afirmó que Texas y el Departamento de Justicia lograron una «gran victoria para el estado de derecho». En un mensaje en X (antes Twitter), subrayó que la matrícula estatal para inmigrantes indocumentados se había eliminado permanentemente.

Del otro lado, las organizaciones proinmigrantes expresaron indignación. Thomas A. Saenz, presidente de MALDEF, calificó el fallo como «cómplice de una de las mayores farsas jurídicas de la historia reciente». Señaló que el rápido fin de la ley fue orquestado políticamente por la administración de Trump y el fiscal Paxton. Tania Chávez Camacho, presidenta de LUPE, recordó que «la educación es un derecho humano, independientemente del estatus migratorio». MALDEF, que representa a estudiantes afectados, no descarta apelar la decisión ante instancias superiores.

La anulación representa un giro político drástico. La Texas Dream Act fue aprobada originalmente en 2001 bajo el gobierno del republicano Rick Perry, con amplio apoyo bipartidista. En su momento, se consideró una herramienta para integrar mejor a los jóvenes al mercado laboral.

Sin embargo, el endurecimiento de las políticas migratorias dentro del Partido Republicano explica este cambio de postura. Para las familias latinas en Texas, la decisión rompe el sueño universitario de miles de jóvenes que crecieron en el estado pero carecen de documentos legales.

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