Trump denuncia fraude en SNAP: Mira lo que cambiaría

El presidente Donald Trump denuncia fraude en SNAP y prepara cambios que podrían trasladar más costos a los estados. La discusión llega mientras baja la inscripción y crece la presión sobre los beneficios alimentarios de millones de familias.

El gobierno insiste en que el programa pierde miles de millones por errores y abuso. Pero especialistas sostienen que la mayoría de los pagos incorrectos proviene de fallas administrativas, no de fraude intencional.

¿Qué encontró el USDA?

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que la tasa de errores de SNAP llegó a 10.6% en el año fiscal 2025. Esa cifra equivale a más de 10 000 millones de dólares en pagos indebidos. En total, SNAP distribuyó 95 700 millones de dólares en beneficios durante ese periodo. El dato no prueba por sí solo fraude generalizado, pero sí abre un debate sobre la administración del programa USDA.

Gina Plata-Nino, del Food Research & Action Center, advirtió a CBS News que un error no es lo mismo que fraude. Según explicó, los errores suelen surgir por normas complejas, cambios de horario, falta de documentos o fallas del sistema. Brian Jones, de la Asociación Estadounidense de Servicios Humanos Públicos, coincidió con esa lectura. Dijo que los errores suelen ser involuntarios porque las reglas son muy complejas.

¿Qué cambiaría para los estados?

La nueva ley conocida como OBBBA exige que los estados mantengan una tasa de error inferior a 6%. Si no lo logran, deberán cubrir entre 5% y 15% del costo de SNAP a partir de octubre de 2027. El Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas calcula que esa medida podría costar 9 000 millones de dólares adicionales a los estados. El impacto sería mayor en jurisdicciones con más errores y menos margen fiscal.

Katie Bergh, especialista en SNAP del CBPP, dijo que los estados nunca habían tenido que asumir una parte de estos beneficios. También alertó que casi la mitad podría enfrentar copagos de 100 millones de dólares o más en el primer año. Eso no significa que los beneficiarios perderán dinero de inmediato. Pero sí puede empujar a los estados a reorganizar sus presupuestos, reforzar auditorías o recortar otros servicios.

¿Habrá más requisitos para recibir ayuda?

Sí. La ley también amplía los requisitos de trabajo para adultos aptos hasta los 64 años. Antes, ese umbral era más bajo en la mayoría de los casos.

Los adultos dentro de ese grupo deberán cumplir al menos 80 horas mensuales de trabajo, capacitación o voluntariado para mantener los beneficios más allá del periodo permitido. Esa exigencia puede complicar la permanencia en el programa para personas con empleo inestable. La inscripción ya venía cayendo antes de estos cambios. Según el USDA, alrededor de 37 millones de personas estaban inscritas en marzo, casi 5 millones menos que un año antes.

Para familias latinas con jornadas variables, ese ajuste puede ser decisivo. Cuando el horario cambia cada semana, cumplir una cuota mensual se vuelve más difícil. La Administración del Seguro Social y otras agencias federales suelen advertir que los programas con reglas complejas requieren documentación actualizada. En SNAP, esa carga administrativa puede pesar casi tanto como la necesidad económica.

¿Por qué importa para los hogares latinos?

SNAP es una red de apoyo central para millones de personas. En hogares latinos, su función es todavía más sensible porque ayuda a cubrir alimentos cuando los salarios no alcanzan. Si los estados deben pagar más, podrían endurecer procesos internos. Eso podría traducirse en más verificaciones, más papeleo y más demoras en la aprobación o renovación de beneficios.

El riesgo principal no es solo el recorte directo. También existe la posibilidad de que la burocracia adicional deje fuera a familias elegibles que no logren cumplir todo a tiempo. La Comisión Federal de Comercio recomienda revisar siempre avisos, cartas y formularios oficiales. En programas como SNAP, una respuesta tardía o incompleta puede causar suspensiones innecesarias.

¿Qué deben vigilar los beneficiarios?

Primero, deben revisar si reciben notificaciones de recertificación o cambios de ingreso. Esos documentos suelen definir si el beneficio continúa sin interrupción.

Segundo, conviene guardar comprobantes de trabajo, capacitación o voluntariado. Esa evidencia puede ser clave para cumplir las nuevas reglas de horas mensuales.

Tercero, es importante actualizar datos de domicilio y composición del hogar. Un cambio no reportado puede convertirse en un error administrativo y afectar el monto del beneficio.

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