Trump exige al Congreso quitar la ciudadanía por nacimiento

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se rindió tras su derrota judicial. Pocas horas después de que el Tribunal Supremo bloqueara sus planes, reaccionó con firmeza. Exigió este martes al Congreso que termine con la ciudadanía por nacimiento. Su mensaje fue directo y cargado de determinación política.

«El Congreso debería empezar hoy mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento», escribió en su red Truth Social. La calificó como «una práctica costosa e injusta para nuestro país». Prometió respaldar cualquier iniciativa legislativa que avance en esa dirección. «¡Contarán con mi apoyo total y absoluto!», añadió el mandatario.

La reacción llegó horas después de conocerse la sentencia del Supremo. El fallo mantuvo la ciudadanía por nacimiento como un derecho constitucional vigente. Trump calificó la decisión judicial de «lamentable» para los intereses del país. Sin embargo, dejó claro que este revés no marca el fin de su batalla.

El Congreso como nueva trinchera política

Tras el fracaso en los tribunales, Trump abre un nuevo frente de combate. Ahora apunta al Congreso como la vía para lograr su objetivo. Según el mandatario, la solución legislativa es más viable que una reforma constitucional. «Podemos solucionarlo fácilmente en el Congreso mediante legislación», aseguró.

Esta afirmación resulta significativa desde el punto de vista jurídico. La ciudadanía por nacimiento está consagrada en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Modificarla por vía legislativa, sin tocar la Constitución, es un camino legalmente discutido. Sin embargo, Trump insiste en que no hace falta «una enmienda constitucional larga y engorrosa».

El presidente había prometido durante su campaña limitar esta práctica. Su objetivo declarado era impedir que los hijos de migrantes irregulares obtengan ciudadanía. Esta promesa fue uno de los pilares de su plataforma migratoria. Ahora busca cumplirla por una ruta diferente a la que intentó originalmente.

El argumento del Tribunal Supremo

La sentencia del Supremo fue esperada y ampliamente analizada antes de su publicación. Los magistrados fallaron este martes con cinco votos a favor y cuatro en contra. La decisión mantiene una interpretación constitucional de más de 150 años de vigencia. Su fundamento está en la Decimocuarta Enmienda, aprobada tras la Guerra Civil.

El fallo reconoce de forma explícita la situación migratoria de los padres. Establece que los niños nacidos en Estados Unidos de padres en situación irregular son ciudadanos. También aplica a hijos de personas con presencia temporal en el país. La clave jurídica es el concepto de estar «sujetos a la jurisdicción» de Estados Unidos.

La resolución señala que estos niños son «ciudadanos desde el nacimiento». Esto se debe a la cláusula de ciudadanía contenida en la Decimocuarta Enmienda. El Supremo reafirmó así una interpretación que ha resistido durante siglo y medio. Ningún decreto ejecutivo puede modificar lo que la Constitución establece expresamente.

Una batalla constitucional sin precedentes modernos

El intento de Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento fue inédito. Ningún presidente moderno había intentado reinterpretar esta cláusula constitucional por decreto. Su decreto ejecutivo fue bloqueado por los tribunales desde el principio. Finalmente, el Supremo cerró esa puerta de forma definitiva esta semana.

Lo que hace particular esta situación es la insistencia del mandatario. En lugar de aceptar el fallo, Trump busca rápidamente una alternativa. El paso del decreto ejecutivo al Congreso revela una estrategia adaptable. También muestra la importancia política que el presidente le asigna a este tema.

La ciudadanía por nacimiento, conocida en inglés como «birthright citizenship», es un tema divisivo. Los defensores la consideran un principio democrático y constitucional irrenunciable. Sus críticos argumentan que genera incentivos para la migración irregular. Este debate lleva décadas en el centro del debate político estadounidense.

Las implicaciones de una reforma legislativa

Si Trump lograra impulsar una ley en el Congreso, el camino seguiría siendo complicado. Cualquier legislación que contradiga la Constitución enfrentaría impugnaciones judiciales inmediatas. Los tribunales federales volverían a ser el campo de batalla definitivo. La Decimocuarta Enmienda no puede ser modificada por una simple ley del Congreso.

Para cambiar una enmienda constitucional se necesita un proceso largo. Requiere la aprobación de dos tercios del Congreso y tres cuartas partes de los estados. Este umbral es extremadamente difícil de alcanzar en el contexto político actual. Por eso, los expertos consideran la propuesta legislativa de Trump como simbólica.

Sin embargo, el valor político del gesto no debe subestimarse. Trump envía un mensaje claro a su base electoral más fiel. Les dice que, pese a las derrotas judiciales, sigue peleando por sus promesas. Esta narrativa de resistencia frente al sistema es central en su identidad política.

La presión sobre el Congreso podría también forzar un debate legislativo formal. Aunque no prospere como ley, el proceso en sí tendría impacto político. Obligaría a legisladores de ambos partidos a definir su postura públicamente. En un año electoral, esas posiciones pueden tener consecuencias significativas.