Guía completa de los lugares donde ICE no puede arrestarte en 2026

En 2026 no existe una prohibición federal absoluta en iglesias, hospitales o escuelas, tras la cancelación de la guía de sitios sensibles por parte del DHS. Sin embargo, un fallo judicial federal prohíbe arrestos civiles dentro de tribunales migratorios a nivel nacional, y una orden del Cuarto Circuito protege a 8 lugares de culto específicos.

Además, la Cuarta Enmienda impide que los agentes entren a viviendas o espacios privados sin una orden judicial firmada por un juez. Esta situación genera dudas en la comunidad inmigrante frente al incremento de operativos en áreas públicas y de tránsito. Por ello, conocer las diferencias entre espacios públicos, privados y decisiones de cortes federales resulta indispensable.

¿Qué cambió con la política de lugares sensibles del DHS?

En enero de 2025, el DHS eliminó la directiva federal que catalogaba como «lugares protegidos» a escuelas, hospitales y templos religiosos. Desde entonces, no existe una norma administrativa general que impida a ICE realizar arrestos en esos recintos únicamente por su naturaleza social o comunitaria.

Sin embargo, la ausencia de esa guía no otorga facultades absolutas a los oficiales federales. El abogado especialista en leyes migratorias Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, explicó en entrevista con Univision que las acciones de los agentes continúan sujetas a la ley federal y a la Constitución estadounidense.

Las intervenciones en espacios públicos están permitidas bajo ciertas condiciones legales. No obstante, las autoridades deben respetar las órdenes emitidas por cortes federales que restringen acciones específicas en distintas jurisdicciones del país.

¿Puede un agente ingresar a una vivienda o propiedad privada?

La Constitución de Estados Unidos impone restricciones claras mediante la Cuarta Enmienda, la cual protege contra registros e incautaciones irrazonables en domicilios. Por esta razón, los oficiales de inmigración no pueden entrar a una casa sin el consentimiento voluntario de un adulto o una orden judicial correspondiente.

Existe una distinción legal determinante entre una orden administrativa y una orden judicial. Una orden administrativa de remoción, emitida por el DHS o por ICE, autoriza el arresto de una persona pero no faculta a los agentes a ingresar por la fuerza a un domicilio privado, según detallan las guías de derechos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.

Para entrar a una vivienda sin autorización del residente, los oficiales necesitan una orden judicial de registro o arresto. Este documento debe estar firmado por un juez federal o estatal, llevar el nombre de la persona buscada y detallar la dirección exacta del inmueble.

¿Qué restricciones existen en cortes migratorias y lugares de culto?

Los tribunales de inmigración cuentan con restricciones judiciales expresas para operativos civiles en 2026. En junio de 2026, un juez federal bloqueó a nivel nacional los arrestos civiles de ICE dentro de las sedes de la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración, conocida como EOIR.

Respecto a los centros religiosos, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito confirmó el 18 de agosto de 2026 una medida cautelar que limita las acciones migratorias en 8 lugares de culto específicos. Esta decisión judicial protege a las congregaciones demandantes, aunque no restablece una regla automática para todas las iglesias del territorio nacional.

Por su parte, la presencia de programas de cooperación local amplía el alcance de ciertas agencias policiales. Mediante la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, agentes locales reciben delegación de funciones migratorias, pero deben ejercerlas estrictamente bajo los límites constitucionales.

¿Qué derechos tiene una persona durante un operativo?

Toda persona en Estados Unidos conserva derechos fundamentales garantizados por la Constitución, sin importar su estatus migratorio. La Quinta Enmienda otorga el derecho a guardar silencio frente a preguntas sobre el lugar de nacimiento o estatus legal.

Si agentes de inmigración acuden a un domicilio, los residentes pueden solicitar que muestren la orden judicial pasándola por debajo de la puerta o colocándola contra una ventana. No es obligatorio abrir la puerta principal si los agentes únicamente presentan una orden administrativa con membrete del DHS.

Asimismo, la persona detenida tiene derecho a comunicarse con un abogado y a no firmar documentos sin entender su contenido legal. Los expertos recomiendan mantener la calma, no proporcionar información falsa y documentar nombres o números de placa de los oficiales intervinientes.

Entérate más en Nueva News