¿Se cumplirá la ley que prohíbe a policías de Nueva York cooperar con ICE?

La ley «Policías locales, delitos locales», impulsada por la gobernadora Kathy Hochul, entró en vigor el 25 de agosto de 2026 en todo el estado de Nueva York. La norma prohíbe acuerdos 287(g) que permitían a policías locales colaborar con ICE en tareas migratorias civiles. La Fiscalía General del estado advirtió que las agencias que no cumplan enfrentarán acciones legales.

La medida afecta a 12 agencias policiales que mantenían convenios con ICE, según cartas enviadas en julio de 2026. Organizaciones de inmigrantes celebraron la norma como una victoria para la seguridad pública y la confianza comunitaria.

¿Qué prohíbe exactamente la nueva ley de Nueva York?

La ley prohíbe a gobiernos locales y agencias policiales firmar, renovar o mantener acuerdos 287(g) con ICE. Estos convenios permitían que oficiales locales actuaran como extensiones de la aplicación federal de leyes migratorias civiles.

La norma también prohíbe que cárceles y centros de detención locales alojen a personas por infracciones migratorias civiles federales. Además, declara nulos y sin efecto todos los acuerdos 287(g) existentes a partir del 25 de agosto de 2026.

La gobernadora Kathy Hochul, demócrata, firmó el paquete legislativo el 27 de mayo de 2026. Según CBS News New York, la ley busca que ICE actúe de manera independiente en asuntos migratorios civiles, sin usar recursos policiales locales.

«Aquí en Nueva York, necesitamos policías locales centrados en mantener seguras a nuestras comunidades, no actuando como agentes ‘de facto’ de ICE», declaró Hochul, según recogió El Diario NY.

¿Qué son los acuerdos 287(g) y cómo funcionaban?

Los acuerdos 287(g) derivan de la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. Permiten que agentes estatales o municipales, tras capacitación federal, colaboren en tareas de control migratorio civil.

En Nueva York, antes de 2025, solo 1 de los 62 condados del estado mantenía un acuerdo 287(g) formal con ICE. Sin embargo, casi una decena de condados participaba en otros tipos de cooperación, como el alojamiento de detenidos por solicitud federal.

El condado de Nassau, en Long Island, era uno de los que mantenía este tipo de pactos. Según News 10, la ley obliga a terminar estos convenios y prohíbe futuros acuerdos similares. La normativa no elimina las facultades de ICE en el estado. Solo restringe el uso de recursos públicos locales para tareas de inmigración civil.

¿Qué pasa si una agencia policial no cumple la ley?

La Fiscalía General de Nueva York, Letitia James, envió cartas en julio de 2026 a 12 agencias policiales con acuerdos 287(g) activos. Las misivas exigían terminar esos convenios antes del 25 de agosto de 2026.

La ley crea la Oficina de Confianza para Inmigrantes (Office of Immigrant Trust), dentro de la Fiscalía General. Esta oficina supervisará el cumplimiento y podrá iniciar acciones civiles contra agencias que mantengan acuerdos prohibidos.

«Estamos preparados para hacer cumplir la ley si no se respetan dichas responsabilidades», afirmó James, según citó City & State NY. La funcionaria añadió que la verdadera seguridad pública requiere confianza pública.

Hasta el 25 de agosto de 2026, 3 agencias en 2 condados no habían informado su cumplimiento al estado. La ley permite multas, monitoreo estatal o acciones judiciales contra entidades que desobedezcan.

¿Cómo reaccionaron organizaciones de inmigrantes?

Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York (New York Immigration Coalition), celebró la norma como una victoria crucial. «Mientras ICE intensifica sus tácticas de control migratorio y siembra el miedo entre los inmigrantes de Nueva York, poner fin a estos acuerdos envía un mensaje contundente», declaró Awawdeh, según recogió NYIC.

La organización enfatizó que la cooperación previa entre policías locales e ICE afectaba la seguridad comunitaria. Muchos neoyorquinos evitaban denunciar delitos por temor a que su estatus migratorio fuera reportado a autoridades federales. «Este triunfo también debe servir de advertencia: cualquier gobierno local o agencia del orden público que aún no haya rescindido su acuerdo 287(g) enfrentará todo el peso de acciones legales», añadió Awawdeh.

La senadora estatal Julia Salazar, de origen colombiano, destacó que la ley también pone fin al encarcelamiento local por solicitud de ICE. «Con la entrada en vigor de la ley ‘Policías locales, delitos locales‘, la participación de Nueva York en la detención de inmigrantes llegará finalmente a su fin», afirmó Salazar.

¿Qué excepciones contempla la ley sobre cooperación policial?

La norma no prohíbe toda cooperación entre policías locales y autoridades federales. Los oficiales pueden seguir colaborando cuando se trate de delitos criminales reales, no de infracciones migratorias civiles.

La gobernadora Hochul aclaró que, si un inmigrante comete un crimen violento y existe una orden judicial, las autoridades locales colaborarán. Sin embargo, en asuntos puramente migratorios civiles, ICE deberá actuar sin apoyo policial local.

«Como dije al inicio, la policía local ayudará a ICE solo si se ha cometido un delito real. Pero en asuntos migratorios civiles, ICE está solo», explicó Hochul. La ley también establece un mecanismo para que neoyorquinos puedan demandar a funcionarios federales, estatales o locales por violaciones de derechos constitucionales relacionadas con la aplicación migratoria.

¿Qué sigue tras la entrada en vigor de la ley?

La Oficina de Confianza para Inmigrantes comenzará a verificar el cumplimiento en las próximas semanas. Las agencias que no terminen sus acuerdos 287(g) podrían enfrentar investigaciones y acciones legales antes de finales de 2026.

El debate político continuará, dado que la ley fue duramente criticada por el presidente Donald Trump. Su administración intentó bloquearla mediante el Departamento de Justicia, aunque un tribunal federal permitió su entrada en vigor.

Organizaciones comunitarias instan a los residentes a reportar cualquier cooperación no autorizada entre policías locales e ICE. La confianza comunitaria será el indicador clave para evaluar si la norma logra su objetivo de separar la aplicación migratoria federal de la seguridad pública local.

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