Aumentan las deportaciones en EE.UU.: ¿qué opciones existen para frenarlas?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha deportado a más de 350 mil personas en lo que va de 2026. Un número creciente de esos migrantes es enviado a terceros países que no son su lugar de origen.

Esta práctica afecta principalmente a personas indocumentadas cuyos gobiernos de origen no las reciben. Abogados de inmigración explican que existen mecanismos legales para impugnar este tipo de remoción antes de que se ejecute.

¿Qué es una deportación a un tercer país?

Una deportación a un tercer país ocurre cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) envía a una persona a una nación distinta de la suya. El abogado de inmigración Jorge Molina explica que esto sucede cuando el país de origen se niega a emitir documentos de viaje.

También ocurre cuando existen tensiones diplomáticas o cuando ICE determina que otro país está dispuesto a recibir al migrante. La ley federal permite esta práctica cuando el destino original no está disponible, según Molina.

En África, países como Uganda, Ruanda, Suazilandia, Sudán del Sur y Liberia han recibido migrantes expulsados de territorio estadounidense. En América Latina, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá cumplen un papel similar.

El caso de los mexicanos enviados a Guatemala

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó que su país ha recibido a 2.284 mexicanos deportados desde Estados Unidos en lo que va de 2026. La cifra contrasta con los apenas 15 casos registrados durante todo 2025.

 

Arévalo aclaró que estos migrantes llegan en calidad de tránsito. Permanecen menos de 24 horas en territorio guatemalteco antes de continuar por tierra hacia México, según el mandatario.

El gobierno mexicano ha rechazado esta práctica. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pidió a Estados Unidos que envíe a los connacionales directamente a México, sin escalas en Centroamérica.

Guatemala no opera como tercer país seguro

Arévalo fue enfático al aclarar que Guatemala no funciona como «tercer país seguro» en estos casos. Esa figura legal implicaría que el país receptor procese solicitudes de asilo de personas de otra nacionalidad.

Estados Unidos también ha enviado ciudadanos mexicanos a Honduras y Costa Rica este año. Esto forma parte de una política de deportaciones a terceros países que la administración de Donald Trump ha ampliado desde 2025.

Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el impacto de estos traslados indirectos. Señalan que las rutas por varios países pueden generar mayor confusión y vulnerabilidad para los migrantes.

Para muchas familias, el trayecto por un país ajeno se suma a la incertidumbre de no saber cuándo llegarán a su destino final. Defensores migratorios insisten en que el desconocimiento del proceso agrava el temor de quienes son trasladados sin previo aviso.

Protecciones legales frente a una deportación a tercer país

El abogado Molina explica que toda persona extranjera tiene derecho al debido proceso. Esto incluye ser notificada, tener una audiencia y poder impugnar la legalidad de su deportación.

«El derecho a ser representado por un abogado de inmigración existe, aunque el gobierno no ofrece defensa gratuita», dijo Molina. Contar con un abogado suele ser la única forma efectiva de impugnar una deportación a tercer país.

El marco legal vigente exige además que ICE respete los derechos humanos y las protecciones contra la tortura. Estas garantías están contempladas en tratados internacionales que EE. UU. ha ratificado.

La Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) es la instancia encargada de resolver estas impugnaciones. Un juez de inmigración puede detener una remoción si encuentra irregularidades en el proceso.

¿Cómo reabrir un caso de deportación?

El abogado de inmigración Ángel Leal explicó que existe un mecanismo legal para evitar una orden final de deportación. Aplica cuando la persona no pudo presentarse a su audiencia en la corte de inmigración.

Según Leal, la ley estipula un plazo de 90 días tras recibir la carta de deportación para presentar una moción de reapertura. Esa moción debe explicar las razones de la ausencia y debe presentarla un abogado de inmigración.

Molina recomienda no firmar ningún documento sin asesoría legal si ICE notifica una posible deportación a tercer país. Sugiere solicitar de inmediato una entrevista de temor creíble.

Una redada reciente ilustra el aumento de arrestos

ICE arrestó a 1.328 personas indocumentadas en un operativo de dos semanas en Virginia y Maryland, según confirmó el DHS esta semana. La agencia denominó el operativo «Operación Comunidad Segura – Washington, D.C.».

Casi 400 de los arrestados enfrentan condenas o cargos penales pendientes, de acuerdo con el DHS. El resto no registraba antecedentes penales según la clasificación de la agencia federal.

El DHS reiteró que la administración utiliza «todas las vías legales a su alcance» para ejecutar lo que llama la mayor operación de deportación de la historia del país.

¿Qué puede hacer un migrante ante este panorama?

Los abogados consultados coinciden en que actuar con rapidez es clave. Reunir pruebas como noticias, informes médicos o testimonios puede sustentar por qué un tercer país no es seguro para una persona específica.

Comprender el procedimiento y ejercer los derechos desde el primer momento puede marcar la diferencia. Quienes reciban una notificación de ICE deben buscar representación legal antes de firmar cualquier documento.

Organizaciones de apoyo migratorio y consulados en distintas ciudades de EE. UU. ofrecen orientación gratuita sobre estos procesos. Consultar a un abogado de inmigración acreditado sigue siendo el paso más seguro para proteger los derechos de cada persona.