Juez bloquea parte de la ley de Colorado sobre centros de detención migratoria

Un juez federal bloqueó temporalmente una parte de la ley de Colorado que amplía la supervisión estatal sobre centros privados de detención migratoria. La decisión afecta ciertos requisitos de inspección sanitaria y de seguridad aplicables al centro de Aurora, operado por GEO Group.

Sin embargo, el estado conserva sus facultades existentes para proteger la salud pública, incluida una investigación por tuberculosis. El fallo permanecerá vigente hasta el 15 de octubre de 2026, cuando vence el contrato federal de GEO Group para operar la instalación.

¿Qué parte de la ley quedó suspendida?

El juez Daniel D. Domenico, del Tribunal Federal del Distrito de Colorado, concedió una orden preliminar limitada a GEO Group. La compañía demandó al estado para impedir que se aplicaran nuevas reglas sobre inspecciones en el centro de Aurora. El tribunal suspendió los requisitos que exigían inspecciones estatales sin aviso cada 3 meses. También bloqueó una multa nueva de 50 000 dólares por incumplir ciertas obligaciones de inspección.

La orden no anuló toda la ley ni impidió que Colorado intervenga ante riesgos sanitarios. El fiscal general Phil Weiser describió la medida como una victoria limitada para la empresa. «La resolución concedió una orden temporal y estrecha, no el alivio amplio que GEO Group solicitaba», afirmó Weiser. El juez consideró que GEO Group demostró, de forma preliminar, una posible interferencia con funciones federales.

¿Por qué Colorado investiga un caso de tuberculosis?

Las autoridades sanitarias identificaron un caso confirmado de tuberculosis en el centro de Aurora durante junio. La instalación es el único centro privado de detención migratoria de Colorado. El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente emitió una orden el 13 de agosto. La orden exigía entregar información médica, datos de posibles contactos y registros de transferencias. GEO Group debía responder antes del 17 de agosto, pero el estado afirma que no cumplió.

Por ello, Weiser presentó una demanda en el Tribunal del Condado de Adams. La tuberculosis puede transmitirse por el aire cuando una persona infectada expulsa partículas respiratorias. Por eso, la falta de información puede impedir que el estado identifique a personas expuestas. El Departamento de Salud necesita conocer dónde están los detenidos trasladados o liberados.

¿Qué respondió GEO Group sobre la investigación?

GEO Group sostiene que no existen casos activos o sospechosos dentro del centro. Un portavoz dijo que las autoridades federales continúan aplicando medidas de prevención y control. La empresa también argumenta que la nueva ley estatal la somete a requisitos especiales. Según GEO Group, esas reglas interfieren con su contrato federal para operar el centro.

La demanda sanitaria es independiente del litigio contra la nueva ley. Weiser recalcó que Colorado puede aplicar sus normas sanitarias anteriores. «Nuestra demanda busca hacer cumplir esa autoridad existente y exigir que GEO coopere», declaró el fiscal general. Por tanto, el bloqueo de una parte de la ley no impide investigar la tuberculosis.

¿Qué pasará con los centros de detención migratoria?

El conflicto plantea una pregunta más amplia sobre la supervisión estatal de instalaciones privadas. GEO Group opera centros mediante contratos con ICE y el Gobierno federal. Colorado sostiene que las empresas privadas deben cumplir normas estatales de salud pública. La compañía afirma que los estados no pueden imponer obligaciones que interfieran con operaciones federales.

Un conflicto similar ocurrió en Washington con el centro migratorio de Tacoma. En julio, un tribunal ordenó a GEO Group permitir inspecciones estatales después de 10 rechazos. Los funcionarios investigaban más de 3 500 denuncias sobre las condiciones del centro. Los casos podrían producir decisiones diferentes entre circuitos federales.

¿Cómo afecta el caso a las personas detenidas?

La tuberculosis puede afectar a detenidos, empleados, visitantes y comunidades cercanas. Las personas expuestas necesitan pruebas médicas y seguimiento oportuno. La falta de datos puede retrasar diagnósticos y tratamientos preventivos.

Las familias deben preguntar a los abogados si un detenido tuvo contacto con el caso confirmado. También conviene informar síntomas respiratorios persistentes a los profesionales médicos. Las personas detenidas pueden solicitar atención médica y comunicar síntomas a los funcionarios del centro. Además, pueden pedir asistencia de un abogado si creen que se ignoró una necesidad sanitaria.

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