DHS amenaza con cárcel a funcionarios que no sigan a Trump

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, llevó el discurso electoral de la Administración Trump a un nuevo nivel de confrontación institucional. En un mensaje público, advirtió que funcionarios electorales estatales podrían enfrentar multas e incluso penas de prisión si no siguen las directrices del gobierno federal para “depurar” listas de votantes y detectar supuestos registros de personas que no son ciudadanas. El anuncio llega en un momento de alta tensión política, con elecciones de medio término próximas y un presidente que insiste en desacreditar procesos electorales pasados.

¿Qué está exigiendo el DHS a los estados?

Mullin aseguró que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hizo un análisis preliminar. Afirma que hay más de 250 000 personas que no son ciudadanas en los padrones electorales de 4 estados: California, Nueva Jersey, Nevada y Pensilvania. Según el secretario, se trata de registros que deben revisarse y, en su caso, depurarse usando una base de datos federal que contiene información migratoria y de Seguro Social.

La exigencia central es que los estados cotejen sus listas de votantes con ese registro federal. También se busca que colaboren activamente con el gobierno central en la “depuración” de presuntos votantes no ciudadanos. Mullin advirtió que quienes se nieguen pueden perder acceso a fondos federales para la administración electoral y, en casos que el gobierno considere graves, enfrentar sanciones penales.

En su discurso, el secretario dijo que “si eres un migrante indocumentado e intentaste votar, o si intentaste votar ilegalmente en nombre de otra persona, te encontraremos y te acusaremos”. Esa frase resumen la narrativa oficial: presentar el operativo como un esfuerzo para asegurar que solo personas “legalmente autorizadas” voten. Sin embargo, el detalle técnico de cómo identifican a esos supuestos votantes ha generado preocupación entre expertos.

¿Por qué genera críticas el uso de bases de datos federales?

La base de datos que el DHS quiere usar se diseñó originalmente para verificar elegibilidad a beneficios migratorios y programas federales. Un juez federal bloqueó su uso con fines electorales al considerar que violaba normas sobre divulgación y uso de datos vinculados al Seguro Social. Esto se debe precisamente por el riesgo de emplearla fuera del contexto para el cual se creó.

Además, esa herramienta ha demostrado ser propensa a errores cuando se utiliza para revisar padrones de votantes. Suele marcar a ciudadanos recién naturalizados como si fueran no ciudadanos, simplemente porque su estatus aún no se refleja en todos los registros. Organizaciones de defensa del derecho al voto han documentado casos en que personas con ciudadanía plena fueron identificadas erróneamente y corrieron el riesgo de ser eliminadas de las listas.

Los registros electorales se diseñaron para inscribir votantes, no para eliminarlos masivamente. En ellos siempre aparecen personas fallecidas, porque la actualización requiere tiempo, coordinación con registros civiles y acciones continuas de las oficinas estatales. Convertir esa realidad administrativa en argumento para purgas aceleradas aumenta el riesgo de excluir votantes legítimos, especialmente en comunidades de inmigrantes donde los cambios de estatus migratorio son frecuentes.

¿Qué sanciones menciona Mullin?

Mullin advirtió que el “registro electoral ilegal” y el voto ilegal podrían acarrear penas de hasta 5 años de prisión y multas de hasta 250 000 dólares. La amenaza no se limita a individuos que voten de forma irregular. También la hace extensiva a funcionarios electorales que “decidan no actuar” después de recibir información del gobierno federal. Según su planteamiento, si un estado no depura tras las alertas, sus responsables podrían ser perseguidos penalmente.

Este discurso se enmarca en una estrategia más amplia de la Administración Trump. Buscan usar el aparato gubernamental para sembrar dudas sobre la integridad del sistema electoral. El presidente mantiene la narrativa de que las elecciones de 2020 fueron “sucias” y “amañadas”, pese a que miembros de su propio gabinete y múltiples investigaciones oficiales señalaron que no hubo fraude generalizado y que los resultados reflejaron la voluntad de los votantes.

El experto en derecho electoral Rick Hasen ha señalado que, si realmente hubiera pruebas sólidas de participación sistemática de no ciudadanos en las votaciones, ya existirían acusaciones formales y procesos penales visibles. El hecho de que esas denuncias no se materialicen sugiere que muchas afirmaciones sobre fraude masivo carecen de fundamento suficiente.

¿Qué otras medidas han tomado en materia electoral?

Además de los anuncios del DHS, el gobierno ha impulsado varias acciones que afectan la infraestructura electoral. En enero, el FBI realizó una redada en un centro electoral del condado de Fulton, en Georgia. Las autoridades confiscaron boletas, en un estado donde Trump perdió en 2020. El Departamento de Justicia ha demandado a estados para obtener datos de sus registros electorales. Por otro lado, la División de Derechos Civiles envió cartas advirtiendo de posibles sanciones penales si se mantiene de forma deliberada a personas no ciudadanas en las listas.

Trump también despidió decenas de empleados de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura, responsable de ayudar a garantizar la seguridad de las elecciones. También destituyó a la dirección de la Comisión de Asistencia Electoral. Este organismo se encarga de financiar elecciones estatales y coordina intercambio de información entre más de 10 000 jurisdicciones. Estas decisiones reducen capacidades técnicas y de coordinación justo cuando se intensifican las reformas impuestas desde el gobierno central.

Mullin anunció que Trump ordenó al equipo de ciberseguridad del DHS publicar un plan actualizado sobre infraestructura electoral en un plazo de 30 días. Aseguró que las medidas no buscan “revisar las elecciones de 2020” ni cambiar resultados ya certificados. Afirmó que quieren “asegurar que el pueblo estadounidense pueda confiar en nuestro sistema electoral”. Pero esa declaración convive con una retórica que insiste en la idea de elecciones “robadas”, lo que genera una tensión entre el mensaje de confianza y el de deslegitimación.

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