¿Usar Medicaid o food stamps te impide obtener la green card?

Funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) confirmaron un cambio significativo esta semana. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocó una norma de la era Biden emitida en 2022.

Esa norma restringía qué podían comprobar los agentes migratorios sobre la llamada “carga pública”. Se trata de una herramienta que evalúa qué tanto dependen los solicitantes de ayudas gubernamentales.

Con este cambio, cientos de miles de solicitantes de la tarjeta verde enfrentarán ahora un control mucho más exhaustivo. La revisión incluirá el uso de beneficios como Medicaid, cupones de alimentos y ayudas para vivienda.

Una revisión mucho más restrictiva y exhaustiva

La legislación federal de inmigración vigente permite al gobierno rechazar solicitudes por considerar que una persona podría convertirse en “una carga” para el Estado. Este principio no es nuevo en el sistema migratorio estadounidense.

Sin embargo, la normativa impulsada por Joe Biden en 2022 era considerablemente más restrictiva. Limitaba de forma clara qué información podía revisar el DHS durante el proceso.

Con la nueva norma, los funcionarios podrán realizar revisiones caso por caso mucho más amplias. Estas tomarán en cuenta la edad, la salud, el estado familiar y los recursos financieros del solicitante.

Qué beneficios entrarán en la evaluación

Según funcionarios del USCIS, la revisión también contemplará la educación y las habilidades laborales del solicitante. Se evaluará además si la persona ha recibido prestaciones financiadas por los contribuyentes.

Estos beneficios sujetos a verificación de recursos pueden incluir cupones de alimentos, Medicaid y asistencia para la vivienda. La combinación de estos factores definirá el resultado final de cada solicitud.

“La administración Trump defiende el estado de derecho y protege a los contribuyentes estadounidenses”, declaró Zach Kahler, portavoz del USCIS. El funcionario añadió que la agencia busca evitar que los extranjeros se vuelvan dependientes de los beneficios públicos.

¿A quiénes afecta esta nueva medida?

En su propuesta de noviembre de 2025, el DHS estimó una cifra considerable de personas afectadas. Aproximadamente 588,000 solicitantes de ajuste de estatus serían sometidos anualmente a esta revisión de carga pública.

Esta cifra no incluye a quienes solicitan visas desde el extranjero. Tampoco contempla a las personas que buscan ser admitidas directamente en la frontera con Estados Unidos.

El propio DHS reconoció que la medida podría generar un “efecto disuasorio” considerable. Según sus cálculos, cerca de 950,000 personas en hogares inmigrantes podrían renunciar a beneficios públicos por temor a represalias migratorias.

El temor de las familias inmigrantes

Algunos expertos advirtieron sobre un posible efecto dominó en la comunidad inmigrante. Temen que las familias eviten solicitar asistencia sanitaria, alimentaria o de vivienda, incluso cuando cumplen los requisitos legales.

Este temor podría afectar incluso a hijos ciudadanos estadounidenses que califican legítimamente para estos beneficios. La preocupación radica en que acceder a esa ayuda podría perjudicar futuras peticiones de residencia permanente.

Funcionarios del USCIS aclararon un punto importante al respecto. Los beneficios recibidos por familiares del solicitante no se considerarán como propios durante la evaluación individual.

Cómo se evaluarán los beneficios familiares

Sin embargo, los funcionarios sí podrán tener en cuenta esos beneficios al analizar la situación financiera general. Esto ocurrirá especialmente si sugieren que el solicitante no puede mantener económicamente a su familia.

Por el contrario, si esos beneficios ayudan a sostener al solicitante, también podrían influir en la decisión final. La evaluación busca ser integral, considerando el contexto completo del hogar migrante.

Esta flexibilidad en la interpretación ha generado inquietud entre abogados de inmigración. Muchos consideran que el margen de discrecionalidad podría derivar en decisiones inconsistentes entre distintos casos.

¿Cuándo entrará en vigor la nueva norma?

El USCIS confirmó que la medida entrará en vigor el próximo 18 de septiembre. Antes de esa fecha, la agencia actualizará formularios, directrices y procedimientos internos.

Para las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor, existe una consideración especial. Los funcionarios solo evaluarán los beneficios sujetos a verificación de recursos recibidos a partir de esa fecha específica.

Es decir, los beneficios recibidos previamente solo se tomarán en cuenta si incluían asistencia económica pública. Esto aplica particularmente para el mantenimiento de ingresos o la institucionalización a largo plazo.

Cambios también en el Formulario I-485

El USCIS publicará además una versión revisada del Formulario I-485. Este documento es esencial para registrar la residencia permanente o ajustar el estatus migratorio.

La agencia advirtió claramente en su comunicado sobre las versiones anteriores del formulario. No se aceptarán solicitudes con matasellos o envíos electrónicos previos a la fecha de entrada en vigor de la norma.

Este cambio administrativo obligará a miles de solicitantes a familiarizarse rápidamente con la nueva documentación. Los abogados de inmigración recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del USCIS.

La cruzada de Trump contra los solicitantes con recursos limitados

A esta polémica reestructuración se suma otra medida en desarrollo. La administración Trump estaría considerando imponer una fianza de 100,000 dólares para ciertos solicitantes de residencia permanente.

Según fuentes citadas por The Wall Street Journal, el Departamento de Estado trabaja en este plan. La fianza aplicaría a quienes soliciten la green card desde consulados estadounidenses en el extranjero.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para limitar la inmigración de personas con recursos limitados. El objetivo declarado es garantizar que quienes se establezcan en Estados Unidos sean financieramente autosuficientes.

Un plan aún en fase de prueba

El plan de la fianza permanece todavía en fase de desarrollo dentro del Departamento de Estado. Las autoridades estarían evaluando implementarlo primero como periodo de prueba en algunos países.

Esta estrategia permitiría medir la viabilidad de la medida antes de extenderla de manera definitiva. De confirmarse, representaría otro obstáculo económico significativo para los solicitantes de bajos recursos.

En conjunto, estas medidas reflejan un endurecimiento sostenido de la política migratoria estadounidense. Miles de familias inmigrantes deberán ahora sortear un proceso considerablemente más complejo para obtener la residencia permanente.