¿Qué es la Ley PROMISE? Senadores buscan rescatar el Seguro Social

El Seguro Social, un programa pilar que ha brindado seguridad financiera a millones de jubilados durante más de 90 años, se encuentra en una carrera contrarreloj. Según estimaciones recientes, el fondo fiduciario que sustenta los beneficios podría quedarse sin recursos para el año 2032. Ante este riesgo, un grupo de senadores bipartidista presentó la Ley PROMISE. Una iniciativa que, sin modificar aún beneficios o impuestos, busca crear un camino obligatorio para que el Congreso estadounidense apruebe una reforma de solvencia a largo plazo.

La Ley PROMISE toma su nombre de las siglas en inglés de Protecting Retirement Opportunities and Maintaining Income Security for Everyone (Proteger las Oportunidades de Jubilación y Mantener la Seguridad de Ingresos para Todos). El proyecto fue impulsado por los senadores Dick Durbin (demócrata por Illinois), Bill Cassidy (republicano por Luisiana), Tim Kaine (demócrata por Virginia), Thom Tillis (republicano por Carolina del Norte), Angus King (independiente por Maine) y John Cornyn (republicano por Texas). “Nuestra propuesta bipartidista abre el Congreso a debatir este tema de manera transparente, justa y bipartidista”, declaró Durbin al presentar el proyecto.

El objetivo principal de la propuesta no es imponer una solución específica hoy. Se busca establecer un procedimiento legislativo estricto que garantice al menos 50 años de viabilidad financiera para el Seguro Social. Los promotores de la iniciativa insisten en que retrasar la acción solo hace que el déficit del programa sea más profundo, lo que a futuro obligaría a aplicar medidas más drásticas.

¿Cómo funcionaría el procedimiento legislativo?

A diferencia de otras reformas que plantean directamente aumentar la edad de retiro o subir los impuestos, la Ley PROMISE se enfoca en el “cómo” llegar a un acuerdo. El proyecto asigna el primer paso a la Junta Asesora del Seguro Social (SSAB, por sus siglas en inglés), un comité independiente y bipartidista. Esta junta tendría que recopilar opiniones del público, organizar sesiones de consulta y redactar un proyecto de ley base con recomendaciones para estabilizar los fondos fiduciarios por cinco décadas.

Una vez que el proyecto base esté listo, los líderes de la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes estarían obligados a introducirlo. Si ellos no lo hacen, cualquier otro legislador podría tomar la iniciativa para activar el proceso. Posteriormente, el texto pasaría al Comité de Finanzas del Senado y al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara para audiencias y enmiendas.

La regla de oro de la Ley PROMISE es que el Congreso no pueda ignorar el problema. El proyecto final tendría un tiempo límite de debate de 100 horas en el pleno. Durante este período, los legisladores podrían presentar modificaciones sustitutivas. Sin embargo, el proyecto mantendría protecciones para evitar que se desvíe hacia otros temas políticos ajenos a la financiación del Seguro Social.

¿Qué desafíos y posibles recortes enfrenta el Seguro Social?

El llamado a la acción se basa en el más reciente informe anual de los administradores del Seguro Social, que confirmó un panorama financiero complicado. El fondo destinado a las prestaciones de jubilación, el OASI (Old-Age and Survivors Insurance), podría agotarse a finales de 2032. Si el Congreso no actúa antes de esa fecha, el programa solo podría cubrir alrededor del 78% de los beneficios mensuales aprobados. Esto equivaldría a un recorte del 22%. Para muchas personas, esto significaría perder en promedio unos 500 dólares al mes.

El Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB) advirtió que el déficit actuarial del programa ha empeorado. Además, estudios de organizaciones no partidistas señalan que los recortes afectarían especialmente a jubilados de clase trabajadora que dependen de este ingreso como su fuente principal. Ante este reto, existen varias alternativas clásicas sobre la mesa que podrían incluirse en la reforma final que elabore la junta:

• Aumentar progresivamente la edad legal de jubilación.
• Subir la tasa del impuesto sobre la nómina para trabajadores y empleadores.
• Eliminar el límite salarial máximo, de manera que los trabajadores de ingresos muy altos paguen impuestos del Seguro Social sobre todas sus ganancias (actualmente el tope es de $184,500).
• Crear un fondo de inversión independiente, propuesta impulsada por el senador Bill Cassidy. Esto es similar a lo que se hizo con el sistema de jubilación ferroviaria para generar mayores rendimientos.

¿Qué se necesita para que haya una reforma definitiva?

La Ley PROMISE incluye una medida de seguridad importante. Para que el proyecto final sobre el Seguro Social (y cualquier enmienda que se le agregue) sea aprobado, requerirá de una mayoría calificada de 60 votos en el Senado. En el clima político actual de Estados Unidos, esto significa que ni demócratas ni republicanos podrán imponer una reforma de manera unilateral. Estarán forzados a ceder y encontrar un punto medio bipartidista.

Además, la iniciativa busca establecer un monitoreo a largo plazo. Plantea realizar una revisión obligatoria de la solvencia del Seguro Social cada diez años. Si una futura evaluación descubre que los fondos fiduciarios proyectan otro déficit, el mismo mecanismo legislativo acelerado volverá a activarse de forma automática.

“Les decimos a nuestros colegas: únanse a nosotros para hacer aquello para lo que fuimos elegidos: legislar sobre temas difíciles y proteger este programa vital para nuestros hijos y nietos”, expresaron los senadores Durbin, Cassidy, Kaine y Tillis en una declaración conjunta. El objetivo final es garantizar que la promesa de una jubilación segura tras una vida de trabajo se cumpla para los más de 71 millones de beneficiarios actuales y las futuras generaciones.

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