¿Tienes parole? Fallo permite deportaciones expeditas en EE.UU.

Una reciente decisión judicial despejó el camino para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aplique la deportación acelerada a inmigrantes que ingresaron bajo programas de parole humanitario. La Corte de Apelaciones del Circuito de Washington, D.C., desestimó una demanda presentada por organizaciones defensoras de derechos humanos. Estas organizaciones buscaban frenar esta política, impulsada por la Administración Trump.

El fallo de tres jueces no entró en el debate sobre si la medida es legal o no. En cambio, concluyó que los grupos demandantes carecían de legitimidad procesal para impugnarla. Esta resolución permite que la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) expulse a miles de personas rápidamente, sin que pasen por el proceso regular ante un juez de inmigración. Además, impacta especialmente a nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV).

¿Qué dictaminó la Corte de Apelaciones?

El caso Coalition for Humane Immigrant Rights v. Mullin se centraba en varios memorándums del DHS que ordenaban someter a expulsión acelerada a personas en libertad condicional (parolees). Un tribunal inferior había bloqueado temporalmente esta orden en 2025. Sin embargo, el panel de la Corte de Apelaciones revocó ese bloqueo en una decisión unánime (3-0). Los jueces señalaron que las organizaciones demandantes, como CHIRLA y CASA, no pudieron demostrar que una victoria en este juicio evitaría que sus miembros fueran deportados rápidamente.

El tribunal explicó que el Gobierno posee otras autoridades legales para expulsar aceleradamente a estas personas, incluso si se suspendían los memorándums específicos impugnados. “La medida solicitada no cambiaría nada”, indicó el fallo. “Los demandantes no pueden solicitar una reparación que no les beneficie en nada”.

¿Qué es la deportación acelerada?

La deportación acelerada es un mecanismo que permite a los agentes de inmigración deportar a un extranjero sin derecho a una audiencia ante un juez migratorio. Generalmente, este proceso se aplicaba a personas detenidas cerca de la frontera poco después de ingresar ilegalmente al país. No obstante, las políticas recientes han expandido su uso al interior de Estados Unidos.

Con la eliminación de los programas de parole creados por la Administración Biden, miles de personas que entraron legalmente perdieron su protección. Al expirar o ser cancelado su estatus, el Gobierno argumenta que ahora son personas sin base legal para permanecer, activando la deportación exprés. Para las comunidades hispanas, esto significa que una persona interceptada por ICE podría ser devuelta a su país de origen en cuestión de horas o días, limitando severamente sus opciones de pedir asilo o conseguir representación legal.

¿A quiénes afecta directamente esta medida?

El fallo impacta principalmente a los inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos bajo los programas de parolehumanitario para originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Además, este programa llegó a beneficiar a casi medio millón de personas.

También podría afectar a otros grupos que recibieron libertades condicionales temporales en los puntos de entrada (puertos de entrada) y cuyo estatus ha sido revocado o no renovado. La Federation for American Immigration Reform (FAIR), un grupo que apoya restricciones migratorias estrictas, celebró la decisión. Dale L. Wilcox, directivo de FAIR, señaló que la resolución reconoce “el amplio abanico de facultades de expulsión a disposición de Trump” frente a las políticas de entrada implementadas por Joe Biden.

¿Qué pueden hacer los afectados ahora?

La decisión judicial aumenta la vulnerabilidad de quienes perdieron su parole. Aunque la expulsión es acelerada, existen excepciones para aquellos que expresan un temor creíble de persecución o tortura si regresan a su país. Quienes manifiestan este miedo deben ser referidos a una entrevista de “temor creíble” con un oficial de asilo. Si pasan la entrevista, el proceso de deportación acelerada se detiene y su caso se envía a una corte de inmigración regular, donde pueden pedir asilo formalmente.

Es crucial que las personas afectadas busquen asesoría legal certificada. Notarios y preparadores de documentos no están autorizados para representar a inmigrantes en estos procesos, y un mal consejo puede resultar en una expulsión irreversible. Hasta el momento, las organizaciones que presentaron la demanda no han anunciado si apelarán esta decisión ante la Corte Suprema de Justicia.

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