Hasta 200,000 extranjeros enfrentarían la mayor revocación de visas en EE. UU.

El gobierno estadounidense contempla en la actualidad la revocación masiva de visados B1 y B2 otorgados a extranjeros que solicitaron protección internacional. Por consiguiente, la medida afectaría a cerca de 200,000 personas que ingresaron al país bajo el estatus de visitantes temporales.

En este contexto, las autoridades coordinan la estrategia junto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Asimismo, el plan busca dejar sin efecto los visados emitidos entre los años 2016 y 2026.

De concretarse esta iniciativa administrativa, se convertirá en la cancelación masiva de permisos de entrada más grande registrada en el país. Por su parte, representantes de la sociedad civil prevén que el ajuste enfrente inmediatas impugnaciones ante las cortes federales.

Criterio del programa	Situación actual	Cambio propuesto
Población afectada	Personas con visado B1/B2 que piden asilo	Cancelación del visado de turista/negocios
Impacto directo	Mantenimiento del permiso de entrada previo	Reclasificación del estatus migratorio
Alcance temporal	Visados expedidos entre 2016 y 2026	Aplicación continua en nuevos casos

¿Qué implicaciones tiene la pérdida del visado para las personas sin estatus legal?

Por un lado, las autoridades aclararon que la anulación del documento no generará deportaciones automáticas en el corto plazo para los afectados. En consecuencia, las personas con solicitudes de protección pendientes mantendrán sus casos abiertos ante el sistema de justicia.

Sin embargo, los titulares perderán formalmente la categoría de visitantes de negocios o turismo que poseían al ingresar. De este modo, la medida busca evitar que los extranjeros utilicen las entradas temporales como un mecanismo para permanecer indefinidamente.

Al respecto, el portavoz del organismo diplomático, Tommy Pigott, afirmó que la cifra final de cancelaciones permanecerá dinámica mientras el proceso continúe activo. En efecto, la administración revisará las bases de datos en coordinación directa con otras agencias federales.

¿Cómo justifican las autoridades la nueva restricción migratoria?

Paralelamente, representantes de la administración señalan la necesidad de frenar el uso indebido de las autorizaciones de viaje de corta duración. En este sentido, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, rechazó el uso de permisos turísticos para eludir las vías regulares.

Además, las autoridades señalan que las solicitudes de protección presentadas tras el ingreso con visa representan una irregularidad administrativa. Por esta razón, el gobierno endureció las exigencias previa emisión de nuevos visados para los viajeros internacionales.

Efectivamente, en los últimos 18 meses, las autoridades cancelaron cerca de 175,000 permisos de entrada por diversos motivos procesales. Por ejemplo, las causas incluyeron condenas por manejar bajo la influencia del alcohol, delitos graves y faltas administrativas.

Motivo de anulación	Cantidad de casos	Periodo de ejecución
Cargos o condenas penales	175,000 personas	Últimos 18 meses
Solicitud de asilo posterior	Hasta 200,000 estimados	En fase de implementación
Turismo de maternidad	Sin cifra especificada	Controles continuos

¿Qué garantías del marco legal respaldan a los procesados?

A pesar de estos ajustes, el marco normativo establece que las personas con expedientes activos deben continuar su proceso ante la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR). Por lo tanto, los solicitantes conservan el derecho a defender su permanencia ante un juez federal.

Asimismo, quienes requieran asesoría sobre su situación pueden consultar a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). De hecho, diversas organizaciones ofrecen orientación gratuita sobre los derechos procesales que amparan a los extranjeros.

Finalmente, las personas que cuentan con un trámite pendiente gestionado ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) deben revisar el estado de su expediente. En conclusión, mantener la dirección actualizada resulta vital para recibir las notificaciones oficiales del gobierno.