Estudiantes y periodistas extranjeros se salvan de recorte de visas

El juez federal de distrito F. Dennis Saylor IV suspendió en Boston una normativa del DHS que pretendía limitar las visas F y J a un tope fijo de cuatro años y reducir las visas I de prensa a 240 días. El fallo atendió la demanda presentada por una coalición de sindicatos y organizaciones académicas, advirtiendo que la orden causaría un daño catastrófico a la economía estadounidense y a las universidades. La decisión judicial restablece temporalmente el sistema tradicional de duración de estatus (duration of status) mientras continúa el litigio en los tribunales.

¿Qué establecía el fallo sobre visas para estudiantes y periodistas?

El juez del Distrito de Massachusetts, F. Dennis Saylor IV, dictó una medida cautelar preliminar a favor de sindicatos docentes y entidades de educación superior. El magistrado no resolvió el fondo de la controversia constitucional, pero paralizó la ejecución de la política y convocó a las partes a una audiencia sustantiva para el 2 de octubre de 2026.

En su resolución judicial, Saylor defendió el esquema vigente durante casi cinco décadas que permite a los alumnos permanecer mientras dure su programa académico. El juez subrayó que este marco legal atrajo a decenas de millones de extranjeros que aportaron investigación de vanguardia en medicina, ciencia y tecnología, además de un fuerte desarrollo económico para el país.

El magistrado advirtió que el DHS no buscó optimizar los procesos de control, sino imponer una traba que restringiría sustancialmente el número total de investigadores, profesores y comunicadores. Durante el ciclo académico 2023-2024, Estados Unidos albergó a más de 1.1 millones de estudiantes internacionales en sus campus universitarios.

¿Por qué las nuevas reglas amenazaban a las universidades?

Bajo la regulación frenada, las visas F y J habrían quedado sujetas a un plazo improrrogable inicial de cuatro años. En la actualidad, cerca de 1.6 millones de personas poseen visa F y unas 500 000 cuentan con visa J en territorio estadounidense.

El cambio perjudicaba directamente a los estudiantes de posgrado y doctorado, cuyos programas de investigación demandan habitualmente entre cinco y siete años de dedicación continua. Asimismo, las directrices ministeriales prohibían cursar un segundo título del mismo nivel, cambiarse de carrera académica o solicitar transferencias hacia otros centros universitarios.

Saylor destacó que instituciones líderes como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard habrían sufrido pérdidas económicas multimillonarias y desplomes de matrícula. «El daño al sistema de educación superior y a la economía de Estados Unidos sería probablemente catastrófico», afirmó el juez en su escrito oficial.

¿Cómo afectaban las restricciones a la prensa internacional?

Para los corresponsales extranjeros con visa I, la disposición administrativa reducía drásticamente su permanencia a 240 días, equivalentes a ocho meses de residencia legal. Los periodistas procedentes de China enfrentaban un condicionamiento mayor, con permisos de estancia acotados a únicamente 90 días por periodo.

El elemento más cuestionado por el tribunal fue la discrecionalidad absoluta y la falta total de mecanismos de apelación judicial ante una negativa de prórroga. El magistrado advirtió sobre el peligro de que funcionarios del gobierno congelaran acreditaciones para censurar coberturas informativas independientes.

«Un funcionario del DHS —basado en criterios limitados y vagos, y sin posibilidad de apelación— tendría el poder de interrumpir las actividades de cualquier ciudadano no estadounidense«, enfatizó Saylor. El juez calificó los argumentos de seguridad nacional esgrimidos por el Ejecutivo como rayanos en lo absurdo y carentes de sustento fáctico verificable.

• Pérdida de recursos legales ante denegaciones arbitrarias de extensión de estancia
• Riesgo de represalias administrativas contra reporteros críticos de la política oficial
• Interrupción forzada de coberturas periodísticas de largo plazo en Washington y Nueva York
• Exigencia de trámites burocráticos continuos cada pocos meses para renovar permisos

¿Qué respondieron el DHS y las organizaciones demandantes?

Miriam Feldblum, directora ejecutiva de Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration, celebró la medida cautelar que mantiene intacto el acceso al talento global. «Esta medida preserva el sistema de larga data que permite a nuestros colegios y universidades atraer, educar y retener talento», aseguró la portavoz de los demandantes.

Por su parte, el asesor general del DHS, James Percival, criticó con dureza el pronunciamiento del tribunal federal de Boston. El funcionario argumentó que la orden judicial obliga a las agencias fronterizas a tolerar irregularidades sistemáticas en los visados educativos.

«Vení con una visa de estudiante, tomá una materia por semestre y quedate aquí por décadas», replicó Percival al defender la necesidad del tope temporal. A pesar de los señalamientos del Ejecutivo, la dependencia federal no confirmó de forma inmediata si interpondrá un recurso de apelación de emergencia.

¿Qué deben saber los titulares de visados en las próximas semanas?

Los estudiantes extranjeros, académicos visitantes y corresponsales internacionales deben conservar copias físicas actualizadas de sus formularios I-20 o DS-2019. Mientras la suspensión temporal dictada en Massachusetts permanezca en vigor, las oficinas universitarias de estudiantes internacionales continuarán operando bajo las normativas clásicas.

Sin embargo, los asesores legales sugieren evitar salidas innecesarias del territorio nacional hasta que el tribunal defina el litigio en la audiencia del 2 de octubre de 2026. Las instituciones de educación superior recomiendan a la comunidad académica mantenerse informada a través de los canales institucionales de sus respectivas facultades ante cualquier apelación del gobierno federal.

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