ALERTA: Corte Suprema decidirá si Trump puede detener indefinidamente a inmigrantes

La Corte Suprema de Estados Unidos anunció este jueves 1 de octubre que evaluará si los inmigrantes sujetos a deportación pueden permanecer detenidos de forma indefinida. La pregunta central es si eso puede ocurrir mientras se resuelven sus casos. El fallo final podría respaldar un aspecto clave de la política migratoria de mano dura del presidente Donald Trump. O bien, podría ponerle fin. El caso se conoce como Rhoney contra Barbosa da Cunha. Fue uno de tres que la corte aceptó antes de retomar actividades el lunes, al inicio de un nuevo periodo de nueve meses. Se espera que los fallos en los tres casos se den a conocer a más tardar a finales de junio de 2027. El punto central es si los inmigrantes en proceso de deportación deben tener la oportunidad de argumentar su liberación. Esto ocurriría en una audiencia de fianza, mientras avanza su caso.

El caso del brasileño detenido tras un control de tránsito

Los jueces escucharán una apelación del gobierno de Trump. El caso involucra a Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, un hombre originario de Brasil que entró a Estados Unidos sin documentos en 2005.

Fue detenido tras un control de tránsito en Norwood, Massachusetts, en septiembre de 2025. Barbosa da Cunha impugnó su detención ante un tribunal federal.

Un juez ordenó una audiencia de fianza. Después determinó que el hombre podía ser liberado mientras continuaba el proceso de expulsión. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, confirmó esa decisión.

Al menos nueve cortes federales de apelaciones ya se han pronunciado en contra de esta política del gobierno. Así lo señaló la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Esa división entre tribunales llevó a la Corte Suprema a intervenir en el caso.

Qué dice la ley federal sobre la detención migratoria

Desde el verano de 2025, la administración Trump ha intentado aplicar una interpretación amplia de la ley de inmigración de 1996. Según esa lectura, cualquier persona que haya entrado sin inspección oficial debe permanecer detenida. No tendría derecho a una audiencia de fianza, sin importar cuánto tiempo lleve en el país.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió esa guía en julio de 2025. Hasta entonces, la ley se aplicaba principalmente a personas detenidas cerca de la frontera. No se aplicaba a quienes ya llevaban años viviendo en el país.

El fiscal general adjunto, D. John Sauer, calificó el caso como una “cuestión de suma importancia en materia de ley de inmigración”. Lo hizo en documentos judiciales. Sauer argumentó que la política elimina un “incentivo perverso”: quienes evaden la detención al ingresar reciben un trato más favorable que los detenidos en la frontera.

Este caso no contempla a inmigrantes condenados por ciertos delitos. Bajo una disposición federal separada, conocida como la Ley Laken Riley, esas personas ya pueden permanecer detenidas hasta su deportación. Demandas distintas también cuestionan si ellos deberían tener derecho a una audiencia de fianza.

Lo que argumentan la ACLU y los defensores de los detenidos

Los demandantes, encabezados por la ACLU, sostienen que la política representa una “reinterpretación radical” de la ley migratoria. A ellos se sumaron la Unión por las Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU) y un despacho legal privado.

Los abogados señalaron que algunas personas detenidas bajo esta política llegaron a Estados Unidos siendo niños pequeños. También afirmaron que quienes impugnan su detención no representan un riesgo de fuga. Tampoco representan un peligro para el público.

Miles de personas ya han sido detenidas bajo esta política. Podría extenderse a millones de inmigrantes si la Corte Suprema la respalda.

“El gobierno no puede torcer la ley para detener a inmigrantes durante meses o incluso años sin una audiencia de fianza”, señaló la ACLU en un comunicado. Mientras se espera la audiencia oral y el fallo final, los abogados de inmigración recomiendan actuar pronto. Las personas detenidas o con casos de deportación pendientes deben consultar su situación con un representante legal cuanto antes.

La decisión de la Corte Suprema podría cambiar las reglas de detención para miles de familias en todo el país.