Cancelación del TPS: ¿qué deben hacer los hondureños ahora?

El Gobierno de Honduras confirmó la terminación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 55 000 connacionales en Estados Unidos. La medida impacta de forma directa a quienes dependían exclusivamente de este beneficio humanitario para residir y trabajar legalmente en territorio estadounidense.

La canciller hondureña, Mireya Agüero, aclaró que la finalización del estatus no implica una orden de expulsión automática e inmediata para todos. Las familias deben evaluar con urgencia sus opciones jurídicas para determinar qué caminos de regularización o retorno seguro tienen a su alcance.

¿Qué significa el fin del TPS para la comunidad hondureña?

El programa humanitario otorgaba permisos de trabajo renovables y protección frente a la deportación tras los estragos del huracán Mitch en 1999. Tras la cancelación ratificada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), los beneficiarios pierden el escudo migratorio temporal otorgado por la ley federal. Quienes no cuenten con otra base legal activa quedan sujetos a procedimientos migratorios y a la revocación de sus licencias laborales.

La Cancillería hondureña explicó en una nota informativa de Infobae que la situación responde a decisiones adoptadas por administraciones estadounidenses desde 2018. Por ello, las autoridades consulares insisten en que cada caso debe revisarse individualmente para analizar el tiempo de estancia y arraigo familiar.

Muchos hondureños acumulan más de 25 años continuos en Estados Unidos, con propiedades comerciales, viviendas propias e hijos nacidos en el país. Esta estabilidad histórica abre la puerta a diversas alternativas legales que permiten frenar la deportación o ajustar el estatus migratorio.

¿Cuáles son las vías legales de ajuste disponibles?

Los beneficiarios que tienen cónyuges o hijos ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años pueden solicitar una petición familiar directa mediante una green card. Aquellos que ingresaron originalmente al país con una entrada inspeccionada o un permiso previo de viaje pueden tramitar el ajuste de estatus. Asimismo, quienes tengan más de 10 años continuos en territorio estadounidense y enfrenten una orden judicial pueden solicitar la cancelación de remoción.

Esta figura legal requiere demostrar ante un juez de inmigración que la deportación causaría un sufrimiento excepcional a familiares ciudadanos o residentes. Otras personas pueden calificar para visas humanitarias si fueron víctimas de delitos graves en suelo estadounidense o cooperaron con la policía. Consultar a un abogado de inmigración acreditado permite identificar errores en el expediente antes de que se inicien trámites judiciales en corte.

¿Qué medidas de apoyo prepara el Gobierno de Honduras?

Ante este complejo escenario, Honduras solicitó formalmente a Estados Unidos acordar un periodo de transición ordenado para las familias trabajadoras. La propuesta busca extender las autorizaciones laborales vigentes y facilitar el acceso a visas de trabajo temporal en sectores esenciales. A nivel nacional, el Consejo Nacional de Protección al Hondureño Migrante (CONAPROHM) coordina un plan de contingencia con 20 instituciones públicas.

La red consular hondureña en Estados Unidos brindará asesoría sobre la protección de bienes, cuentas bancarias y pensiones acumuladas por décadas. El Congreso hondureño reformó la Ley de Facilitación del Retorno para permitir el ingreso libre de impuestos del equipaje y bienes adquiridos. El objetivo de estas iniciativas es amortiguar el impacto social y económico que supondría un retorno no planificado hacia las comunidades de origen.

¿Por qué es fundamental evitar el fraude migratorio?

En momentos de gran incertidumbre política, surgen estafadores y notarios sin licencia que prometen documentos falsos a cambio de miles de dólares. Las familias deben desconfiar de personas que aseguren reabrir el TPS de forma mágica o tramitar permisos de trabajo sin respaldo legal.

Todo trámite migratorio debe realizarse únicamente con profesionales autorizados por el Departamento de Justicia o abogados colegiados en Estados Unidos. Mantener copias certificadas de declaraciones de impuestos, actas de nacimiento y pagos al seguro social protegerá el historial de cada hogar.

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