La policía local podrá actuar como agentes de deportación de ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está ampliando sus acuerdos con la policía estatal de Indiana, Oklahoma y Wyoming. Según un informe del 14 de agosto de FreightWaves, estos convenios autorizan a los agentes a participar en operaciones migratorias federales.

Los acuerdos se establecieron bajo el Modelo de Grupo de Trabajo del programa 287(g) de ICE. Una vez capacitados y acreditados, los agentes estatales pueden interrogar a personas sobre su estatus migratorio durante controles de tráfico e inspecciones vehiculares.

En Wyoming, 17 agentes de la Patrulla de Carreteras ya recibieron credenciales para el control migratorio. El portavoz Aaron Brown reconoció que una persona sin autorización legal puede ser detenida y transferida a custodia de ICE durante una parada rutinaria.

Qué es el programa 287(g) y cómo funciona

La Sección 287(g) proviene de una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996, firmada por el presidente Bill Clinton. Esta norma autoriza al gobierno federal a delegar funciones migratorias a agencias policiales estatales y locales.

Actualmente existen tres modalidades del acuerdo. El Modelo de Control Penitenciario permite interrogar a presos sobre su estatus migratorio. En tanto, el Modelo de Oficial de Ejecución de Órdenes autoriza a funcionarios penitenciarios a ejecutar órdenes administrativas de inmigración.

El Modelo de Grupo de Trabajo, el de mayor alcance, permite a policías y agentes estatales realizar funciones migratorias durante sus operaciones habituales. La administración Obama lo suspendió en 2012 tras denuncias de discriminación racial, pero Trump lo reactivó en 2025.

El alcance nacional del programa según cifras oficiales

Según ICE, el programa 287(g) se extiende actualmente por 39 estados y dos territorios. Más de 2,000 agencias estatales y locales han firmado acuerdos con el gobierno federal hasta la fecha más reciente disponible.

Un análisis de FWD.us reveló que, para el 10 de julio, más de 1,400 agencias participaban únicamente en el Modelo de Grupo de Trabajo. Esto sitúa aproximadamente a una cuarta parte de la población estadounidense bajo jurisdicción de una agencia participante.

Ya en febrero, antes de la última oleada de acuerdos, al menos 77.2 millones de personas vivían en un condado con una agencia sumada al programa. Ese dato proviene de un análisis de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

Oklahoma como caso de referencia nacional

Oklahoma se ha convertido en un modelo de referencia para esta integración policial. En junio de 2025, la emisora KOSU reportó que 14 de los 17 acuerdos activos del estado se habían establecido desde finales de febrero de ese año.

El estado llegó a tener cinco agencias estatales participando simultáneamente en el programa. En cuestión de meses, cerca de 750 agentes estatales fueron autorizados para participar en labores de aplicación de leyes migratorias.

Durante una operación de 30 horas en el oeste de Oklahoma, los agentes reportaron el arresto de 91 conductores comerciales inmigrantes. Otra operación en el este del estado resultó en 73 detenciones, incluidos 34 camioneros.

El financiamiento federal detrás de la expansión

Hasta marzo, las agencias policiales de Oklahoma tenían contratos con ICE por al menos 47 millones de dólares, el segundo monto más alto del país después de Florida. Al menos 30 agencias estatales firmaron acuerdos 287(g).

A nivel nacional, FWD.us estima que entre 1,400 y 2,000 millones de dólares podrían llegar a agencias participantes durante 2026. Los fondos cubren salarios, equipo, capacitación y pagos vinculados a arrestos de inmigrantes.

Lance Schroyer, nominado para dirigir ICE, fue clave en el desarrollo del programa en Oklahoma. Trabajó casi tres décadas en la Patrulla de Carreteras estatal antes de asesorar al Departamento de Seguridad Nacional en temas migratorios.

Antecedentes bipartidistas y críticas persistentes

Trump amplió el programa durante su primer mandato, pasando de 34 agencias participantes al final de la administración Obama a más de 140. Biden prometió revertir esos acuerdos, pero su gobierno mantuvo casi todos vigentes.

Un informe de la ACLU de 2022, titulado «Licencia para el Abuso», encontró que 65% de las agencias participantes tenían antecedentes de discriminación racial u otras violaciones de derechos civiles documentadas previamente.

La organización ha pedido que los estados y ciudades se retiren del programa, argumentando que la policía local debe enfocarse en servir a sus comunidades. Defensores del esquema, en cambio, sostienen que fortalece la seguridad pública y nacional.

Legisladores y organizaciones de derechos civiles en varios estados han solicitado auditorías independientes sobre el desempeño de las agencias participantes. Buscan determinar si existen patrones de discriminación por apariencia, idioma o acento durante las detenciones.

Por su parte, funcionarios estatales que respaldan el programa argumentan que la colaboración con ICE responde a necesidades de seguridad fronteriza y control del tráfico de sustancias ilegales en corredores comerciales clave.

Para las comunidades hispanas, el crecimiento de estos acuerdos implica que un simple control de tráfico o una inspección vehicular podría derivar en contacto directo con autoridades migratorias federales.

Especialistas en derecho migratorio recomiendan a las familias inmigrantes conocer sus derechos constitucionales básicos. Esto incluye el derecho a guardar silencio y a no consentir registros sin una orden judicial válida durante cualquier interacción policial.