¿Puede ICE rastrear tu dirección vía cuenta bancaria o cámaras?

En los últimos meses, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pisó el acelerador de los arrestos migratorios. Julio de 2026 registró unas 51,000 detenciones, la cifra mensual más alta en la historia de esta administración. En ese contexto surgen dudas legítimas sobre cómo los agentes federales obtienen la información personal de sus objetivos.

Uno de los puntos clave es cómo los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rastrean los domicilios de las personas señaladas en sus operativos. Una investigación de 404 Media trazó el mapa de ese flujo de datos revisando registros de adquisiciones gubernamentales y documentos internos de las empresas proveedoras.

El informe destaca que ICE estaría comprando información a empresas privadas, incluidas entidades bancarias, con el argumento de hacer cumplir las leyes de inmigración.

Lo que responde el DHS

N+ Univision preguntó directamente al DHS bajo qué circunstancias acuden a bases de datos de empresas privadas como los bancos. La agencia reconoció tener contratos para compartir información, aunque no precisó si obtienen así datos personales de sus objetivos.

«ICE emplea diversas formas de tecnología para investigar actividades delictivas y apoyar las labores de aplicación de la ley, al tiempo que respeta las libertades civiles y los derechos relacionados con la privacidad«, indicó el DHS en un comunicado.

La agencia agregó que todos sus contratos cumplen con las Regulaciones Federales de Adquisiciones. Aseguró también que sus proveedores pasan por «un proceso riguroso de evaluación y verificación de elegibilidad» antes de firmar cualquier acuerdo.

«ICE no tiene un cheque en blanco»

El abogado migratorio Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, explicó los límites legales de esta práctica. «ICE no tiene un cheque en blanco para pedir cualquier información de cualquier persona simplemente alegando seguridad nacional», aseguró.

Según Quiroga, una de las herramientas más usadas es el subpoena o citación administrativa. Es un requerimiento legal que exige a una persona o empresa entregar documentos o registros específicos. La Ley de Inmigración y Nacionalidad le da esa facultad a los funcionarios cuando la información resulta relevante para el cumplimiento migratorio.

«Si la empresa se niega a cumplir, la agencia puede acudir a un tribunal federal para buscar una orden que obligue a entregar esa información», detalló el abogado. Aclaró que un subpoena de ICE no equivale a una orden de registro emitida por un juez, por lo que las empresas conservan margen para cuestionar solicitudes demasiado amplias.

Una práctica que ya ocurre

Quiroga confirmó que este mecanismo se aplica activamente. «ICE sí tiene mecanismos legales para solicitar información financiera y sabemos, por documentos oficiales del propio DHS, que estos mecanismos se utilizan en la práctica», explicó.

El abogado advirtió sobre el alcance de esta dinámica. «La información que una persona entrega a una empresa privada puede terminar siendo utilizada en una investigación migratoria si ICE obtiene legalmente acceso a esos registros», señaló.

El senador demócrata Ron Wyden se pronunció sobre este tipo de acceso a domicilios vía datos bancarios. «Nadie que solicita una tarjeta de crédito piensa que está autorizando a los intermediarios de datos a vender su información personal al ICE. No solo es una flagrante violación de nuestra privacidad, sino que además es imposible que los estadounidenses puedan optar por no participar», declaró Wyden.

Las cámaras Flock y el debate por las placas

Otra polémica reciente gira en torno al acceso del DHS a bases de datos de cámaras lectoras de placas. La empresa Flock Safety, que fabrica lectores automáticos con inteligencia artificial, tiene más de 40,000 dispositivos instalados en más de 5,000 comunidades del país. Según la ACLU, la cifra actual de cámaras Flock ronda las 120,000 unidades a nivel nacional.

Flock sostiene que no comparte datos con agencias federales por defecto y que las comunidades deciden qué hacer con su información. La compañía asegura que retiró a las agencias federales de su red nacional de búsquedas en agosto de 2025.

Consultado por N+Univision, el DHS fue tajante: «El DHS NO mantiene un contrato con Flock Safety. El DHS trabaja con numerosos contratistas privados para cumplir su misión de proteger a los ciudadanos estadounidenses».

El acceso indirecto que preocupa a expertos

Pese a la negativa formal, varias investigaciones periodísticas documentaron un patrón distinto. Reportes de 404 Media identificaron más de 4,000 búsquedas en cámaras Flock realizadas por policías locales a solicitud de ICE, según registros públicos de un departamento en Illinois. Las etiquetas de esas búsquedas incluían términos como «ICE» e «ICE WARRANT».

El mecanismo funciona así: ICE no tiene contrato directo con Flock, pero puede pedirle a un departamento policial local o estatal que haga la búsqueda por ellos. Esa agencia local sí tiene acceso legítimo al sistema y comparte después los resultados con los agentes federales.

Quiroga explicó los límites de esta práctica. «La autoridad de ICE para obtener documentos y registros es amplia, pero no significa automáticamente que pueda apropiarse de cualquier base de datos de reconocimiento facial», indicó. Añadió que hay que analizar quién controla la información, qué ley la regula y qué tan específica es cada solicitud.

Un debate que va más allá de la inmigración

Para el abogado, la tecnología amplió el alcance del debate migratorio. «Ya no es solamente sobre quién tiene acceso a los archivos de inmigración. También es sobre quién tiene acceso a nuestros datos cotidianos: dónde conducimos, dónde compramos, qué servicios utilizamos», advirtió.

Quiroga recordó que no existe una protección general que impida a ICE usar datos personales para hacer cumplir leyes migratorias. Aunque ciertas leyes protegen tipos específicos de información y regulan cómo el gobierno puede obtenerla, esas protecciones tienen límites claros.

El aumento sostenido de arrestos —de un promedio de 1,300 detenciones diarias en junio a más de 1,600 en julio, según cifras del propio DHS— sugiere que la presión por identificar domicilios seguirá creciendo. Para millones de familias hispanas en el país, entender estos mecanismos legales se ha vuelto tan urgente como conocer sus propios derechos migratorios.