Green card en riesgo: Trump reactiva la carga pública

La Administración de Donald Trump reactivó la regla de “carga pública”, una política que puede poner en riesgo la green card de miles de inmigrantes que usan ciertos beneficios públicos en Estados Unidos. La norma apareció este jueves en el Registro Federal y se publicará formalmente el 20 de julio, con entrada en vigor el 18 de septiembre. Con esta medida, el gobierno busca volver a evaluar más estrictamente si un solicitante de residencia permanente puede considerarse una “carga pública” para el país.

Según esta política, quienes solicitan la residencia permanente deben demostrar que no serán una carga para el país ni constituirán una “carga pública”. En la práctica, esto significa que el uso de programas como cupones de alimentos (SNAP), Medicaid, vales de vivienda y otros beneficios podría pesar en contra de su caso migratorio. La regla ya se había aplicado en febrero de 2020 durante el primer mandato de Trump y luego fue anulada por la Administración de Joe Biden, pero ahora se revive en un contexto de mano dura contra la inmigración legal e ilegal.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) afirmó en su cuenta de X que el gobierno federal “está reafirmando el requisito de autosuficiencia, protegiendo los recursos públicos y poniendo fin a las políticas que fomentaban la dependencia a costa de los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente”. En la misma publicación, USCIS señaló que, “bajo el mandato del presidente Trump, el USCIS está restableciendo el principio básico de que los inmigrantes deben poder mantenerse por sí mismos”. Esta visión refuerza una línea histórica en la ley migratoria, pero con criterios más amplios y estrictos que antes.

¿Qué es exactamente la regla de “carga pública”?

En la ley migratoria de Estados Unidos, la “carga pública” es un motivo de inadmisibilidad. En términos simples, un inmigrante es considerado carga pública si es probable que dependa principalmente de ciertos beneficios públicos para su subsistencia. La ley federal ya exigía que quienes solicitan residencia permanente o ciertos estatus legales demuestren que no se convertirán en una carga pública. Sin embargo, la versión impulsada por Trump amplía el número y tipo de programas que pueden descalificar a un solicitante.

El reglamento de 2019 de DHS definió “carga pública” como la persona que recibe uno o más beneficios públicos designados por más de 12 meses en cualquier periodo de 36 meses. Esos beneficios incluyen efectivo para mantenimiento de ingresos (SSI, TANF), cupones de alimentos (SNAP), la mayoría de formas de Medicaid y ciertos programas de vivienda. Aunque esta definición técnica se mantiene como referencia, la nueva regla propuesta y ahora reactivada busca ampliar aún más el alcance, incluyendo beneficios estatales y locales.

No todos los inmigrantes quedan sujetos a este análisis. Programas humanitarios como refugio, asilo, visas T y U, menores especiales inmigrantes y víctimas de violencia doméstica han sido tradicionalmente excluidos de la regla. Sin embargo, muchos solicitantes de green card por vías familiares o laborales sí pueden verse afectados, especialmente en familias de estatus mixto que combinan miembros ciudadanos y no ciudadanos.

¿Qué beneficios pueden poner en riesgo la green card?

La versión de Trump de la regla incorpora una gama más amplia de programas que podrían descalificar a los solicitantes de residencia permanente. Entre ellos se encuentran:

• Cupones de alimentos (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, SNAP).
• La mayoría de las coberturas de Medicaid, salvo excepciones específicas.
• Vales de vivienda y otros programas de apoyo habitacional.
• Beneficios en efectivo para mantenimiento de ingresos, como SSI y TANF.

Además, la propuesta de 2025–2026 abre la puerta a considerar también beneficios financiados por los estados, no solo por el gobierno federal. NPR informó que el DHS busca “revocar la versión de la política de carga pública establecida durante la presidencia de Biden y ampliar la gama de beneficios que los funcionarios migratorios pueden considerar, abarcando cualquier servicio social o de salud utilizado por las personas”. Esto significa que ayudas locales para vivienda, salud o alimentación podrían entrar en el análisis.

Otro cambio importante es que la regla podría eliminar el mensaje histórico de que el uso de beneficios por familiares ciudadanos no cuenta en contra del inmigrante. Organizaciones especializadas advierten que la versión actual daría a los oficiales más discreción para evaluar el uso de beneficios por parte de todo el hogar. Esto aumenta la incertidumbre para familias de estatus mixto que tienen hijos ciudadanos que reciben ayuda legítima.

¿Quiénes pueden verse afectados y quiénes están exentos?

En primer lugar, la regla afecta principalmente a quienes solicitan:

• Ajuste de estatus para obtener la green card dentro de Estados Unidos.
• Visas de inmigrante en el extranjero, evaluadas por el Departamento de Estado.
• Algunas extensiones o cambios de estatus de no inmigrante, cuando han recibido ciertos beneficios por encima de umbrales definidos.

Refugiados, asilados y otros beneficiarios humanitarios han estado tradicionalmente exentos del análisis de carga pública. La reglamentación de 2019 de DHS excluyó expresamente a refugiados, asilados, menores inmigrantes especiales, víctimas de trata y violencia doméstica, entre otros. Hasta marzo de 2026, el análisis se seguía aplicando bajo la regla más limitada de 2022, pero con la publicación de la nueva norma en el Registro Federal, el marco cambiará nuevamente una vez que entre en vigor.

Las familias de estatus mixto, donde uno o más hijos son ciudadanos estadounidenses que reciben beneficios como Medicaid o SNAP, enfrentan un escenario complejo. ONG y expertos advierten que el miedo a ser considerados “carga pública” ya ha llevado a muchas familias a renunciar a beneficios a los que tienen derecho, incluso cuando el beneficiario principal es ciudadano. Esto puede afectar la salud, la nutrición y la estabilidad financiera de comunidades migrantes y latinas en todo el país.

¿Por qué la regla genera tanta polémica?

El Gobierno promovió por primera vez esta versión amplia de la regla en 2018 como una forma de “garantizar que solo llegaran a EE.UU. quienes fueran autosuficientes”. Defensores de los derechos de los inmigrantes la criticaron porque, en su opinión, equivalía a una “prueba de riqueza”. Es decir, favorece a solicitantes con mayores recursos y penaliza a quienes, aun trabajando, necesitan apoyo temporal para salud, vivienda o alimentación.

Expertos en salud pública advirtieron que la política puede conducir a peores resultados de salud. El temor a que el uso de Medicaid u otros servicios provoque la negación de la green card lleva a muchos inmigrantes a evitar consultas médicas, vacunas o atención preventiva. Durante la pandemia y otras emergencias sanitarias se observó que la confusión sobre la regla afectó el acceso a servicios críticos.

Organizaciones no gubernamentales señalaron que la política genera “confusión y temor” y provoca que muchos inmigrantes y sus familiares nacidos en Estados Unidos decidan no solicitar los beneficios y servicios a los que tienen derecho. Abogados migratorios recuerdan que la evaluación de carga pública es discrecional y considera múltiples factores: edad, salud, ingresos, educación, historial laboral y la declaración jurada de manutención del patrocinador. Sin embargo, la ampliación del catálogo de beneficios hace que el análisis sea más incierto y difícil de anticipar para las familias.

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