EE.UU. lanza campaña para desmantelar la Corte Penal Internacional

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este lunes 13 de julio de 2026 el lanzamiento de una campaña diplomática para desmantelar la Corte Penal Internacional. El estamento central del sistema de justicia mundial enfrenta presión estadounidense para que los aliados de Washington abandonen el organismo. Rubio acusa a la CPI de inmiscuirse en asuntos estadounidenses y amenazar la soberanía nacional del país norteamericano. La nueva campaña refleja la postura agresiva de la Administración de Trump hacia instituciones judiciales internacionales.

La CPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense porque se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos. Rubio también acusó a la entidad de librar una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza de lo que llaman el derecho internacional. Estados Unidos no es firmante del Estatuto de Roma, que creó la CPI en 1998 como tribunal permanente para juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad.

La Administración de Donald Trump ha sancionado anteriormente a altos funcionarios de la Corte por investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por personal estadounidense en Afganistán. También ha actuado contra funcionarios israelíes, aliado clave de Washington en Medio Oriente. El secretario de Estado denunció en un comunicado que la CPI busca convertirse en un árbitro global sin rendición de cuentas. En una columna de opinión publicada este mismo lunes en el diario The Wall Street Journal, dijo que con la ayuda de sus aliados, Estados Unidos desmantelará la CPI, ladrillo a ladrillo, si es necesario.

¿Qué medidas específicas incluye la campaña estadounidense?

La nueva campaña del Departamento de Estado plantea prohibir la entrada a Estados Unidos al personal de la CPI y aumentar las sanciones contra sus miembros y las organizaciones afiliadas. También incluye intensificar la presión sobre los aliados de Washington, especialmente aquellos que disfrutan de los beneficios del paraguas de seguridad de Estados Unidos, para que rechacen abiertamente las iniciativas de la CPI. Estas medidas buscan aislar diplomáticamente a la Corte y reducir su legitimidad internacional progresivamente.

La Administración de Trump llamará a embajadores y altos cargos de naciones extranjeras para destacar los abusos de la CPI e instarles a retirarse del organismo. Habrá además por parte de Washington un mayor escrutinio de las naciones que se niegan a rechazar la supuesta autoridad de la CPI mientras dependen de la asistencia de Estados Unidos. Esta presión combina incentivos económicos con amenazas de reducir apoyo militar y financiero a países que mantengan su membresía.

El enfoque de Rubio sigue la estrategia de “máxima presión” característica de la política exterior trumpista. La campaña busca demostrar que las instituciones multilaterales no pueden desafiar los intereses estadounidenses impunemente. Los críticos argumentan que esto debilita el sistema de justicia internacional establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Los defensores sostienen que protege la soberanía nacional contra tribunales no electos y sin supervisión democrática adecuada.

¿Por qué Estados Unidos se opone a la CPI?

Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma que estableció la Corte Penal Internacional como tribunal permanente. Los sucesivos gobiernos estadounidenses han argumentado que la CPI podría juzgar injustamente a soldados y funcionarios estadounidenses desplegados globalmente. La objeción principal es que la Corte podría procesar ciudadanos de países no firmantes sin su consentimiento explícito. Esto violaría principios fundamentales de soberanía nacional según la interpretación jurídica estadounidense.

La oposición se intensificó cuando la CPI investigó presuntos crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán. La Administración Trump respondió con sanciones económicas contra funcionarios de la Corte incluyendo congelamiento de activos. También prohibió la entrada a Estados Unidos de jueces y fiscales involucrados en estas investigaciones. La Administración Biden mantuvo estas sanciones aunque con menor retórica confrontacional hacia la institución internacional.

El apoyo incondicional a Israel también influye en la postura estadounidense hacia la CPI. La Corte investiga acciones israelíes en territorios palestinos que podrían constituir crímenes de guerra. Estados Unidos considera estas investigaciones sesgadas y políticamente motivadas contra su aliado estratégico. La campaña actual busca proteger tanto a personal estadounidense como a funcionarios israelíes de potenciales procesos judiciales internacionales.

¿Cómo responden los aliados de Estados Unidos?

Los aliados europeos de Estados Unidos enfrentan presión contradictoria entre mantener relaciones transatlánticas y apoyar la justicia internacional. Países como Reino Unido, Alemania y Francia son miembros fundadores de la CPI pero dependen de la protección militar estadounidense. La solicitud de Rubio de retirarse del organismo pone en conflicto estos compromisos estratégicos divergentes. Las capitales europeas buscan equilibrar su apoyo a la CPI con la necesidad de mantener alianzas de seguridad vitales.

Las naciones que reciben asistencia militar y económica estadounidense son particularmente vulnerables a esta presión diplomática. Países de Europa del Este, Medio Oriente y Asia Pacífico dependen significativamente del paraguas de seguridad estadounidense. Retirarse de la CPI podría interpretarse como abandono de principios de derechos humanos y justicia internacional. Sin embargo, mantener la membresía podría resultar en reducción de apoyo estadounidense en momentos de inestabilidad regional.

Los defensores de la CPI argumentan que el sistema de justicia internacional protege a víctimas de crímenes atroces cuando sistemas nacionales fallan. La Corte ha juzgado casos en África, Europa del Este y Medio Oriente con resultados mixtos. Los críticos señalan que la CPI se ha enfocado desproporcionadamente en líderes africanos mientras ignora abusos de potencias mundiales. Esta percepción selectiva ha debilitado la legitimidad de la Corte en algunas regiones del mundo.

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