Multa de $18,000 del ICE: ¿Quiénes tendrían que pagarla?

El ICE propuso una multa migratoria de hasta 18 000 dólares para personas con orden de expulsión en ausencia. La medida apunta a quienes no salieron del país y luego fueron detenidos por autoridades migratorias.

El cambio todavía no es final. DHS abrió un periodo de comentarios públicos, pero el plazo vence el 22 de junio de 2026 a las 23:59 EST. La propuesta ya genera alarma entre migrantes y defensores legales.

¿A quiénes afectaría la multa?

La sanción se dirige a personas que recibieron una orden de expulsión en ausencia. Es decir, aquellas que no comparecieron o no cumplieron con una orden final de salida. Luego, si son detenidas por ICE, quedarían expuestas a la multa.

Según la propuesta publicada en el Registro Federal, el gobierno quiere subir el costo actual de 5 130 a 18 000 dólares. El argumento oficial es que el monto vigente ya no cubre los costos de identificación, detención, procesamiento y expulsión.

La medida también busca desincentivar lo que DHS considera evasión de la orden final de remoción. En su planteamiento, quienes ignoran esa orden elevan riesgos para el personal de campo y para el público.

El aviso oficial también aclara que el dinero recaudado se dividiría en 2 partes. Una iría a la cuenta de detención y remoción del ICE. La otra se enviaría al Fondo General del Tesoro de EE.UU.

¿Qué significa una orden en ausencia?

Una orden de expulsión en ausencia ocurre cuando una persona no se presenta a su cita o audiencia migratoria. También puede surgir si la corte la emite tras un proceso que avanzó sin su presencia.

Ese tipo de orden es muy delicada. Una vez activa, puede complicar cualquier intento de regularizar el caso. Además, puede activar consecuencias económicas y administrativas más duras.

La propuesta de ICE contempla excepciones limitadas. La principal ocurre cuando la orden es anulada mediante una moción de reapertura exitosa. Para eso, la persona debe demostrar circunstancias excepcionales.

Entre esas circunstancias figuran problemas graves de salud o falta de notificación adecuada. En otras palabras, el gobierno solo admitiría alivio en casos muy específicos y comprobables.

El Registro Federal y el portal Regulations.gov concentran este proceso normativo. DHS indicó que los comentarios deben enviarse en inglés o con traducción. La fecha límite ya está marcada y no habrá prórroga anunciada.

¿Por qué sube ahora el monto?

El gobierno sostiene que el aumento responde al crecimiento de estas órdenes en los últimos años. Entre 2022 y 2025, el número de órdenes en ausencia subió con fuerza. La agencia lo usa como base para justificar una estructura de cobro más agresiva.

Según la información oficial citada en la propuesta, las órdenes pasaron de 62 510 en 2022 a 222 920 en 2024. En 2025, el total habría llegado a 309 700. Ese salto explica el interés del gobierno en endurecer la herramienta económica.

DHS también afirma que el ajuste se actualizará cada año. El cálculo seguirá el Índice de Precios al Consumidor para consumidores urbanos, conocido como CPI-U. Eso significa que la multa podría crecer con el tiempo.

La lógica oficial es financiera y disuasiva. ICE dice que la tarifa actual es insuficiente para cubrir gastos operativos. También insiste en que el nuevo monto ayudaría a sostener más acciones de cumplimiento.

Sin embargo, la medida puede golpear de forma desproporcionada a familias con recursos limitados. Para muchos migrantes, pagar 18 000 dólares sería imposible. Ese costo podría empujar a algunos a esconderse más, en vez de resolver su situación.

¿Qué pueden hacer quienes estén en riesgo?

Lo primero es revisar si existe una orden migratoria activa. También conviene verificar si hubo notificaciones correctas en el expediente. Un error de dirección o de aviso puede cambiar mucho el análisis del caso.

Si hay una orden en ausencia, la persona debe buscar asesoría legal de inmediato. La posible moción de reapertura no es automática. Requiere pruebas y una justificación sólida ante la corte correspondiente.

Quienes quieran opinar sobre la propuesta todavía pueden hacerlo dentro del plazo oficial. El procedimiento requiere hacerlo por el canal electrónico autorizado. Según el aviso, no se aceptarán cartas, correos electrónicos ni envíos físicos.

Para la comunidad latina en EE.UU., esta medida es especialmente sensible. Muchas familias viven con miedo a una notificación migratoria mal entendida. Por eso, conocer el estado del expediente es clave antes de asumir riesgos.

La propuesta no significa que la multa ya se esté cobrando. Pero sí anticipa una política más dura. Si avanza, el impacto será directo sobre quienes arrastran órdenes migratorias pendientes.

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