DHS: Tarifas de ciudadanía en EE.UU. subirán un 75%

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. propone subir 75% las tarifas de ciudadanía y eliminar casi todas las exenciones. Si se aprueba, el cambio afectará sobre todo a residentes permanentes con ingresos modestos.

La medida todavía no entra en vigor. Por ahora, está abierta a comentario público y puede cambiar antes de una decisión final. DHS sostiene que el ajuste busca cubrir el costo total del proceso de naturalización.

¿Qué cambiaría con la propuesta?

La propuesta eleva el costo del Formulario N-400, que se usa para pedir la ciudadanía. La tarifa en papel subiría de 760 a 1 330 dólares. La versión en línea pasaría de 710 a 1 280 dólares.

También cambiaría el Formulario N-336, usado para apelar una negativa de naturalización. En papel subiría de 830 a 1 475 dólares. En línea, el costo iría de 780 a 1 425 dólares.

DHS afirma que quiere pasar a un modelo de “costo total pagado por el beneficiario”. Eso significa que el solicitante asumiría más gasto del trámite. La agencia dice que la tarifa actual no cubre todo el proceso de revisión.

La página oficial de USCIS explica que el Formulario N-400 es la solicitud principal para naturalizarse. El N-336, en cambio, sirve para impugnar una negativa. Por eso, el aumento toca tanto a quienes inician el trámite como a quienes apelan.

¿A quién afectaría más?

La propuesta impactaría a cientos de miles de residentes permanentes cada año. En la práctica, la presión sería mayor para familias con ingresos bajos. También puede frenar solicitudes de quienes ya esperan reunir dinero para presentar papeles.

DHS propone eliminar casi todas las exenciones de tarifa y las reducciones. Hoy existen alivios para personas con dificultades económicas, beneficiarios de asistencia pública o ingresos limitados. Si la norma avanza, esa vía quedaría casi cerrada.

Según el documento citado por Newsweek, la agencia quiere eliminar la elegibilidad de exenciones para los formularios N-400 y N-336. Además, eliminaría la tarifa reducida para el N-400. Solo se mantendría la exención para militares actuales y veteranos, como exige la ley.

La Biblioteca del Congreso suele recordar que la naturalización forma parte del marco legal de inmigración y ciudadanía. Por eso, cualquier cambio de costo no solo es administrativo. También puede alterar quién accede al beneficio y cuándo.

¿Por qué DHS defiende el aumento?

DHS argumenta que naturalizarse es el beneficio migratorio más importante que puede recibir una persona. También sostiene que el proceso consume recursos altos. Incluye verificaciones de antecedentes, entrevistas, pruebas y revisión del historial migratorio.

Adam Klein, exfuncionario de DHS citado por Newsweek, dijo que el gobierno necesita recuperar sus costos. Pero advirtió que un aumento fuerte puede volver la ciudadanía menos accesible para personas de medios modestos. Esa tensión define el debate actual.

La agencia también afirma que la demanda de ciudadanía es “inelástica”. En términos simples, espera que las personas sigan solicitándola aunque el precio suba. Sin embargo, críticos creen que ese cálculo subestima el peso del costo en familias trabajadoras.

Un punto clave es la diferencia entre recuperar costos y crear barreras. DHS dice que las tarifas deben reflejar el gasto real de procesamiento. Pero para organizaciones migrantes, ese argumento puede traducirse en exclusión económica.

La National Immigration Forum ha advertido en otros debates que los costos altos suelen golpear más a hogares con menos margen financiero. Aunque cada reforma tiene su propio contexto, la lógica es parecida. Cuando sube el precio, algunos quedan fuera.

¿Qué pasa ahora con la norma?

La propuesta todavía no es definitiva. Se publicó como aviso reglamentario, lo que abre una etapa de comentarios públicos. Esa etapa dura 60 días desde su publicación en el Registro Federal.

Después de ese plazo, DHS revisará observaciones y podría ajustar el texto. Solo entonces emitiría una regla final. En otras palabras, el cambio existe, pero todavía no está cerrado.

La publicación oficial del Registro Federal es el paso formal para este tipo de cambios. Ese mecanismo permite que ciudadanos, abogados y organizaciones envíen comentarios. También sirve para dejar constancia de objeciones técnicas o legales.

Para los solicitantes, la recomendación práctica es no confundir propuesta con vigencia inmediata. Mientras no exista una regla final, los costos actuales siguen en curso. Aun así, el anuncio ya provoca preocupación entre residentes que planeaban iniciar el trámite.

El efecto social puede ser amplio. La ciudadanía no solo da un estatus legal. También abre acceso al voto federal, fortalece la estabilidad migratoria y reduce la incertidumbre a largo plazo. Por eso, un aumento del 75% toca una decisión vital para muchas familias latinas.

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