ICE remata centros de inmigrantes de 700 millones

La estrategia impulsada para ampliar la capacidad de detención de inmigrantes enfrenta un nuevo revés en los Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) planea vender o transferir siete grandes instalaciones industriales. Dichas propiedades fueron adquiridas recientemente por un costo aproximado de 700 millones de dólares, según reveló un reporte publicado por el diario The New York Times.

Las transacciones forman parte de un paquete de 11 almacenes comprados originalmente durante la gestión de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El costo total de aquellas compras gubernamentales estuvo cercano a los 1.000 millones de dólares. El objetivo inicial era convertir estos amplios espacios en centros estratégicos para procesar, retener y deportar a miles de inmigrantes.

Sin embargo, algunos de los almacenes adquiridos por ICE nunca entraron en operación debido a su millonario costo y diversos problemas logísticos. La llegada de Markwayne Mullin al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cambió drásticamente el rumbo de este ambicioso proyecto federal. La nueva administración optó por frenar la expansión y revisar la viabilidad de las instalaciones.

¿Por qué fracasó este plan millonario que nunca logró despegar?

Los almacenes fueron adquiridos tras una importante inyección de recursos federales derivada del paquete presupuestario conocido como One Big Beautiful Act. Esta medida económica fue promovida con fuerza por la administración del presidente Donald Trump. El fin era centralizar las detenciones en estructuras propiedad del Estado.

Según los documentos gubernamentales citados, estas masivas instalaciones estaban diseñadas para albergar entre 7.000 y 10.000 detenidos cada una. Servirían como puntos de control antes de la expulsión definitiva del país. Los inmuebles están ubicados en estados clave como Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania y Texas.

A pesar de los recursos, varias propiedades enfrentaron una fuerte resistencia de las comunidades locales. Esto desató demandas judiciales e investigaciones de agencias gubernamentales que retrasaron o impidieron por completo la puesta en marcha de los centros de procesamiento. Las obras quedaron paralizadas.

¿Qué riesgos y cuestionamientos frenaron la apertura de los centros?

La localización de los complejos también generó alertas graves. Por ejemplo, el futuro centro de detención del ICE en Arizona se ubicaría justo frente a una instalación dedicada al almacenaje de sustancias químicas peligrosas. Esto encendió las alarmas locales por el riesgo químico masivo para los internos.

Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria de ICE durante la administración Biden, cuestionó abiertamente la viabilidad de la estrategia. La especialista señaló que los almacenes han causado serios dolores de cabeza debido a los litigios estatales vigentes. Además, la Oficina del Inspector General del DHS mantiene una investigación abierta.

Las indagaciones buscan determinar si el millonario gasto cumplió con las normativas de eficiencia y necesidad real del servicio. El secretario Markwayne Mullin decidió someter a una estricta revisión todos los contratos firmados por su predecesora, Kristi Noem. Esto paralizó cualquier intención de apertura inmediata.

¿Cuál será el destino de los almacenes y los fondos gastados?

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional defendió las prioridades de su actual política migratoria. La agencia aseguró que continúa buscando formas más eficientes de detener y expulsar a personas con antecedentes criminales. El enfoque principal está en remover amenazas de forma rápida.

“El DHS está actuando con rapidez para utilizar el espacio de detención existente en colaboración con nuestros socios estatales y del condado”, señaló la agencia mediante un comunicado de prensa. Esto confirma el abandono del modelo basado en la compra de megaalmacenes.

Aunque el ICE mantendrá bajo su control cuatro de los almacenes adquiridos, el futuro de los otros siete inmuebles sigue siendo completamente incierto. La intención actual es cederlos a otras agencias federales o venderlos al sector privado para recuperar parte de la millonaria inversión realizada.