Mississippi creará listas de migrantes indocumentados

Mississippi aprobó una ley que permite a las agencias policiales crear un listado de personas que podrían vivir sin documentos. La medida encendió alarmas entre defensores de migrantes, porque podría facilitar nuevas acciones contra comunidades extranjeras.

La norma entra en vigor el 1 de julio y pide reunir nombres, direcciones, países de origen, edad y posibles antecedentes penales. Aunque no aclara si los datos llegarán a ICE, tampoco lo prohíbe.

¿Qué autoriza la nueva ley?

La legislación, identificada como SB2114, ordena al Departamento de Seguridad Pública usar “todas las vías legales de investigación” para calcular cuántos presuntos “extranjeros ilegales” viven en Mississippi. También busca identificar quiénes son y dónde residen.

El texto prevé un registro continuo durante 2 años. Eso significa que la información podría actualizarse de forma permanente si una persona cambia de estatus, espera una green card o se mueve a otro estado.

Para organizaciones migrantes, ese diseño es el punto más delicado. Según The Associated Press, el sistema podría convertirse en una herramienta de vigilancia más amplia, no solo en una base estadística.

La ley publicada por Mississippi no explica con precisión el uso final de esa información. Esa ambigüedad alimenta el temor de que termine en manos de autoridades federales.

¿Por qué preocupa tanto a los activistas?

Efrén Olivares, del National Immigration Law Center, calificó la medida como prácticamente inviable. También dijo que recuerda a listas usadas por otros países para controlar a ciertos grupos de personas.

El problema, según defensores, es que el estatus migratorio cambia con rapidez. Una persona puede no tener papeles hoy, pero estar en trámite mañana o recuperar su estatus después.

Ese dinamismo vuelve difícil sostener un registro confiable. Además, si el gobierno actualiza la lista de forma constante, miles de personas podrían quedar expuestas a errores o persecución administrativa.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles suele advertir que las listas amplias de identificación aumentan el riesgo de abusos. En contextos migratorios, el temor no es solo a la recopilación de datos, sino a su uso posterior.

La ley también contempla registrar si una persona enfrenta trámites migratorios o audiencias. Para activistas, eso mezcla información sensible con vigilancia policial.

¿Qué defienden los republicanos?

La senadora estatal Angela Hill defendió la norma como una obligación del estado. Sostuvo que las autoridades locales deben ayudar al gobierno federal a desincentivar la migración irregular.

Hill argumentó que este tipo de inmigración se relaciona con delitos como contrabando de personas y narcotráfico. Sin embargo, no presentó evidencia concreta que respaldara esa afirmación.

Jessica Vaughan, del Center for Immigration Studies, también apoyó la ley. A su juicio, aumenta la probabilidad de que la presencia irregular de alguien llame la atención de autoridades federales.

Vaughan afirmó que los estados necesitan una manera “creíble y legítima” de determinar el estatus de una persona. Para ese sector, la recopilación de datos es una herramienta de control, no un mecanismo de castigo.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos recuerda que el estatus migratorio depende de procesos formales y documentos verificables. Por eso, cualquier registro estatal debería manejarse con extremo cuidado.

¿Se parece a otras medidas estatales?

Sí. Mississippi siguió un modelo parecido al que Florida impulsó en 2021 por decreto del gobernador Ron DeSantis. Allí también se pidió usar “todas las vías legales de investigación” para identificar a migrantes sin documentos.

El gobierno federal de Donald Trump retomó después una ley antigua para obligar a ciertos migrantes a registrarse. Eso muestra una tendencia más amplia hacia el control local de la inmigración.

Según un conteo de The Associated Press, varios estados ya activaron más de 100 leyes migratorias en lo que va del año. En estados republicanos, esas normas suelen alinearse con la agenda federal de control y deportación.

En cambio, estados demócratas han impulsado frenos a la cooperación con ICE. Algunas leyes prohíben compartir datos, mientras otras limitan operativos con agentes encapuchados.

¿Qué impacto puede tener en Mississippi?

Mississippi tiene una población migrante indocumentada relativamente pequeña. Son aproximadamente 28 000 personas, menos del 1% de los habitantes del estado, según datos del censo recopilados por el American Immigration Council.

Aun así, para comunidades locales pequeñas, incluso una ley de alcance limitado puede generar miedo. Familias con trámites en proceso podrían dudar en acudir a escuelas, hospitales o tribunales.

También puede haber efecto económico. Cuando una comunidad teme ser registrada, baja la confianza en instituciones y crece la evasión de servicios básicos.

La Oficina del Censo de Estados Unidos suele advertir que la movilidad y el estatus migratorio cambian con frecuencia. Eso vuelve más difícil crear bases permanentes sin errores ni consecuencias colaterales.

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