Jubilados salvadoreños con TPS temen quedarse sin protección migratoria

Miles de personas de la tercera edad que dedicaron décadas de trabajo en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS, enfrentan incertidumbre ante el vencimiento del amparo fijado para el 9 de septiembre de 2026. Por lo tanto, la falta de una prórroga definitiva pone en riesgo su estabilidad legal. Suma también el riesgo a su patrimonio y la continuidad en el cobro de sus pensiones del Seguro Social.

Más de 170 000 beneficiarios de El Salvador amparados por el TPS desde 2001 enfrentan la expiración de su estatus migratorio el 9 de septiembre de 2026. Esta situación genera alarma entre los adultos mayores retirados o en proceso de jubilación. Además, la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles, conocida como ASOSAL, advirtió que la pérdida del amparo y de la autorización de empleo ya provocó la retención de cheques de jubilación en algunos casos. Por ello, expertos legales recomiendan buscar asesoría acreditada. Así se podrán evaluar opciones de ajuste de estatus antes de tomar decisiones patrimoniales drásticas.

¿Por qué los jubilados salvadoreños con TPS temen perder sus derechos?

El TPS fue otorgado a El Salvador en 2001 tras los terremotos que devastaron ese país. Además, ha permitido que más de 170 000 ciudadanos salvadoreños residan y laboren legalmente en territorio estadounidense. Con el paso de más de dos décadas, un segmento considerable de esta comunidad alcanzó la edad de retiro tras cotizar ininterrumpidamente al sistema de jubilación.

Teresa Tejada Galván, directora ejecutiva de la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles, conocida como ASOSAL, advirtió sobre las repercusiones humanas de una cancelación definitiva. «Hay mucha gente que ya está jubilada y hasta les han retenido sus cheques por no tener los permisos», declaró Tejada Galván durante una entrevista.

La falta de estatus migratorio regularizado dentro de Estados Unidos genera trabas administrativas directas con la Administración del Seguro Social, conocida como SSA. Aunque los créditos laborales acumulados permanecen registrados a nombre del trabajador, los desembolsos mensuales pueden ser suspendidos si la persona reside en el país sin un permiso de permanencia. Además, pueden suspenderse si no cuenta con una autorización de empleo vigente.

¿Qué establece el marco legal sobre las pensiones y la pérdida del TPS?

La normativa federal que rige a la SSA estipula que los trabajadores extranjeros que acumularon al menos 40 créditos laborales tienen derecho a reclamar beneficios de retiro. Sin embargo, para recibir pagos continuos mientras se reside dentro de Estados Unidos, la ley exige mantener una presencia legal. Esto debe estar respaldado por documentos emitidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, conocido como USCIS.

En caso de que el Departamento de Seguridad Nacional, conocido como DHS, no otorgue una extensión al programa, los beneficiarios pasarían a una condición indocumentada dentro del país. Por consiguiente, si una persona es deportada o reside sin estatus migratorio legal, la SSA puede congelar los desembolsos dentro del territorio estadounidense. No obstante, la legislación federal permite a los ciudadanos salvadoreños cobrar sus pensiones si establecen su residencia formal en El Salvador. Esto es posible conforme a los convenios internacionales vigentes.

Adicionalmente, el retorno forzado implica severas dificultades para los adultos mayores, ya que el mercado laboral salvadoreño presenta barreras de edad muy marcadas para personas de más de 50 años. Esta situación agrava la vulnerabilidad financiera de quienes dependen exclusivamente de su cheque mensual. Esto afecta la capacidad para solventar tratamientos médicos y gastos básicos.

¿Qué impacto patrimonial y familiar enfrentan las comunidades afectadas?

La comunidad salvadoreña amparada por el TPS no solo aporta mano de obra calificada, sino que consolidó patrimonios mediante la compra de viviendas y la apertura de pequeños negocios. Asimismo, de acuerdo con datos de la Alianza Nacional del TPS, miles de hogares tienen hijos nacidos en Estados Unidos. Estos hijos son ciudadanos por nacimiento.

La eventual cancelación del amparo desarticularía unidades familiares mixtas donde los padres mayores dependen del soporte emocional y logístico de sus hijos en territorio estadounidense. Por otra parte, la venta precipitada de inmuebles o el cierre de empresas locales representaría un golpe directo para economías comunitarias en condados de California, Texas y Maryland.

Organizaciones de defensa advierten que el temor empuja a algunos adultos mayores a caer en manos de personas inescrupulosas que prometen regularizaciones inmediatas sin sustento jurídico. Por esta razón, entidades comunitarias instan a verificar credenciales legales antes de firmar documentos o entregar sumas de dinero.

¿Qué deben hacer los titulares de TPS antes de la fecha límite?

Los beneficiarios del TPS deben recopilar su historial migratorio completo, copias de formularios anteriores y registros laborales para una evaluación jurídica individualizada. Mantener la calma y revisar si existen vías alternativas de alivio migratorio, como peticiones familiares o peticiones de residencia permanente legal, resulta fundamental en esta etapa.

ASOSAL y otras organizaciones de la Alianza Nacional del TPS continuarán realizando talleres informativos y jornadas de orientación comunitaria durante las próximas semanas. Se aconseja a las familias mantenerse atentas a los canales oficiales del USCIS y recurrir exclusivamente a representantes acreditados ante el Departamento de Justicia para proteger su estabilidad legal y patrimonial.

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