ICE bajo la lupa: Reporte revela abusos de agentes

Un informe de la organización defensora de derechos civiles Ohio Immigrant Alliance documentó 152 casos de empleados y contratistas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) vinculados con delitos graves. El análisis advierte sobre un patrón de conducta violenta, abusos sexuales y uso indebido del poder en las agencias migratorias federales.

La investigación recopiló expedientes judiciales públicos, reportes de la Oficina del Inspector General y registros del Departamento de Justicia entre 1982 y 2026. Los hallazgos cuestionan los procesos de selección y supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

¿Qué tipos de delitos documenta la investigación?

El informe determinó que 131 de los 152 individuos analizados, equivalentes al 86,2%, fueron acusados o condenados por delitos sexuales. Aproximadamente el 90% de los casos documentados corresponde a agresiones sexuales, violencia doméstica y abuso sexual infantil. Además, 85 casos involucraron acusaciones o condenas por delitos cometidos directamente contra menores de edad.

En 78 de esos expedientes, que representan el 51,3% del total, se confirmaron cargos específicos de abuso sexual infantil. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza concentró la gran mayoría de los casos analizados, sumando 121 de los 152 registros.

El reporte subraya que 36 de los incidentes corresponden a los años 2025 y 2026, lo que evidencia la vigencia del problema en las operaciones actuales. Los investigadores también señalan que casi el 45% de los delitos involucró a funcionarios que aprovecharon su autoridad oficial para cometer abusos contra detenidos o personas vulnerables.

¿Cuáles son los casos más graves señalados?

El documento cita el caso de Ronald Anthony Burgos Avilés, un oficial de CBP en Texas que asesinó a su expareja y a su hijo de un año. También detalla el historial de Samuel Saxon, antiguo supervisor de ICE en Ohio, señalado por agresiones físicas, estrangulamiento y lesiones contra su pareja.

En Arizona, el agente de CBP Ramón Márquez utilizó su cargo en un programa juvenil de la Patrulla Fronteriza para abusar de menores participantes. Asimismo, John Daly III perpetró agresiones sexuales en serie antes y durante su servicio activo como agente federal en la frontera.

El informe denuncia que las quejas internas dentro de DHS a menudo son ignoradas o desestimadas administrativamente sin consecuencias penales inmediatas. Estas fallas permiten que oficiales con antecedentes violentos permanezcan armados e interactúen diariamente con familias migrantes y niños bajo custodia.

¿Qué fallas de control interno expone el reporte?

El análisis cuestiona la falta de rigurosidad en las pruebas de antecedentes previas a la contratación de personal federal en el Departamento de Seguridad Nacional. Varios de los agentes investigados contaban con registros de comportamiento violento antes de ingresar formalmente a las filas de la Patrulla Fronteriza o de ICE.

El exabogado de ICE Ryan Schwank declaró que los programas de formación sufrieron recortes de 240 horas lectivas, debilitando la capacitación ética y legal. Frente a esta situación, Ohio Immigrant Alliance solicitó al Congreso congelar nuevos fondos de contratación hasta establecer auditorías independientes.

¿Qué deben hacer las personas ante un abuso de autoridad?

Las personas bajo custodia o en contacto con agentes migratorios tienen derecho a denunciar agresiones físicas, insinuaciones sexuales o maltratos verbales. Es fundamental anotar los nombres de los agentes, números de placa, vehículos involucrados, fecha exacta y ubicación del incidente.

Las víctimas pueden presentar quejas formales ante la Oficina de Derechos Civiles del DHS o ante la Oficina del Inspector General de la agencia. También se recomienda contactar de inmediato a organizaciones comunitarias o abogados de inmigración para obtener protección legal y resguardar evidencias. Bajo las leyes vigentes, las víctimas de ciertos delitos violentos cometidos en territorio estadounidense pueden ser elegibles para solicitar la visa U o la visa T.

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