Deportaciones masivas: El millonario costo de la medida

La estrategia de expulsiones masivas impulsada por el Gobierno federal podría costar más de 268 900 millones de dólares hasta 2029. Ese monto equivale a un costo promedio de 2 358 dólares por cada contribuyente estadounidense durante el mandato presidencial.

El cálculo fue publicado por el Proyecto de Prioridades Nacionales (NPP), una iniciativa del Instituto de Estudios de Políticas. La organización colaboró con el Instituto de Política Económica (EPI) para lanzar una calculadora interactiva sobre el gasto fiscal de las deportaciones. La herramienta busca mostrar el impacto de la política migratoria en las finanzas de estados, condados y municipios del país.

¿Cuánto pagan las ciudades por las deportaciones?

El estudio distribuye el gasto total según la proporción de impuestos federales sobre la renta que paga cada comunidad. Por ello, las grandes ciudades con altos ingresos y alta recaudación fiscal asumen las cuotas más elevadas del presupuesto de control migratorio. La ciudad de Nueva York encabezaría el gasto con más de 9 814 millones de dólares, lo que representa unos 3 544 dólares por contribuyente.

Los Ángeles aportaría más de 4 145 millones de dólares a esta estrategia, con una carga promedio de 3 283 dólares por cada declarante de impuestos. En Chicago, el costo acumulado alcanzaría 2 441 millones de dólares, mientras que los contribuyentes de Houston pagarían en conjunto 2 377 millones de dólares. La herramienta del Instituto de Política Económica permite buscar el impacto fiscal exacto por código postal y distrito congresional en todo el país.

El informe detalla que el dinero asignado a la aplicación de leyes migratorias proviene de leyes de presupuesto, transferencias de agencias y paquetes legislativos recientes. Los investigadores señalan que estos fondos financian la contratación de agentes, la ampliación de centros de detención privados y los vuelos internacionales de remoción.

¿En qué otros programas podría invertirse ese dinero?

El informe compara los 268 900 millones de dólares con las necesidades no cubiertas en salud, educación, vivienda y servicios esenciales. Los autores explican que los recursos destinados a la deportación podrían utilizarse para financiar programas que benefician directamente a las familias trabajadoras. Por ejemplo, esos recursos alcanzarían para cubrir el salario de más de 925 000 maestros escolares durante dos años y medio.

También podrían garantizar la cobertura médica a casi 12 000 000 de personas mediante Medicaid o financiar más de 9 700 000 unidades de vivienda pública. El contraste adquiere relevancia en un momento de presión económica para los hogares, donde la inflación y la vivienda encabezan las preocupaciones familiares.

Según el brief editorial de Nueva News, la cobertura de políticas públicas debe explicar cómo los fondos federales impactan la vida diaria de los latinos. Muchas comunidades hispanas sufren recortes en escuelas locales y clínicas de salud mientras ven un aumento constante en los operativos migratorios.

¿Cómo se calcularon las cifras del informe?

El Proyecto de Prioridades Nacionales utilizó las estadísticas tributarias oficiales de la división de Estadísticas de Ingresos del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Debido a que el IRS no desglosa la recaudación por municipio, los analistas cruzaron los códigos postales con datos del Centro de Datos del Censo de Missouri. Los valores previos a 2026 se ajustaron a la inflación utilizando el Índice de Precios al Consumidor para Consumidores Urbanos del Gobierno federal.

Para los años 2027 y 2028, se aplicaron proyecciones de inflación del 2,4% y 2,5% basadas en pronósticos de la Reserva Federal de Filadelfia. Los investigadores definieron como contribuyente a cualquier persona o pareja que presenta una declaración federal y adeuda impuestos sobre la renta tras aplicar créditos. Aunque el gasto real podría variar según decisiones judiciales o legislativas, el modelo ilustra cómo el presupuesto federal utiliza el dinero de los contribuyentes.

¿Qué impacto tiene este gasto en la comunidad hispana?

La comunidad hispana contribuye con miles de millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales cada año. Por lo tanto, los propios trabajadores latinos están financiando parte del aparato estatal que ejecuta operativos en sus barrios y lugares de empleo. Además del costo presupuestario directo, economistas advierten sobre el impacto indirecto en industrias clave como la agricultura, la hostelería y la construcción.

La salida masiva de trabajadores indocumentados puede generar escasez de mano de obra y provocar pérdidas de producción en varios sectores económicos. Para las familias de estatus mixto, conocer el costo de estas medidas ofrece herramientas cívicas para exigir rendición de cuentas a sus legisladores.

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