ALERTA: DHS multa a abogados de asilo con más de $470,000 por 118 documentos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) notificó multas civiles superiores a $470,000 contra abogados por presentar solicitudes de asilo presuntamente fraudulentas. Además, descartó cualquier amnistía para inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. La medida busca frenar el ingreso masivo de expedientes sin sustento en los tribunales federales. Esto ocurre en un contexto de acumulación histórica de expedientes judiciales.

¿Por qué el DHS descartó una amnistía para inmigrantes?

El gobierno federal reiteró que mantendrá la política de deportaciones masivas. Además, afirmó que no impulsará ningún alivio migratorio generalizado. La institución a cargo de la seguridad fronteriza enfatizó que la vía de amnistía para inmigrantes sin estatus legal no forma parte de la agenda del Poder Ejecutivo.

Las autoridades fundamentan su postura en la saturación que experimenta el sistema migratorio estadounidense. Según cifras oficiales citadas en el reporte, las cortes de inmigración contabilizaban casi 3.5 millones de casos pendientes hasta julio de 2026. De esos casos, cerca de 2.3 millones correspondían a peticiones de asilo.

Bajo este panorama, el DHS argumentó que algunos profesionales utilizan solicitudes sin fundamento legal como un mecanismo dilatorio. Esta práctica busca posponer la ejecución de una orden de remoción. Además, algunos buscan gestionar la autorización de empleo (EAD) mediante el Formulario I-765 o evitar la detención migratoria.

¿Qué multas impuso el gobierno federal?

La división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) inició procesos sancionatorios directos contra representantes legales tras detectar patrones de declaraciones idénticas. Por otra parte, el asesor jurídico general del DHS, James Percival, remitió una advertencia formal a la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) informando sobre las penalidades económicas en curso.

El caso más significativo involucra al abogado Suraj Raj Singh, contra quien la agencia emitió una notificación de intención de multa por más de $470,000. El DHS sostiene que Singh presentó 118 documentos fraudulentos en 54 expedientes de asilo con narrativas que compartían lenguaje y contenido casi textual.

De igual forma, la autoridad federal notificó al abogado Vinod Doddamani con cinco avisos de penalidad que buscan recaudar hasta $255,232. La acusación administrativa señala a Doddamani por haber elaborado y presentado 64 documentos irregulares dentro de 32 trámites migratorios.

¿Qué establece el marco legal ante peticiones fraudulentas?

La ofensiva jurídica del gobierno se sustenta en la sección 8 U.S.C. § 1324c del Código de Estados Unidos. Este estatuto federal penaliza el fraude documental, sanciona civilmente la fabricación de testimonios y permite remitir los antecedentes ante los comités de ética estatales.

James Percival señaló en declaraciones públicas que las solicitudes falsas distorsionan el sistema legal y retrasan la resolución de procesos legítimos. Asimismo, la agencia precisó que alegar delincuencia común, violencia de pandillas generalizada o falta de empleo en el país de origen no satisface el estándar legal de asilo.

El abogado y exjuez de inmigración Matt O’Brien recordó que la legislación migratoria castiga severamente el ingreso de trámites fraudulentos. Además, explicó que una determinación judicial formal de que una petición es legalmente frívola inhabilita de por vida al solicitante para acceder a la residencia permanente mediante la green card. Tampoco podrá solicitar visas futuras.

La directiva de fiscalización anunciada el 26 de mayo de 2026 mantiene auditorías activas sobre expedientes presentados ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR). Ante el incremento de multas y revisiones judiciales, los inmigrantes con casos pendientes deben solicitar una copia íntegra de su expediente a sus abogados. También deben verificar que su declaración personal sea verídica y constatar que su representante posea licencia profesional vigente para litigar ante las cortes de inmigración.

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