ALERTA: Hoy entra en vigor norma que dificulta obtener la green card

Una nueva norma migratoria de la administración Trump entra en vigor este viernes 18 de septiembre de 2026 en todo el país. Según reportó CNN, la norma dificultará que muchos inmigrantes legales obtengan la residencia permanente si reciben o se considera que podrían necesitar asistencia pública. La medida avanza incluso mientras varias demandas federales buscan frenarla.

¿Qué cambia con la nueva regla de «carga pública»?

Los funcionarios de inmigración llevan décadas revisando si los solicitantes de la tarjeta de residencia pueden mantenerse económicamente. A esto se le llama la evaluación de «carga pública» o «public charge». Es uno de los motivos de inadmisibilidad migratoria más antiguos del país.

La Ley de Inmigración de 1882 ya permitía negar la entrada a quienes probablemente dependerían de la asistencia gubernamental. En 1999, la administración Clinton acotó esa definición. Solo consideraba ayuda económica directa, como asistencia en efectivo o Medicaid para cuidados de largo plazo.

El primer Gobierno de Trump amplió esa definición en 2019 para incluir beneficios no monetarios, como cupones de alimentos y subsidios de vivienda, y la puso en marcha en 2020. Un tribunal federal la anuló poco después. La administración Biden la derogó en 2022 y limitó la revisión solo a ayudas en efectivo.

Autosuficiencia económica: la justificación oficial

La norma vigente desde hoy retoma y amplía el criterio de 2019. Deroga la regla de Biden y permite a los funcionarios considerar una gama más amplia de programas de asistencia pública al evaluar cada solicitud.

El Departamento de Seguridad Nacional, conocido como DHS, defendió la medida en su momento. En su cuenta oficial en X, la agencia señaló que busca que los inmigrantes puedan valerse por sí mismos y no depender de fondos públicos, según el registro citado por CNN.

El texto no detalla qué programas exactos se evaluarán, más allá de indicar que se tomará en cuenta cualquier beneficio público sujeto a verificación de recursos. Eso podría abarcar cupones de alimentos, Medicaid, vales de vivienda, Head Start y ciertos créditos fiscales como el crédito tributario por hijos, según explicó a CNN en julio Maddie Geschu, de la Coalición para la Protección de las Familias Inmigrantes.

El «efecto disuasorio» preocupa a defensores de inmigrantes

La norma también permite evaluar las ayudas que reciben otros miembros de la familia, incluidos los hijos que son ciudadanos estadounidenses. Esto amplía el universo de personas indirectamente afectadas por cada solicitud.

El DHS calcula que un promedio de 588.000 solicitantes son sometidos anualmente a revisiones de carga pública. Pero el impacto real podría ser mayor. La agencia estima que unas 950.000 personas podrían abandonar o evitar inscribirse en seis programas públicos, entre ellos Medicaid, cupones de alimentos, el seguro médico infantil CHIP y ayuda federal para el alquiler.

Los inmigrantes indocumentados no están sujetos a esta evaluación, porque no califican para asistencia pública. El riesgo recae sobre todo en familias con estatus migratorio mixto, donde conviven residentes legales, solicitantes y ciudadanos.

Una voz que le pone rostro a la política

Clarissa Hayes, del Food Research & Action Center, describió el dilema que enfrentan muchas familias. «Ningún padre debería tener que elegir entre alimentar a sus hijos y mantener unida a su familia», dijo a periodistas, según reportó CNN. Su organización teme que el miedo aleje a niños elegibles de programas como WIC y comidas escolares.

Geschu fue más allá sobre el proceso de aprobación. Advirtió que la norma «abre la puerta a abusos… basados en la política partidista o los prejuicios personales», declaró a CNN.

Estudios previos respaldan esa preocupación. Según defensores de inmigrantes, la participación en programas públicos entre familias inmigrantes cayó en 2019 y 2020, incluso entre quienes no estaban sujetos a la norma anterior.

El marco legal y las demandas en curso

La norma se sustenta en la facultad histórica del Gobierno federal para definir causales de inadmisibilidad migratoria. Sin embargo, su alcance se disputa actualmente en los tribunales federales, lo que mantiene abierta la posibilidad de que sea bloqueada antes de aplicarse ampliamente.

Nueva York encabeza una coalición de 22 estados y el Distrito de Columbia que demandó a la administración Trump para bloquear la norma. Puedes leer más sobre esta demanda en el reportaje de CNN en Español.

Un grupo de ciudades, liderado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó una demanda similar. Los estados argumentan que la norma otorga discreción excesiva a los funcionarios de inmigración. Una jueza federal fijó audiencia inicial para el 9 de octubre.

El costo económico también está en disputa

Un estudio de la Universidad George Washington, citado por CNN, calcula que 3,7 millones de personas en hogares inmigrantes podrían perder Medicaid, cupones de alimentos u otras ayudas. Las economías estatales podrían perder US$27.400 millones y hasta 212.000 empleos.

Puedes conocer el origen de esta norma en el reportaje de CNN en Español sobre su reactivación en julio.

¿Qué pueden hacer las familias inmigrantes ahora?

La norma entra en vigor hoy, salvo que un tribunal la detenga antes. Especialistas en inmigración recomiendan a las familias consultar con un abogado antes de renunciar a programas de asistencia. Cada caso depende de la categoría migratoria y del historial de beneficios recibidos.

La audiencia del 9 de octubre podría definir si la norma sigue vigente en los próximos meses. Mientras tanto, organizaciones de derechos de inmigrantes ofrecen orientación gratuita para quienes tienen solicitudes de residencia en trámite.

Este es un artículo trabajado con los créditos de CNN Wire.

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