DHS advierte que no habrá amnistía para inmigrantes ‘ni ahora ni nunca’

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) descartó este jueves cualquier posibilidad de amnistía para inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, afirmando que no ocurrirá «ni ahora ni nunca». La postura oficial ratificó la continuidad de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio de una creciente controversia política y del endurecimiento de sanciones contra el fraude en solicitudes de asilo.

¿Por qué el DHS descartó una amnistía para inmigrantes?

El pronunciamiento del gobierno federal respondió directamente a las críticas públicas de la representante republicana María Elvira Salazar. La legisladora por Florida advirtió en un video que los operativos de deportación han ido demasiado lejos y que miles de votantes latinos se sienten traicionados.

Breaking News—For the first time ever, @DHSgov is seeking to fine an immigration attorney for allegedly filing false asylum claims.

And the fine is enormous—$250,000.

DHS claims that attorney Vinod Doddamani filed 32 immigration cases in which he filed 64 fraudulent documents,… pic.twitter.com/dQnwKfG7wT

— Joseph Bovino, Esq. (@joebovino) June 24, 2026

Frente a esos cuestionamientos, un portavoz del  DHS fijó la posición de la Casa Blanca: «Bajo el liderazgo del presidente Trump y del secretario Markwayne Mullin, no habrá amnistía para los inmigrantes indocumentados. Ni ahora ni nunca». La agencia gubernamental remarcó que las fuerzas federales se concentran en ejecutar la campaña de deportación masiva más extensa en la historia del país.

La autoridad migratoria insistió en que los agentes de ICE aplican estrictamente las leyes aprobadas por el Congreso. Por lo tanto, el Ejecutivo rechazó flexibilizar su estrategia migratoria de cara a las elecciones legislativas de noviembre de 2026.

¿Qué medidas anunció el gobierno contra el fraude en asilo?

De manera paralela a la negativa de regularizaciones generales, el asesor jurídico general del DHS, James Percival, envió una carta formal a la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA). La misiva advirtió que la agencia perseguirá penal y financieramente a los letrados que gestionen peticiones de asilo fraudulentas o frívolas.

El departamento federal argumentó que algunas solicitudes sin mérito se utilizan indebidamente para demorar órdenes de deportación, tramitar permisos de trabajo temporales o evitar la detención bajo custodia. Según datos oficiales del gobierno, los tribunales de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) acumulan casi 3.5 millones de casos pendientes. Unos 2.3 millones de estos casos corresponden a trámites de asilo.

Percival enfatizó en un comunicado oficial que este tipo de prácticas distorsiona el sistema y retrasa la expulsión de infractores. Asimismo, la agencia precisó que alegatos basados únicamente en violencia de pandillas común, problemas económicos o violencia doméstica generalizada no configuran necesariamente persecución protegida bajo el estatuto de asilo.

¿Qué establece el marco legal federal contra solicitudes fraudulentas?

La ofensiva jurídica federal fundamenta sus sanciones en el Código de Estados Unidos. El título 8 U.S.C. § 1324c penaliza el fraude documental y la preparación de declaraciones falsas. El estatuto faculta a la agencia para imponer penalidades civiles directas y notificar a los colegios disciplinarios estatales de abogados.

El marco regulatorio contempla graves consecuencias para los peticionarios individuales cuyos expedientes sean declarados legalmente frívolos por un tribunal migratorio. Según expertos legales, una determinación judicial de falsedad en la solicitud impide de por vida acceder a la mayoría de los alivios migratorios o beneficios de ajuste de estatus en Estados Unidos.

La directiva antifraude anunciada por el gobierno federal en mayo de 2026 intensificó la fiscalización en las cortes de inmigración de todo el país. Las autoridades señalaron que la ley exige demostrar persecución individualizada por parte de agentes estatales o actores que el gobierno de origen no pueda o no quiera controlar.

El rechazo gubernamental a una reforma regularizadora consolida las pautas de control territorial y deportaciones que ejecuta ICE en los 50 estados del país. Ante este escenario, organizaciones legales y comunitarias aconsejan a los inmigrantes evitar intermediarios no acreditados. También recomiendan revisar a fondo cualquier argumento presentado ante las cortes migratorias y verificar las credenciales oficiales de sus representantes legales.

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