Trump responde a Salazar: mantendrá deportaciones ‘le guste o no’

Washington, DC — El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) respondió este jueves 17 de septiembre a las críticas de la congresista republicana María Elvira Salazar. La agencia federal, que dirige la política de deportaciones del presidente Donald Trump, aseguró que no habrá amnistía para las personas indocumentadas.

DHS descarta cualquier flexibilización en la aplicación de la ley migratoria

El DHS publicó en su cuenta verificada de X que quienes ingresen ilegalmente al país y violen sus leyes serán perseguidos, arrestados y removidos de la nación. El mensaje llegó acompañado de un comunicado remitido a la agencia EFE, en respuesta directa a Salazar.

«Le guste o no a la congresista Salazar, los hombres y mujeres del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) están haciendo cumplir las leyes aprobadas por el Congreso», explicó el Departamento. La frase se convirtió rápidamente en el titular del enfrentamiento.

El comunicado añadió que, bajo el liderazgo de Trump y del secretario Markwayne Mullin, no habrá amnistía para las personas sin estatus legal, «ni ahora ni nunca». DHS insistió en que su prioridad es completar la campaña de deportaciones más amplia en la historia reciente del país.

El reclamo de Salazar por el impacto de las redadas en la comunidad hispana

La congresista cubanoestadounidense, quien representa el Distrito 27 de Florida, publicó un video el mismo jueves. En él afirmó que la política migratoria de Trump se ha extendido demasiado y ha dejado a votantes hispanos sintiéndose traicionados.

Salazar citó cifras de ICE de julio, cuando fueron detenidas 49,571 personas, el arresto mensual más alto del segundo mandato de Trump. Según la legisladora, cerca de la mitad de esos detenidos no tenía antecedentes penales.

No es la primera vez que Salazar cuestiona el rumbo de la Casa Blanca en materia migratoria. Meses atrás envió una carta al DHS pidiendo garantizar el debido proceso a electores afectados por operativos de «aplicación discrecional», que aceleran las deportaciones fuera del trámite migratorio regular.

Un distrito hispano en el centro del debate electoral

Salazar representa un distrito donde el 73.5 % de los residentes son hispanos, en su mayoría de origen cubano. El intercambio con DHS llega a seis semanas de las elecciones legislativas.

Los comicios de medio mandato están programados para el 3 de noviembre de 2026. Aunque Salazar es favorita en su distrito, el resultado nacional podría definir el control del Congreso.

Encuestas recientes muestran desgaste de Trump entre votantes hispanos, un bloque que fue clave para su triunfo en 2024. El propio presidente reconoció públicamente que las deportaciones masivas están generando escasez de mano de obra en sectores como construcción y agricultura, según reportó Cubanet.

Marco legal vigente: Las remociones que ejecuta ICE se amparan en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Esa norma permite deportar a personas sin estatus legal, pero exige que muchos casos pasen antes por la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), el tribunal administrativo que decide si alguien puede quedarse en el país. Organizaciones de derechos civiles argumentan que la aceleración de estos procesos reduce las garantías de debido proceso reconocidas por la Constitución.

Rostros detrás de las cifras de deportación

Detrás del dato de casi 50,000 arrestos mensuales hay historias concretas. Reportes de Cubanet documentaron el caso de trabajadores con formularios I-220A —un documento de supervisión que permite permanecer en el país mientras se resuelve su caso— detenidos pese a tener procesos migratorios abiertos.

Salazar ha señalado directamente ese tipo de arrestos en sus comunicaciones con el DHS. Su carta previa pedía protección para solicitantes de asilo que, según ella, «han solicitado asilo a través de los canales legales apropiados» y merecen ver resueltas sus solicitudes.

La propuesta de autodeportación como alternativa

En su respuesta, el DHS planteó dos únicas alternativas para las personas sin estatus legal: salir del país o acogerse a un incentivo económico de 3,000 dólares para autodeportarse de inmediato. La agencia descartó cualquier vía intermedia de regularización general.

Este programa de autodeportación asistida se suma a otras herramientas migratorias vigentes, como el Formulario I-765 para la Autorización de Empleo (EAD) o el Estatus de Protección Temporal (TPS), que en meses recientes ha sido recortado para varias nacionalidades. La combinación de estas medidas configura un panorama migratorio cada vez más restrictivo.

Qué pueden hacer las familias afectadas ahora

Las organizaciones de inmigrantes recomiendan a las familias con procesos abiertos verificar su estatus directamente en el sitio oficial de USCIS o consultar con un abogado de inmigración acreditado. Conocer el estado de un caso ante la EOIR puede evitar sorpresas durante un arresto.

El choque entre Salazar y la Casa Blanca también será una prueba política. Los electores del Distrito 27 tendrán la oportunidad de expresar su postura sobre estas políticas en las urnas el 3 de noviembre.