¿Cuánto te cuestan las deportaciones? Esto paga cada estadounidense

La campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump podría costar 2 358 dólares por contribuyente estadounidense. La estimación pertenece al Instituto de Política Económica (EPI) y contempla gastos federales proyectados hasta 2029.

El costo total calculado asciende a 268 900 000 000 de dólares para arrestar, detener, procesar y deportar personas. Ese dinero no se cobra mediante una factura separada, sino mediante impuestos federales asignados a las agencias responsables.

¿Cuánto paga cada contribuyente por la operación?

El cálculo del EPI divide el gasto federal proyectado entre contribuyentes que presentan declaraciones y deben impuestos después de créditos. El resultado nacional promedio alcanza 2 358 dólares por contribuyente durante el periodo completo de la operación. La cifra no representa un pago anual fijo ni una tarifa aplicada por cada deportación individual.

Es un promedio acumulado que distribuye el costo total de la política entre quienes pagan impuestos federales. El Departamento de Seguridad Nacional informó a Axios que una deportación no voluntaria cuesta aproximadamente 18 000 dólares por persona. Ese monto incluye operaciones de localización, arresto, transporte, alojamiento y expulsión. Los costos pueden aumentar cuando el caso requiere audiencias, apelaciones o detención prolongada.

¿Qué gastos cubren los fondos federales?

El dinero financia varias etapas antes de que una persona abandone Estados Unidos. Primero, las agencias deben localizar y arrestar al individuo mediante operativos terrestres o investigaciones administrativas. Después, deben cubrir alimentación, vigilancia médica, transporte y alojamiento durante la detención. Finalmente, el Gobierno paga vuelos, personal, documentos y coordinación internacional para concretar la expulsión.

El Consejo Estadounidense de Inmigración estimó que una operación única contra toda la población indocumentada costaría al menos 315 000 000 000 de dólares. Esa organización calculó 89 300 000 000 de dólares para arrestos y 167 800 000 000 para detenciones. Además, estimó 34 100 000 000 de dólares en procesos legales y 24 100 000 000 en traslados.

¿Por qué el costo cambia según el caso?

No todas las deportaciones requieren el mismo número de agentes, días de custodia o audiencias. Una expulsión rápida en la frontera suele costar menos que un caso con apelaciones prolongadas. Los procesos complejos pueden incluir traslados entre cárceles, atención médica y comparecencias ante varios tribunales.

También influyen la distancia hasta el país de destino y la disponibilidad de vuelos. La organización Open Immigration estima que cada caso puede variar entre 2 000 y más de 50 000 dólares. Ese cálculo no es una tarifa oficial única, sino una aproximación basada en distintas fases y tipos de expediente.

¿Qué alternativas podrían reducir el gasto público?

DHS ha sostenido que la autodeportación cuesta menos que una expulsión forzada. Según la información citada por Moneycontrol, la autodeportación tendría un costo aproximado de 5 100 dólares por persona. Sin embargo, los defensores de inmigrantes cuestionan que la salida voluntaria siempre sea segura o realmente voluntaria.

Algunas personas tienen hijos ciudadanos, solicitudes de asilo o procesos legales pendientes. Por eso, aceptar una salida sin asesoría puede cerrar opciones de defensa importantes. El debate presupuestario enfrenta argumentos de seguridad fronteriza contra preocupaciones sobre el uso eficiente de los recursos públicos.

¿Cómo afecta el gasto a los hogares latinos?

Los impuestos federales financian las operaciones aunque una familia no tenga relación directa con inmigración. El dinero destinado a deportaciones compite con otras prioridades presupuestarias como educación, salud, vivienda y asistencia alimentaria. Para los hogares latinos, además, los operativos pueden afectar ingresos cuando un familiar trabajador es detenido. El costo económico aparece tanto en las arcas públicas como en la pérdida de salarios y estabilidad familiar. Las familias deben conocer sus derechos y organizar documentos importantes antes de una posible detención.

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