Demócratas buscan acuerdo para salvar a los dreamers

Un grupo de 63 representantes demócratas envió una carta al liderazgo republicano de la Cámara de Representantes para pedir acciones urgentes que protejan a miles de ‘dreamers’ ante demoras en sus permisos de trabajo y el riesgo de deportación. Además, la iniciativa busca abrir la puerta a un estatus legal permanente que les dé estabilidad frente a cambios políticos futuros.

La misiva llega después de meses de advertencias sobre retrasos en las renovaciones de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Estos retrasos han dejado a beneficiarios sin autorización de empleo, sin ingresos y con temor a ser colocados en procesos de expulsión. En paralelo, la mayoría republicana se ha resistido a aprobar proyectos que impliquen un camino a la legalización.

¿Qué piden los demócratas a los líderes republicanos?

En la carta dirigida a Mike Johnson, presidente de la Cámara, Steve Scalise, líder de la mayoría, y Tom Emmer, encargado de la disciplina de votos republicanos, los 63 demócratas piden dos cosas centrales. En concreto, solicitan acelerar las renovaciones de permisos de trabajo de DACA y respaldar legislación que otorgue un estatus legal permanente a los ‘dreamers’.

Los legisladores recuerdan que, desde noviembre, muchos beneficiarios han esperado más de 255 días por la renovación de sus autorizaciones de empleo. Este trámite antes solía resolverse en unos 120 o 130 días. En ese lapso, miles han perdido trabajos, seguro médico y estabilidad económica por demoras administrativas.

El representante Gil Cisneros, uno de los firmantes, señala que los ‘dreamers’ son “miembros trabajadores de nuestras comunidades” y acusa al servicio de inmigración de ineficiencia administrativa. También, para él, la falta de liderazgo está obligando a jóvenes a abandonar la fuerza laboral y los coloca en riesgo de deportación, una situación que califica de “cruel e injusta”.

En la carta, los demócratas piden explícitamente que la mayoría republicana “no obstruya” iniciativas que protejan a los beneficiarios de DACA de la caducidad de sus permisos de trabajo y la amenaza de expulsión. Por ello, el objetivo inmediato es evitar que los retrasos administrativos se traduzcan en gente perdiendo empleo y quedando expuesta a arrestos migratorios.

¿Cómo funciona DACA hoy?

El programa DACA fue creado en 2012 durante el gobierno de Barack Obama como una medida temporal ante la falta de reforma migratoria. Además, ofrece protección contra la deportación y permisos de trabajo renovables a ciertos jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir 16 años y cumplen criterios de residencia y conducta.

Originalmente se estimó que entre 1,2 y 1,4 millones de personas podían ser elegibles. Sin embargo, por temor a que sus datos fueran usados en procesos de deportación o por no reunir requisitos, solo unas 800 000 se inscribieron. Hoy se calcula que alrededor de 500 000 permanecen amparados bajo el programa.

En condiciones normales, quienes tienen DACA deben presentar solicitudes de renovación con 120 a 150 días de anticipación. Pagan tarifas, se someten a revisiones de antecedentes y esperan resoluciones antes de que caduquen sus permisos. El problema actual es que, aun cumpliendo ese calendario, muchos ven expirar sus documentos sin respuesta.

Los demócratas alertan que, en la práctica, las demoras están penalizando a personas que siguen las reglas. Beneficiarios que presentaron renovaciones en tiempo y forma, de acuerdo con recomendaciones oficiales, han perdido su autorización de trabajo, lo que afecta a empleadores, familias y comunidades. De hecho, muchos ‘dreamers’ son hijos de migrantes de países de América Latina, trabajan en salud, construcción, servicios y educación, y sostienen hogares mixtos donde hay ciudadanos, residentes y personas indocumentadas.

¿Qué impacto tienen los ‘dreamers’ en la economía?

Los legisladores que firman la carta subrayan que casi 1,7 millones de ‘dreamers’ han recibido formación y trabajan en industrias críticas. Entre ellas mencionan construcción, manufactura y atención médica, sectores que enfrentan escasez de mano de obra y dependen de personal calificado.

Según datos citados en la misiva, los salarios de los ‘dreamers’ aportan cerca de 76 000 millones de dólares al año a la economía estadounidense. Además, contribuyen con unos 24 000 millones adicionales en impuestos locales, estatales y federales, lo que refleja su papel como contribuyentes activos.

Entre los ejemplos que suelen mencionar organizaciones y expertos aparecen enfermeros, asistentes médicos, maestros, policías locales, trabajadores sociales y estudiantes universitarios que ya participan en prácticas profesionales. Muchos ocupan puestos que requieren certificaciones, licencias y formación continua. Desde esa perspectiva, negar a los beneficiarios de DACA la posibilidad de seguir trabajando no solo afecta a sus familias. También golpea a hospitales, escuelas, empresas y gobiernos locales que dependen de su labor y sus contribuciones fiscales.

Los demócratas argumentan que, si los permisos expiran por demoras de inmigración, los empleadores pierden trabajadores entrenados y las comunidades pierden servicios esenciales. Por eso, el Congreso sostienen que debe actuar con medidas inmediatas para resolver el retraso y, a la vez, avanzar hacia un camino a la ciudadanía dentro de una reforma migratoria integral.

¿Cómo reaccionan los líderes republicanos?

Hasta el momento, los líderes republicanos no han respondido públicamente a la carta. Mike Johnson se ha opuesto de manera consistente al programa DACA y a cualquier medida que considere una “amnistía de mayor alcance”. Esa postura coincide con la visión de la Casa Blanca bajo la administración de Trump, que promueve una política de “tolerancia cero” en migración.

Johnson y otros líderes como Emmer y Scalise han insistido en que DACA constituye una extralimitación del poder ejecutivo. Argumentan que el programa se creó sin aprobación del Congreso y que cualquier solución debe pasar por un debate legislativo más amplio. Sin embargo, hasta ahora han bloqueado proyectos que plantean regularización.

En su comunicación reciente, Scalise destacó logros republicanos como la Ley SAVE America, refuerzo de seguridad fronteriza y reformas sobre integridad electoral. Sin embargo, no mencionó la petición demócrata a favor de los ‘dreamers’, lo que muchos interpretan como una señal de que el tema no es prioridad para la mayoría actual.

Ese contexto genera ansiedad en hogares latinos que, desde hace 14 años, han seguido promesas de reforma migratoria sin resultados duraderos. La carta de los 63 representantes añade presión pública, pero no garantiza cambios inmediatos.

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