Norma de Trump dejaría sin salud a miles de trabajadores latinos

Una nueva norma federal exigirá que muchos adultos con Medicaid demuestren al menos 80 horas mensuales de trabajo, estudio, capacitación o voluntariado. La medida podría complicar la cobertura de miles de trabajadores agrícolas latinos con empleos temporales e ingresos informales.

El requisito forma parte de la ley One Big Beautiful Bill Act, firmada por el presidente Donald Trump. La mayoría de los estados deberá aplicarlo antes del 1 de enero de 2027, aunque algunos podrían hacerlo antes.

El cambio afecta a personas que ya trabajan, pero enfrentan dificultades para documentar sus horas. En el campo, los empleos suelen depender de las cosechas, el clima y los contratos de temporada.

¿Qué cambia con Medicaid en 2026?

Medicaid es un programa federal y estatal que cubre servicios de salud para personas con ingresos bajos. Cada estado administra el programa con reglas propias, dentro de parámetros establecidos por el gobierno federal. La nueva norma obligará a muchos adultos inscritos a demostrar 80 horas mensuales de actividad aprobada. Esa actividad puede incluir empleo, estudios universitarios, formación vocacional, voluntariado o trabajo no remunerado.

La exigencia se aplicará principalmente en 43 estados y Washington D.C. que ampliaron Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, conocida como Obamacare. El cambio no afecta por igual a todos los beneficiarios. Algunas personas estarán exentas, por ejemplo, menores de edad, adultos mayores, personas con ciertas discapacidades y quienes cumplan otros criterios definidos por cada estado.

Sin embargo, los trabajadores agrícolas podrían enfrentar barreras incluso cuando superen las 80 horas exigidas. El problema no siempre será trabajar, sino presentar documentos que comprueben ese trabajo. En muchos casos, la actividad agrícola se concentra en pocos meses. Fuera de temporada, algunas personas trabajan en jardinería, construcción, limpieza o reparaciones con pagos en efectivo.

¿Por qué preocupa a trabajadores agrícolas?

Estados Unidos depende de cerca de 2,9 millones de trabajadores agrícolas para producir y cosechar alimentos. Cerca de 60% son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura citados por KFF Health News. Más de 1 millón de esos trabajadores podrían reunir requisitos migratorios para Medicaid. Aun así, muchos tienen empleos temporales, cambian de estado o alternan trabajos formales e informales.

Los ingresos agrícolas varían durante el año. Una persona puede trabajar más de 80 horas mensuales durante la cosecha y tener menos empleo en invierno o entre contratos. La norma permite demostrar actividad con ingresos promedio durante 6 meses. Sin embargo, esa opción puede requerir recibos, comprobantes de pago y registros que no todos los trabajadores conservan.

Alexis Guild, de Farmworker Justice, advirtió que el requisito añade “más papeleo y más pruebas” para poblaciones que ya enfrentan obstáculos. La organización destaca que la inestabilidad laboral no significa falta de disposición para trabajar. El acceso a Medicaid ya presenta dificultades para esta población. Los horarios extensos, los traslados frecuentes y la falta de transporte limitan visitas médicas, renovaciones y entrega de formularios.

¿Qué impacto tendría sobre la salud?

El trabajo agrícola implica exposición a calor extremo, pesticidas, polvo, lesiones físicas y tareas repetitivas. Por eso, la continuidad de la cobertura médica es especialmente relevante para la prevención y el tratamiento temprano. Una encuesta realizada en California entre 2021 y 2022 encontró que 37% de los trabajadores agrícolas hombres y 47% de las mujeres tenían al menos 1 condición crónica. Estas cifras incluyen enfermedades respiratorias, dolor persistente y otros problemas de salud.

Cuando una persona pierde Medicaid, puede posponer chequeos, medicamentos o pruebas preventivas. Esa demora puede agravar condiciones que podrían tratarse con menos costo en etapas tempranas. Adriana Cadena, directora de Protecting Immigrant Families, advirtió que la falta de cobertura puede empujar a familias hacia salas de emergencia. Ese patrón aumenta costos y reduce la continuidad de la atención médica.

La norma también exigirá revisar la elegibilidad al menos 2 veces por año. Antes, muchos beneficiarios completaban este proceso 1 vez al año, por lo que aumentará el número de avisos y plazos a cumplir. Akeiisa Coleman, de The Commonwealth Fund, señaló que las cartas pueden extraviarse y los formularios pueden quedar sin completar. En esos casos, una persona puede perder cobertura aunque siga siendo elegible.