Sheinbaum advierte a empresas de EE. UU. que multan a migrantes en México

La advertencia de Sheinbaum a empresas de EE.UU. surgió el jueves 24 de septiembre de 2026, después de reportes sobre contratistas privados que buscarían localizar en México a personas deportadas y cobrarles multas migratorias. La presidenta afirmó que esas compañías no podrían operar en territorio mexicano sin permiso de la SRE.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las empresas estadounidenses?

Durante su conferencia matutina La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum negó que empresas privadas estadounidenses puedan realizar cobros migratorios en México sin autorización del Gobierno mexicano. “No podrían, no tendrían que poder; necesitan el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, declaró la presidenta, según Infobae México.

La mandataria agregó que la Embajada de Estados Unidos todavía no había informado oficialmente a su gobierno sobre la existencia de esos contratos. “Lo leí en los medios, pero no nos ha confirmado la Embajada si esto es cierto o no”, afirmó. Sheinbaum dijo que su administración buscará verificar la información antes de emitir una posición definitiva.

¿Qué contratos habría firmado CBP?

Según una investigación de Bloomberg, la CBP acordó pagar hasta $36 millones a 4 empresas privadas. Los contratos tendrían una duración de 2 años y buscarían localizar a personas deportadas en México, Honduras y Guatemala. Las compañías mencionadas son:

• Global Recovery Group.
• The Baptiste Group.
• Caduceus.
• Response AI Solutions.

Cada acuerdo tendría un valor máximo de $9 millones, de acuerdo con registros federales de contratación citados por Bloomberg. La CBP pretende recuperar aproximadamente $423 millones en multas y cargos que atribuye a más de 66,300 personas expulsadas de Estados Unidos.

Por otro lado, los contratistas buscarían confirmar dónde viven las personas deportadas y entregarles notificaciones sobre supuestas deudas. Bloomberg reportó que las empresas podrían utilizar registros de vivienda, servicios públicos, empleo y documentos judiciales para localizar a los destinatarios.

El objetivo no sería realizar arrestos migratorios, sino ubicar a las personas y entregarles avisos de cobro. Sin embargo, el alcance de sus actividades en México dependería de las leyes mexicanas y de cualquier autorización emitida por la SRE. Hasta ahora, no existe confirmación pública de que las empresas ya hayan comenzado operaciones en México. La información disponible se basa en registros de contratación y reportes periodísticos.

¿Qué implicaciones legales tendría operar en México?

La advertencia presidencial no equivale a una prohibición formal ni a una resolución judicial. Sheinbaum señaló que las empresas necesitarían permiso para realizar actividades oficiales en territorio mexicano.

La SRE, encabezada por Roberto Velasco, sería la dependencia encargada de autorizar o rechazar solicitudes de este tipo. También podrían intervenir otras autoridades mexicanas, dependiendo de si las empresas recopilan datos personales, visitan domicilios o entregan documentos.

La contratación por parte de una agencia estadounidense no autoriza automáticamente a una compañía a ejercer funciones en otro país. La operación transfronteriza debe ajustarse a las leyes locales y a los acuerdos aplicables.

¿Qué deben saber las personas deportadas?

Una notificación privada no equivale por sí sola a una orden judicial mexicana. Las personas que reciban una carta o visita deben verificar quién la emite y qué deuda reclama. También deben evitar entregar información personal o financiera sin confirmar la legitimidad del aviso. Antes de pagar o firmar documentos, pueden consultar a:

• Un abogado en México.
• Un abogado de inmigración en Estados Unidos.
• La autoridad consular correspondiente.
• Una organización de apoyo a personas deportadas.
• La SRE, si la actividad ocurre en territorio mexicano.

La existencia de una multa estadounidense puede depender de la orden de remoción, el procedimiento migratorio y las decisiones judiciales del caso. Por eso, no todas las personas deportadas tienen necesariamente la misma obligación.

El Gobierno de México buscará confirmar con la Embajada de Estados Unidos si los contratos existen y si alguna empresa ya intentó operar en el país. La SRE tendría que definir si autoriza cualquier actividad de localización o entrega de notificaciones.

Mientras tanto, las personas deportadas deben tratar cualquier aviso de cobro con cautela. La contratación de empresas privadas no elimina el derecho a conocer la base legal de una deuda ni las vías disponibles para impugnarla.

Entérate más en Nueva News