Crece presión en Doral para romper su acuerdo con ICE

La presión sobre el gobierno de Doral, Florida, para que termine su acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) creció esta semana. Exlegisladores, activistas y el alcalde de South Miami exigieron el martes que la ciudad se retire del programa federal 287(g).

El reclamo se da en una ciudad donde cerca del 70% de la población nació fuera de Estados Unidos. Doral también alberga a unos 27,000 residentes de origen venezolano, la mayor concentración fuera de Venezuela.

¿Qué es el acuerdo 287(g) que cuestionan?

El programa 287(g) permite a policías locales asumir funciones de aplicación de leyes migratorias federales, bajo supervisión de ICE. La Ley de Inmigración y Nacionalidad autoriza este mecanismo desde 1996.

El Concejo Municipal de Doral aprobó el convenio por unanimidad en abril de 2025. Documentos oficiales muestran que la ciudad quedó formalmente inscrita bajo el modelo Task Force el 7 de enero de 2026.

Romper el acuerdo no impediría que agentes federales operen dentro de Doral. Sin embargo, sí terminaría la participación de la Policía local prevista bajo ese mecanismo.

La alcaldesa dice que firmó bajo amenaza

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, reconoció esta semana que firmó el convenio bajo presión directa del gobernador Ron DeSantis y del fiscal general de Florida. Lo dijo en una entrevista con Telemundo 51.

Fraga explicó que una ley estatal de 2025 obligaba a los municipios a firmar el acuerdo. Señaló que se advirtió a funcionarios electos con destitución y a policías con la pérdida de sus credenciales si no cumplían.

La alcaldesa insistió en que la Policía de Doral no participa en operativos migratorios ni comparte datos de residentes con ICE. Envió una carta al fiscal general de Florida para pedir una determinación sobre el caso.

Críticas de exlegisladores y activistas

El exrepresentante federal Joe García calificó de indigna la decisión original de Doral. Dijo que la ciudad «pudo elegir tener compasión y eligió ser cruel».

La exsenadora estatal Annette Taddeo también criticó el acuerdo durante la protesta frente al Ayuntamiento. Afirmó que el programa «se vendió como seguridad pública, pero hizo lo opuesto».

El alcalde de South Miami, Javier Fernández, señaló que su ciudad nunca firmó el convenio 287(g). Aseguró que South Miami no ha sufrido repercusiones por esa decisión.

El marco legal detrás del debate

Los gobiernos federal y estatal tienen jurisdicción exclusiva sobre la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos. Por eso, cancelar un acuerdo 287(g) no cambia esas leyes ni detiene operativos de ICE.

Fraga ha repetido que derogar la resolución no modificaría las políticas federales de cumplimiento migratorio. Dijo que «la aplicación de las leyes de inmigración es una responsabilidad federal».

Florida ha impulsado activamente los convenios 287(g) en sus municipios en los últimos años. Esa política estatal explica, en parte, por qué varias ciudades del sur de Florida firmaron acuerdos similares al de Doral.

El impacto económico del temor

Negocios de Doral reportaron fuertes caídas en ventas mientras trabajadores y residentes evitan salir por miedo a un encuentro con agentes migratorios. Un restaurante local aseguró haber perdido hasta el 70% de sus ventas.

Otros comercios reportaron la pérdida de empleados, incluidas personas con permisos laborales vigentes. Algunos de esos trabajadores tenían procesos migratorios todavía pendientes ante las autoridades.

Fraga reconoció públicamente que existe «mucho temor» entre parte de la comunidad. Aclaró que la ciudad no recibe aviso previo sobre cuándo o dónde ICE realizará sus operativos.

Un fondo de emergencia para las familias afectadas

Ante la preocupación por las detenciones, el activista Carlos Eduardo Espina aportó 50,000 dólares para crear un fondo de emergencia. El dinero está destinado a familias de Doral que perdieron a su principal sostén económico por una detención o deportación.

El fondo es administrado por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC). Ofrece hasta 1,000 dólares por hogar para cubrir alquiler, alimentos, servicios públicos y cuidado infantil.

Iniciativas como esta buscan aliviar el impacto inmediato en las familias mientras continúa el debate político sobre el acuerdo. Representan, hasta ahora, la principal red de apoyo disponible para los hogares afectados.

¿Qué sigue para las familias de Doral?

El Concejo Municipal de Doral no ha anunciado una fecha para votar sobre la posible cancelación del acuerdo. Fraga espera todavía la respuesta del fiscal general de Florida sobre su consulta legal.

Las familias que necesiten apoyo económico inmediato pueden solicitar ayuda al fondo administrado por LULAC. Quienes enfrenten un posible contacto con ICE pueden además buscar orientación legal gratuita a través de organizaciones comunitarias de la zona.