Nueva Jersey cobrará a empresas con empleados en Medicaid

Nueva Jersey avanzó con un cobro a empresas cuyos empleados dependen de Medicaid. La medida abre un nuevo frente en el debate sobre quién debe pagar la atención médica de los trabajadores de bajos ingresos.

El plan ya genera interés en otros estados gobernados por demócratas. Sus impulsores dicen que busca mayor equidad fiscal, mientras el sector empresarial advierte sobre costos y posibles distorsiones laborales.

¿Qué aprobó Nueva Jersey?

La gobernadora Mikie Sherrill firmó la medida el martes por la noche. El estado cobrará a empleadores con al menos 50 trabajadores cubiertos por Medicaid, según la propuesta reportada. El presupuesto estatal calcula ingresos por 145 millones de dólares este año. La tarifa se aplicará por cada empleado y por cada dependiente cubierto por Medicaid, el programa conjunto federal y estatal.

Las cuotas empezarán en 325 dólares anuales para empresas con 50 a 249 beneficiarios. Llegarán a 725 dólares por trabajador en firmas con al menos 500 beneficiarios. Los demócratas estatales sostienen que el cobro ayuda a sostener Medicaid. Argumentan que los empleadores se benefician cuando parte de su plantilla recibe cobertura financiada por los contribuyentes.

¿Por qué ahora?

Los impulsores de la medida señalan cambios federales que pueden encarecer Medicaid. También prevén que más personas pierdan cobertura en los próximos años. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que más de 10 millones de personas no tendrán seguro para 2034 por la ley fiscal y de política pública firmada por Donald Trump. Esa norma exige trabajo, estudio o voluntariado para ciertos beneficiarios.

El senador estatal John Laird, de California, dijo que la presión financiera obliga a actuar. Sostuvo que los estados necesitan fórmulas nuevas para cubrir vacíos que dejan los cambios federales. California ya dio un paso parcial. Su legislatura aprobó una propuesta que pide estudiar opciones para cobrar a empleadores el próximo año.

¿Qué dicen las empresas?

El rechazo empresarial ha sido inmediato. La Asociación de Negocios e Industria de Nueva Jersey sostiene que el plan penaliza a empleadores por decisiones que no controlan. Christopher Emigholz, vocero del grupo, afirmó que un empleador no debería pagar más si un trabajador rechaza su seguro y prefiere Medicaid. Ese argumento concentra la crítica central del sector privado.

Los empresarios también temen mayores costos de contratación. Si la tasa se vuelve más amplia, algunas compañías podrían reducir personal o frenar expansiones en estados con reglas similares. El debate toca un punto sensible para los latinos en EE.UU. Muchos trabajan en sectores de bajos salarios, con horarios variables y beneficios limitados. Cualquier cambio en el costo laboral puede repercutir en sus oportunidades.

¿Qué alertan algunos progresistas?

No toda la oposición viene de la derecha. Algunos grupos de política pública de izquierda también cuestionan el cobro. Gideon Lukens, del Center on Budget and Policy Priorities, advirtió que el impuesto podría desincentivar la contratación de personas de hogares pobres o monoparentales. También dijo que las empresas podrían ajustar dónde operan o a quién contratan.

Lukens agregó que un cobro así puede empujar a algunos trabajadores a evitar Medicaid. Temen que inscribirse los vuelva menos atractivos para un empleador. La preocupación es más amplia que el costo fiscal. También involucra acceso, estabilidad laboral y estigmas sobre quién recibe ayuda pública.

¿Es una idea nueva?

No. Massachusetts ya probó un cobro similar en 2017. La tarifa llegó a 750 dólares por trabajador no discapacitado cubierto por Medicaid o por un plan subsidiado del mercado estatal. Ese programa arrancó en 2018, pero no se renovó al siguiente año. Maryland también ensayó una versión anterior en 2006, aunque acabó frenada en tribunales.

En ese caso, el conflicto llegó a Walmart y terminó con una decisión federal contra el estado. El juez consideró que la norma chocaba con una ley federal sobre planes de salud autoasegurados. La nueva ola de propuestas intenta evitar ese obstáculo legal. Por eso, algunas versiones ya no mencionan directamente esos planes de salud en la redacción legislativa.

¿Qué puede pasar después?

El modelo de Nueva Jersey puede convertirse en referencia. Si recauda lo esperado, otros estados podrían copiarlo para aliviar presión presupuestaria. Pero el riesgo político también es alto. Si suben los costos laborales o cae la contratación, los opositores lo usarán como prueba de que la medida daña empleo y competitividad.

Para los trabajadores, el impacto dependerá de la aplicación real. La ley de Nueva Jersey, además, excluye a empleados temporales, estacionales y de jornada parcial. Eso muestra que el estado intentó limitar efectos secundarios. También prohíbe decisiones laborales basadas en el estatus de Medicaid de una persona.

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