El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., impulsa una vía para facilitar indemnizaciones a personas con lesiones vinculadas a vacunas contra la COVID-19. La medida apunta a crear una tabla oficial de lesiones presuntas dentro del sistema federal de compensación, lo que podría reducir la carga de prueba para algunos solicitantes.
Hoy, la compensación por lesiones graves ligadas a contramedidas contra la pandemia pasa por el Programa de Compensación por Lesiones por Contramedidas, conocido como CICP. Ese programa existe bajo la ley PREP y se creo para compensar lesiones físicas graves o muertes causadas directamente por contramedidas cubiertas, incluidas las vacunas contra la COVID-19.
Los datos federales muestran por qué el debate volvió al centro de la discusión sanitaria. Hasta el 1 de junio de 2026, el sistema había recibido 14 152 reclamos relacionados con contramedidas contra la COVID-19, y 11 055 de ellos alegaban lesiones o muertes asociadas a vacunas contra la COVID-19.
¿Qué propone exactamente Kennedy Jr.?
La propuesta conocida hasta ahora plantea una tabla de lesiones para vacunas contra la COVID-19. Esa tabla enumeraría lesiones que, con base en evidencia médica y científica, serían presumidas como causadas por una contramedida cubierta si aparecen dentro de un plazo definido.
Ese cambio importa porque hoy muchas personas deben demostrar de manera individual la relación causal entre la vacuna y la lesión alegada. Si la lesión queda incluida en una tabla oficial, el acceso a compensación podría ser más directo para ciertos casos.
El sistema actual, además, está separado del programa tradicional de compensación por vacunas de rutina. En el caso de la COVID-19, la vía aplicable ha sido el CICP, porque las vacunas quedaron cubiertas por las declaraciones emitidas bajo la ley PREP durante la emergencia sanitaria.
El debate no implica que toda reacción adversa quede automáticamente reconocida. Más bien, la discusión gira sobre qué lesiones cuentan con suficiente evidencia para ser presumidas y en qué ventana temporal deben aparecer. Esa precisión es crucial en un tema de salud pública y de alto impacto legal. También lo es para las familias que llevan años intentando navegar un proceso técnico, lento y con umbrales probatorios exigentes.
Además, el propio diseño del CICP explica parte de la controversia. La ley PREP otorga inmunidad de responsabilidad a personas cubiertas, salvo por conducta dolosa, y a cambio establece este programa de compensación para lesiones graves o muerte.
¿Qué lesiones reconoce hoy la evidencia?
Los datos del gobierno ya permiten ver qué tipos de lesiones han sido compensadas. La tabla federal de reclamos pagados incluye, para vacunas contra la COVID-19, casos de miocarditis, miopericarditis, anafilaxia, angioedema, síncope, síndrome de Guillain-Barré, trombocitopenia trombótica y VITT.
La misma tabla muestra que, entre los reclamos compensados listados por HRSA, 60 corresponden a vacunas contra la COVID-19. Los montos varían ampliamente, desde pagos menores de $638,95 hasta uno de $5 942 538,84 por síndrome de trombocitopenia trombótica.
A la vez, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades explican que la miocarditis y la pericarditis tras vacunas de ARNm se reportaron de forma rara. Cuando se han reportado, ocurrieron con más frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes varones, pocos días después de la vacunación, y usualmente después de la 2.ª dosis.
¿Qué consecuencias puede tener para los pacientes?
Si la tabla se publica y entra en vigor, podría cambiar la ruta de miles de reclamantes potenciales. Una lista oficial de lesiones presuntas daría más previsibilidad jurídica y podría acelerar solicitudes que hoy dependen de peritajes complejos.
Sin embargo, también abriría una discusión mayor sobre el equilibrio entre compensación, confianza pública y comunicación sanitaria. En temas de vacunas, una redacción imprecisa puede alimentar temor injustificado o, al contrario, invisibilizar a personas con daños reales.
Los datos federales muestran que el sistema ya reconoció ciertos casos, pero en una proporción pequeña frente al volumen de reclamos presentados. Esa brecha ayuda a explicar por qué la posible reforma genera tanta atención entre pacientes, médicos, abogados y grupos de vigilancia sanitaria.
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Autor
Rosa VelaPeriodista egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especializada en la cobertura de coyuntura nacional, política y noticias deportivas.