San Diego frena a ICE: ya no podrá entrenar en campos de tiro locales

El condado de San Diego decidió terminar los contratos que permitían a ICE y CBP entrenar con armas en instalaciones locales. La Junta de Supervisores aprobó la medida por 3 votos contra 2, después de escuchar reclamos de residentes y organizaciones migrantes.

La decisión responde a las críticas contra la política de deportaciones y al uso de la fuerza durante operativos federales. Sin embargo, la medida enfrenta una disputa inmediata porque la jefa del alguacil anunció que CBP seguirá utilizando un campo específico.

¿Qué decidió la Junta de Supervisores?

La Junta ordenó al administrador del condado cancelar 3 acuerdos relacionados con instalaciones de entrenamiento. Uno permitía que CBP utilizara el Centro Regional de Entrenamiento con Armas de Fuego desde 2017. Otro autorizaba a ICE a usar ese mismo centro desde 2021.

El tercer convenio permitía a ICE entrenar en el campo de Miramar, una instalación de la Marina arrendada por el condado. Los convenios terminarán 10 días después de que el Gobierno federal reciba la notificación oficial del condado. La votación fue promovida por las supervisoras Terra Lawson-Remer y Paloma Aguirre. Ambas sostuvieron que los recursos locales no deben apoyar la campaña federal de deportaciones.

¿Por qué San Diego decidió terminar los contratos?

Los supervisores favorables a la medida dijeron que las operaciones migratorias federales deterioraron la confianza de las comunidades inmigrantes. Monica Montgomery Steppe afirmó que el condado no quiere convertirse en cómplice de esas acciones. Los residentes también cuestionaron que agentes federales entrenaran con armas en instalaciones financiadas y administradas localmente.

La región tiene más de 3 000 000 de habitantes y comparte una frontera muy transitada con México. Terra Lawson-Remer resumió la posición de los defensores con una frase: «Nuestra comunidad es un hogar, no un objetivo». Los funcionarios favorables a la medida también señalaron que el entrenamiento federal debe pagarse con fondos federales.

¿Qué dice la jefa del alguacil sobre CBP?

Kelly Martinez informó que ICE ya no podrá utilizar las instalaciones del alguacil para entrenamientos o calificaciones con armas. La jefa electa del alguacil justificó esa decisión por las preocupaciones expresadas durante meses por la comunidad.

Sin embargo, anunció que CBP continuará usando el Centro Regional de Entrenamiento con Armas de Fuego de Otay Mesa. Martinez explicó que CBP cumple funciones relacionadas con seguridad fronteriza, comercio y viajes internacionales. Esta posición contradice parcialmente la instrucción de la Junta de Supervisores. El desacuerdo podría generar una disputa legal y administrativa sobre quién controla el acceso al campo.

¿Qué impacto puede tener sobre la frontera?

Rodney Scott, director de CBP, afirmó que la agencia depende del campo para entrenar a 1 700 agentes. Según Scott, trasladar esas prácticas obligatorias podría reducir el personal disponible en los puertos de entrada.

La agencia advirtió que esa reducción podría aumentar las esperas para trabajadores, estudiantes y familias que cruzan diariamente. CBP también señaló que los agentes acumularon más de 3 300 horas de entrenamiento en el centro desde 2024.

Jim Desmond, supervisor que votó contra la medida, sostuvo que la capacitación conjunta fortalece la seguridad. «El ICE se ha excedido, pero se arregla con más entrenamiento», declaró. Los contratos representaban más de 120 000 dólares anuales para el condado, según reportes locales.

¿Qué significa la medida para los inmigrantes?

La decisión no elimina las facultades federales de ICE ni detiene sus operativos en San Diego. Tampoco convierte al condado en una jurisdicción que pueda impedir por completo las acciones federales. Su efecto directo se limita al uso de instalaciones locales para entrenamiento y certificación de armas.

Para la comunidad latina, el cambio tiene un valor principalmente político y simbólico. Los supervisores buscan demostrar que las policías locales no forman parte automáticamente de la aplicación migratoria federal. Las personas inmigrantes deben continuar conociendo sus derechos y preparar un plan familiar ante posibles operativos.

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