Tribunal rechaza política de deportación a terceros países de Trump
El Primer Circuito exige un aviso previo y una oportunidad real de objetar antes de enviar a inmigrantes a países distintos del suyo.
Un panel de 3 jueces del Primer Circuito de Apelaciones falló el 18 de septiembre de 2026 contra la política de deportación a terceros países de la administración de Donald Trump. La decisión confirmó en gran medida un fallo de un tribunal federal de Massachusetts que había declarado ilegal la norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
¿Qué es la deportación a terceros países?
La deportación a terceros países ocurre cuando una persona es enviada a un país distinto de aquel del que es ciudadana o donde vivió previamente. Esta opción puede utilizarse cuando el país de origen no acepta recibirla o cuando el gobierno estadounidense alcanza acuerdos con otra nación.
La política cuestionada permitía que las autoridades migratorias enviaran a personas a esos países sin informarles previamente el destino específico. Tampoco les garantizaba una oportunidad efectiva para explicar si enfrentaban persecución o tortura en el lugar de traslado.
El DHS había sostenido que las garantías ofrecidas por los gobiernos receptores eran suficientes. Sin embargo, el tribunal concluyó que esas promesas no sustituyen el derecho de la persona a conocer el destino y presentar una objeción.
¿Qué decidió el tribunal de apelaciones?
El juez Seth Aframe escribió la opinión unánime del panel. El tribunal señaló que el derecho a impugnar un traslado pierde valor si la persona no recibe aviso previo ni una oportunidad real de cuestionar el destino.
“Afrontar una deportación hacia un país por temor a persecución tiene poco sentido si la persona no conoce previamente el destino previsto”, escribió Aframe, según el fallo citado por POLITICO.
La corte también rechazó el argumento del DHS de que la ley permitía una excepción especial para los traslados a terceros países. El panel concluyó que las leyes y reglamentos migratorios ya establecen procedimientos para evaluar reclamos basados en temor de persecución.
¿Qué derechos tienen las personas antes del traslado?
La decisión exige que las personas reciban una notificación efectiva sobre el país al que serían enviadas. Además, deben contar con una oportunidad significativa para presentar un reclamo basado en temor razonable de persecución o tortura.
El tribunal consideró insuficiente un aviso de aproximadamente 24 horas en los casos cubiertos por la política. La decisión no impide todas las deportaciones a terceros países, pero sí limita los traslados realizados sin las garantías procesales exigidas.
El fallo no establece una prohibición absoluta sobre esos traslados. El gobierno puede continuar deportando a una persona a un tercer país si cumple con los procedimientos legales, informa el destino y permite presentar un reclamo válido.
La decisión sí impide que el DHS aplique la política de forma automática y sin una revisión individual. Las autoridades deberán considerar si la persona enfrenta un riesgo concreto en el país receptor. La organización American Immigration Council explica que estos traslados plantean preguntas legales sobre protección contra la persecución y la tortura.
¿Qué había resuelto el tribunal inferior?
En febrero de 2026, un juez federal de Massachusetts determinó que la política del DHS era ilegal. El gobierno apeló esa decisión y solicitó mantener la posibilidad de realizar los traslados mientras continuaba el litigio.
La Corte Suprema había permitido temporalmente que la administración siguiera con algunas expulsiones mientras revisaba el caso. Sin embargo, esa autorización provisional no eliminó el proceso de apelación ni resolvió definitivamente la legalidad de la política.
El fallo del Primer Circuito confirma en gran medida la decisión del tribunal inferior y representa un nuevo obstáculo judicial para la estrategia migratoria de la Casa Blanca.
El gobierno puede solicitar al Primer Circuito una revisión adicional o pedir a la Corte Suprema que intervenga. También puede modificar la política para incluir avisos y procedimientos compatibles con la decisión. La Casa Blanca podría intentar llevar nuevamente el litigio ante el máximo tribunal federal. Mientras tanto, las autoridades migratorias deberán aplicar la política dentro de los límites establecidos por el fallo.
¿Qué deben saber las personas con órdenes de deportación?
La decisión no cancela las órdenes de deportación ni concede automáticamente un estatus migratorio. Su efecto principal es exigir un procedimiento antes de enviar a una persona a un tercer país.
Quienes reciban una notificación de traslado deben revisar el destino indicado y comunicar de inmediato cualquier temor de persecución, tortura o peligro. El siguiente paso dependerá de la respuesta del gobierno y de una posible revisión de la Corte Suprema.
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