Niños migrantes quedan sin ayuda legal: ¿qué está pasando?

Más de 24 000 niños migrantes no acompañados podrían enfrentar procesos de deportación sin ayuda legal en Estados Unidos. El contrato federal que financiaba a los abogados que los defienden expiró el 31 de julio de 2026 sin que la administración de Donald Trump lo renovara.

La disputa comenzó cuando la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) retuvo los pagos a las organizaciones civiles. Según el Acacia Center for Justice, la entidad que coordiona estos servicios, el gobierno adeuda cerca de 65 millones de dólares por trabajo ya realizado.

Para la comunidad latina y los defensores de derechos humanos, esta situación representa una emergencia humanitaria. Sin un abogado, los niños más vulnerables tienen mínimas posibilidades de ganar sus casos en las cortes de inmigración.

¿Por qué el gobierno dejó de pagar?

El conflicto gira en torno a la información confidencial de los menores. Según NPR, la ORR exigió a los abogados entregar datos específicos sobre los niños a los que representan para poder liberar los pagos retenidos. Las organizaciones civiles se negaron rotundamente a compartir esos expedientes. Los defensores legales argumentan que entregar esa información violaría el privilegio entre abogado y cliente, un principio básico del derecho en Estados Unidos.

“El gobierno retiene el pago por el trabajo que ya se realizó para extraer información confidencial sobre los niños, información a la que el gobierno no tiene derecho”, denunció públicamente el Acacia Center for Justice. Por su parte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) afirma que ofreció renovar el contrato bajo nuevas condiciones. Un portavoz del HHS señaló a ABC News que exigían a Acacia reportar a quiénes representaban y facturar al momento de solicitar ayuda migratoria, pero la organización rechazó esa propuesta.

¿Qué pasa con los niños en la corte?

Las leyes de inmigración de Estados Unidos son unas de las más complejas del país. Karina Ramos, directora de defensa en Immigrant Defenders Law Center (ImmDef), advirtió que un niño sin abogado enfrenta un camino directo hacia la deportación. “Un niño que tenga el mejor caso de inmigración para poder quedarse en Estados Unidos, no va a ganar su caso si no hay alguien presentando su aplicación frente a un juez”, explicó Ramos.

Cuando un niño llega solo a la frontera, es transferido a la custodia de la ORR. Desde ese instante, entra formalmente en un proceso de deportación, aunque haya huido de la violencia o sea víctima de tráfico humano. Además de asistencia en tribunales, las organizaciones civiles proveen trabajadores sociales. Estos profesionales ayudan a los niños a lidiar con traumas severos mientras navegan por un sistema judicial que no comprenden.

Ahora, los jueces de inmigración y las autoridades federales están presionando a los menores para que firmen su salida voluntaria de Estados Unidos. Esta práctica, conocida como “autodeportación”, aumenta cuando el menor no tiene asesoría legal que defienda sus opciones.

¿Qué impacto tiene esta crisis legal?

La falta de fondos no afecta a una sola organización, sino a una red nacional. El contrato original financiaba a casi 100 grupos de servicios legales distribuidos en todo el país, quienes brindaban defensa gratuita a los menores. ImmDef, por ejemplo, representa a unos 1 500 niños, principalmente en California. La mayoría de los menores afectados se concentra en estados con alta población migrante como Florida, Nueva York, Texas y Pensilvania.

La paralización de los pagos ya provocó recortes de personal en estas agrupaciones. Sin recursos federales, las organizaciones civiles advierten que el sistema de defensa pro bono colapsará, dejando a los niños en total indefensión. El asunto ya llegó a los tribunales. Una coalición de proveedores legales presentó una moción de emergencia buscando obligar al gobierno a reanudar los pagos. Un juez federal programó una audiencia para resolver esta disputa el próximo 6 de agosto.

Para las familias de los migrantes, la situación es crítica. Cambiar de abogado o intentar que uno nuevo asuma el caso tomaría meses, ya que los nuevos defensores tendrían que familiarizarse con expedientes sumamente complejos. El Congreso aprobó por primera vez esta ayuda de manera bipartidista hace casi 20 años. Eliminarla cambia radicalmente las reglas del juego y deja el futuro de los niños más vulnerables en manos de cortes de inmigración aceleradas.

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