Acusan a ICE de detenciones por “apariencia latina” e insultos racistas

Una demanda presentada ante una corte federal de Los Ángeles reveló nuevas evidencias contra agentes migratorios. El caso incorpora grabaciones, videos de cámaras corporales y testimonios de migrantes afectados.

Este material forma parte de un proceso legal que cuestiona directamente la actuación de ICE. Los operativos investigados se realizaron específicamente en distintas zonas del sur de California.

La acción judicial fue promovida por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). La organización sostiene que agentes migratorios habrían utilizado expresiones racistas contra personas de apariencia latina.

Detenciones basadas en presuntos perfiles raciales

Según la demanda, estas detenciones también estarían motivadas por perfiles raciales específicos. El caso fue presentado ante la Corte Federal del Distrito Central de California el pasado 28 de julio.

Este litigio forma parte de un proceso legal iniciado desde el verano pasado contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Distintas organizaciones civiles buscan que se revisen las prácticas actuales de detención migratoria.

Estas prácticas, según los demandantes, derivan frecuentemente en arrestos basados únicamente en la apariencia o el origen étnico de las personas detenidas.

Cinco demandantes y cuatro organizaciones civiles

La demanda, identificada como Vasquez Perdomo v. Mullin, fue promovida por cinco demandantes individuales junto a cuatro organizaciones civiles. Entre ellas figuran Los Angeles Worker Center Network y United Farm Workers.

También participan la Coalition for Humane Immigrant Rights y el Immigrant Defenders Law Center en esta acción legal conjunta. El recurso impugna directamente las políticas del DHS relacionadas con las redadas migratorias.

Entre los principales señalamientos figuran detenciones generalizadas por motivos raciales y arrestos realizados sin orden judicial correspondiente.

Condiciones cuestionadas en el centro de detención B-18

La demanda también cuestiona las condiciones de retención en el centro de detención B-18, ubicado en el centro de Los Ángeles. Los demandantes calificaron estas condiciones como inhumanas durante el proceso judicial.

Según el documento presentado, muchas personas detenidas no habrían tenido acceso adecuado a representación legal durante su retención. Esta situación agrava aún más las acusaciones presentadas ante el tribunal federal.

De acuerdo con los grupos demandantes, el material entregado a la corte refuerza la hipótesis sobre detenciones basadas en apariencia física, sin sospechas específicas verificables.

Términos ofensivos bajo revisión judicial

Entre las pruebas presentadas destacan mensajes y audios donde aparecen expresiones consideradas ofensivas por su carácter discriminatorio. Estos términos se han utilizado históricamente contra la comunidad migrante latina.

Según la demanda, uno de estos términos sería una abreviación de un insulto usado tradicionalmente contra inmigrantes mexicanos indocumentados. La expresión hace referencia despectiva a quienes cruzaban la frontera por agua.

Con el tiempo, esta palabra adquirió una connotación claramente discriminatoria dentro del contexto de los operativos migratorios documentados en la demanda.

Otro término asociado a un objeto de uso policial

Otro término identificado en los mensajes revisados por los abogados demandantes estaría asociado al sonido producido por un objeto policial. Según el expediente, esta palabra se relaciona con el golpe de una linterna durante una detención.

Este término fue considerado durante años como un insulto racial dentro de las propias filas de la Patrulla Fronteriza. Incluso la agencia ha señalado su uso como inapropiado en distintas ocasiones anteriores.

La demanda también hace referencia a mensajes de texto intercambiados entre agentes durante 2018 y 2019, donde aparecen insultos similares documentados anteriormente.

La postura de ACLU sobre las evidencias

Para la ACLU, las evidencias presentadas resultan fundamentales para sustentar completamente el caso legal. Mayra Joachín, abogada de la organización, ofreció declaraciones directas sobre la relevancia del material recopilado.

“Esta evidencia es crítica”, afirmó Joachín en entrevista con N+ Univisión. La abogada sostuvo que los agentes migratorios buscan específicamente a personas que parecen latinas o trabajadoras.

Según la representante legal, los agentes detienen personas simplemente por encontrarse en determinadas zonas geográficas, sin evidencia previa de irregularidad migratoria específica.

Solicitud formal ante la jueza federal

Las organizaciones que impulsan la demanda solicitaron formalmente a la jueza federal establecer límites claros sobre estas prácticas. Piden específicamente que los agentes no puedan detener a personas únicamente por su apariencia latina.

Esta solicitud busca crear un precedente legal importante para futuros operativos migratorios en la región. El resultado de esta petición podría influir directamente en la manera en que ICE realiza sus detenciones.

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional ofreció su propia versión de los hechos ante los señalamientos presentados.

La respuesta oficial del DHS

Consultado por N+ Univisión, el Departamento de Seguridad Nacional respondió a las acusaciones presentadas en la demanda. La agencia aseguró que sus agentes priorizan proteger al pueblo estadounidense durante sus operativos.

El DHS rechazó lo que calificó como “falsas indignaciones” relacionadas con el caso presentado ante la corte federal. Esta respuesta contrasta directamente con las evidencias documentadas por los demandantes.

La disputa entre ambas versiones deja abierto un debate legal complejo que ahora deberá resolver el sistema judicial federal correspondiente.

Un proceso judicial que continúa bajo revisión

El uso de las expresiones señaladas y su posible relación con conductas discriminatorias permanecerá bajo revisión judicial en las próximas semanas. La corte deberá determinar el alcance real de las acusaciones presentadas.

Este caso podría convertirse en un precedente relevante para futuras demandas similares contra prácticas de perfilamiento racial. Distintas organizaciones civiles observan de cerca el desarrollo de este proceso legal.

Por ahora, la comunidad latina del sur de California permanece atenta al desenlace de esta demanda, mientras el sistema judicial evalúa la legalidad de las prácticas utilizadas durante los operativos migratorios recientes.