ICE detiene a más de 12,000 personas con datos de menores migrantes

ICE arrestó a más de 12 000 personas tras recibir información vinculada con menores migrantes no acompañados. La práctica ha encendido alarmas entre defensores de derechos humanos y familias que buscaban reunificación.

La investigación de Reuters señala que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, conocida como ORR, compartió más de 460 000 informes con ICE desde enero de 2025. Ese flujo de datos incluye a menores, patrocinadores y miembros del hogar.

El caso abre una discusión sensible para familias latinas en Estados Unidos. La información que antes servía para proteger a niños migrantes ahora puede terminar en manos de la agencia encargada de arrestos y deportaciones.

¿Cómo funciona hoy el sistema con menores no acompañados?

Según la ley vigente, un menor que cruza solo la frontera es detenido por CBP y luego trasladado al Departamento de Salud y Servicios Humanos en un máximo de 72 horas. La ORR se encarga de su cuidado temporal.

Ese sistema nació para garantizar refugio, evaluación y reunificación segura. La ORR investiga si hay familiares o tutores aptos en el país antes de entregar al menor.

Durante años, la prioridad fue ubicar al menor en el entorno menos restrictivo. La ley de 2008 buscó que no pasara automáticamente a custodia migratoria solo por la situación legal de su familia.

Pero la administración Trump adoptó un enfoque distinto. Los datos revisados por Reuters muestran que la ORR ha compartido pistas sobre menores, patrocinadores y otros integrantes del hogar con ICE.

Eso deja expuestas a casi medio millón de personas que participaron en reunificaciones. En muchos casos, los patrocinadores eran padres o familiares que solo querían sacar a un menor de un albergue.

¿Qué cambió con la administración Trump?

La gran diferencia está en el uso de datos. Antes, la información sobre patrocinadores servía para reunir familias. Ahora, según Reuters, también se usa para abrir investigaciones migratorias. Jen Smyers, exsubdirectora de la ORR durante la administración Biden, dijo que las políticas de protección se revirtieron por completo. Aseguró que el programa infantil fue “instrumentalizado” para impulsar deportaciones.

La ORR respondió que no participa en detenciones de menores y remitió las preguntas sobre aplicación de la ley al DHS. La agencia matriz de ICE sostuvo que busca localizar a niños colocados con tutores no verificados. El DHS agregó que algunos tutores tenían antecedentes penales.

Sin embargo, la investigación señala que el alcance actual del intercambio de datos es mucho mayor que en etapas anteriores. Ese cambio preocupa porque altera la confianza en el sistema. Muchas familias entregaron datos pensando que protegían a sus hijos, no que abrían la puerta a un arresto.

¿Qué casos muestran el impacto humano?

Aurora llegó de forma irregular a Estados Unidos hace 2 años. Dejó a su hija Katia en México, creyendo que era demasiado pequeña para el viaje. La niña cruzó después, con ayuda de familiares, para reunirse con su madre. Aurora entregó documentos, ADN y pruebas de ausencia de antecedentes para liberar a Katia de un albergue.

Tras 6 meses de trámites, madre e hija finalmente se reencontraron. Pero unos días después fueron detenidas por ICE y enviadas a un centro de detención familiar en Texas. Después de salir, Aurora recibió un monitor electrónico en el tobillo. También quedó obligada a presentarse periódicamente ante las autoridades migratorias mientras su caso sigue en corte.

El golpe no terminó allí. Mientras estaba bajo custodia, su casero en Mississippi la desalojó y tiró sus pertenencias. Luego, la familia se mudó a California para seguir el proceso. Aurora dijo que su hija despierta llorando por las noches, creyendo que aún sigue detenida. Ese tipo de trauma infantil preocupa a especialistas en salud mental y derecho migratorio.

¿Por qué esta práctica genera tantas críticas?

Los defensores de inmigrantes dicen que el sistema castiga a quienes buscaron reunirse con sus hijos. El problema central es la ruptura de confianza entre familias y autoridades de bienestar infantil. Marleny vivió algo similar. Su hijo Victor cruzó solo, pasó 4 meses bajo custodia de la ORR y luego fue liberado la noche anterior a cumplir 18 años.

Para liberar a su hijo, Marleny entregó declaraciones de impuestos, huellas dactilares y documentos familiares. Dos meses después, ICE la arrestó a punta de pistola junto a su pareja. La escena fue traumática. Marleny dijo que ver las armas le recordó la violencia que dejó en Guatemala. Su hijo quedó a cargo de un hermano pequeño y sin apoyo estable.

Alexa Sendukas, abogada del Proyecto de Representación de Inmigrantes de Galveston-Houston, explicó que ya han visto muchos arrestos colaterales. Es decir, detenciones de tutores y padres que terminan afectando a los menores. Otro dato agrava el panorama. En los últimos 12 meses, más de 800 000 menores enfrentaron procesos de deportación en tribunales migratorios, y más del 59% no tenía abogado, según el Instituto Vera.

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