Tribunal rechaza detención obligatoria de inmigrantes sin audiencia de fianza

El Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito determinó el 28 de agosto de 2026 que ICE no puede mantener detenidos sin audiencia de fianza a inmigrantes que han vivido durante años en Estados Unidos. La jueza Patty Shwartz escribió la opinión mayoritaria en los casos Buele Morocho contra Warden Philadelphia FDC y Lopes De Andrade contra Director Philadelphia Field Office Immigration. El fallo aplica de inmediato en Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Además, representa el octavo revés judicial para esta política migratoria desde 2025.

¿Qué decidió el tribunal sobre la detención de inmigrantes sin audiencia?

La Corte de Apelaciones del Tercer Circuito determinó que la interpretación del gobierno sobre la Ley de Inmigración y Nacionalidad, conocida como INA, es incorrecta. El tribunal concluyó que negar a ciertos inmigrantes la oportunidad de solicitar una audiencia de fianza ante un juez vulnera las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda de la Constitución.

La opinión mayoritaria fue escrita por la jueza Patty Shwartz, nombrada por el expresidente Barack Obama, con el respaldo del juez Theodore McKee, designado por el expresidente Bill Clinton. El fallo se emitió en los casos Buele Morocho contra Warden Philadelphia FDC y Lopes De Andrade contra Director Philadelphia Field Office Immigration. Así lo establecen los documentos judiciales.

El tribunal ordenó la liberación de Gabriel Antonio Buele Morocho y Wanderson Lopes De Andrade, quienes habían sido detenidos sin audiencias de fianza. Ambos hombres llevaban años residiendo en el país antes de ser arrestados por ICE.

¿Qué establece la ley migratoria sobre estos casos?

El conflicto legal gira en torno a dos secciones distintas de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La sección 1225(b)(2)(A) exige detención obligatoria únicamente para quienes son «solicitantes de admisión» y están actualmente «buscando admisión» al país. Es decir, personas detenidas en la frontera o en puertos de entrada.

La sección 1226(a), en cambio, permite arrestar y detener a un inmigrante mientras se decide si debe ser removido. Sin embargo, la detención bajo esta norma es discrecional. El tribunal razonó que una persona que cruzó la frontera hace años y ha vivido en el país desde entonces no está «buscando admisión» en el sentido activo que exige la ley.

Por lo tanto, estos inmigrantes deben ser procesados bajo la sección 1226(a). Esto los hace elegibles para solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración. La corte aplicó la prueba de equilibrio establecida en el caso Mathews contra Eldridge. Determinó que el interés de los peticionarios en evitar la detención física supera el interés del gobierno, dado su largo tiempo de residencia y la ausencia de antecedentes penales.

¿Por qué discrepó la jueza designada por Trump?

La jueza Jennifer Mascott, designada por el expresidente Trump, emitió un voto disidente en el fallo. Argumentó que permitir audiencias de fianza para personas que entraron al país sin ser detectadas, mientras se aplican reglas distintas a quienes se presentan en los puertos de entrada, resulta contrario a la lógica de la legislación migratoria.

El Departamento de Justicia sostiene una posición contraria a la de los tribunales que han rechazado su interpretación. La agencia federal considera que su postura legal terminará prevaleciendo, según se indicó durante el litigio.

¿Cuál es el contexto de esta política migratoria de Trump?

La administración Trump comenzó a aplicar esta interpretación de la ley en 2025. Antes, durante décadas, los inmigrantes que ya vivían en Estados Unidos podían acceder a audiencias de fianza en determinadas circunstancias. Actualmente, la política se ha convertido en un elemento clave de la estrategia de deportaciones masivas del gobierno.

Los defensores de los inmigrantes sostienen que eliminar la posibilidad de fianza facilita las deportaciones. Dicen que una persona detenida sin oportunidad de pedir su liberación puede optar por aceptar su expulsión en lugar de permanecer bajo custodia. Así, podría evitar pelear su caso migratorio ante el Tribunal de Inmigración, conocido como EOIR.

La política ha provocado una ola de demandas en tribunales federales. En Filadelfia, por ejemplo, se han presentado más de 1 100 peticiones de habeas corpus desde septiembre de 2025. En contraste, hubo apenas 11 entre 2020 y 2024, de acuerdo con información citada por el Philadelphia Inquirer.

¿Dónde aplica el fallo y qué sigue ahora?

La decisión del Tercer Circuito se convierte en precedente vinculante únicamente dentro de su territorio de jurisdicción: Delaware, Nueva Jersey, Pensilvania y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Sin embargo, el fallo no significa que todas las personas detenidas por ICE tengan derecho automático a quedar libres.

Lo que el tribunal cuestiona es la aplicación de una política que impide, de manera general, que ciertos inmigrantes que viven desde hace años en el país puedan acudir ante un juez para argumentar por qué deberían ser liberados bajo fianza. Por ello, un juez de inmigración seguirá evaluando individualmente el riesgo de fuga o peligro de cada persona, conforme al criterio establecido en el caso Matter of Guerra. Ningún resultado está garantizado de antemano.

La fianza mínima bajo la sección 1226(a)(2)(A) es de $1 500, aunque los jueces frecuentemente fijan montos superiores. Los pagos se realizan a través del sistema CeBONDS de ICE mediante el Formulario I-352. Además, la persona que paga generalmente debe ser ciudadana estadounidense o residente permanente legal.

Este fallo representa el octavo de este tipo emitido por una corte federal de apelaciones. Solo los circuitos quinto y octavo han respaldado hasta ahora la interpretación de la administración, según recuentos citados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, conocida como ACLU.

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