ICE invierte $57.1 millones en empresas que rastrean a inmigrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) destinó nuevos pedidos por 57.1 millones de dólares a 14 empresas privadas dedicadas a localizar inmigrantes. La agencia federal colocó estos contratos esta semana, en medio de la intensificación de redadas migratorias en todo el país, según registros revisados por el medio especializado Project Salt Box.

¿En qué consiste el rastreo de inmigrantes?

Estas compañías realizan una labor conocida como «skip tracing», una técnica usada tradicionalmente por cobradores de deudas para localizar a personas difíciles de encontrar. Los contratistas buscan direcciones y lugares de trabajo mediante registros públicos, bases de datos comerciales y fuentes disponibles en internet.

Una vez que identifican una posible dirección, los contratistas pueden hacer verificaciones presenciales. Esto incluye tomar fotografías de viviendas o centros laborales, imágenes que después entregan a ICE como evidencia para futuros operativos.

Los nuevos pedidos son casi el triple de los montos asignados anteriormente. Constellation, por ejemplo, pasó de recibir un contrato de 767,468.75 dólares a otro de 2.3 millones de dólares.

El contrato más grande y la polémica de Capgemini

Enprovera, otra de las compañías beneficiadas, aumentó su contrato de 34,552 a 103,656 dólares. El pedido individual más alto, de 14.5 millones de dólares, fue para la firma francesa Capgemini Government Solutions.

Capgemini ha estado en el centro de la controversia. Su matriz en Francia anunció días atrás la venta de esta filial estadounidense, tras la presión pública por su vínculo con las operaciones de rastreo de ICE.

La empresa argumentó que las restricciones legales de los contratos gubernamentales le impedían supervisar completamente las operaciones de su subsidiaria. Otras compañías con vínculos similares también han enfrentado boicots y críticas públicas en semanas recientes.

Incentivos económicos por cada persona localizada

Este nuevo paquete de contratos llega poco después de que se revelara a inicios de año que ICE había firmado acuerdos con 13 empresas por hasta 1,200 millones de dólares en un plazo de dos años. Esos contratos incluían bonos económicos por la rapidez y la cantidad de personas localizadas.

Entre las compañías contratadas también hay tres que realizan controles de seguridad para menores inmigrantes no acompañados. Response AI Solutions, por su parte, tiene un contrato adicional para cobrar multas a personas que ya fueron deportadas.

El uso de skip tracing no es una práctica que ICE haya utilizado antes a esta escala, según reportes de medios especializados en contratación federal.

El marco legal detrás del rastreo privado

ICE, agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), puede contratar servicios privados para apoyar sus labores de localización y deportación sin necesidad de una orden judicial previa. Estos contratistas no tienen autoridad para arrestar, pero sí para recopilar y entregar información a los agentes federales.

Abogados de organizaciones de derechos civiles señalan que las personas conservan protecciones básicas frente a estas prácticas. Un abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) explicó que los contratistas y agentes pueden acceder a áreas públicas, pero no a espacios privados sin consentimiento o una orden firmada por un juez.

Una comunidad en alerta por el rastreo digital

Organizaciones de asistencia legal en distintos estados han comenzado a orientar a las familias inmigrantes sobre cómo proteger su privacidad digital ante estas nuevas herramientas. Recomiendan limitar la información personal compartida en redes sociales y evitar abrir la puerta sin verificar una orden judicial.

Grupos de defensa legal insisten en que ni las personas indocumentadas ni sus familiares están obligados a responder preguntas sobre su estatus migratorio sin la presencia de un abogado. Tampoco deben firmar documentos sin haber recibido antes asesoría legal.

La preocupación crece particularmente entre familias con hijos ciudadanos estadounidenses, que temen que el rastreo de direcciones y lugares de trabajo derive en la separación del núcleo familiar.

¿Qué pueden hacer las personas inmigrantes ahora?

Especialistas en inmigración recomiendan a las personas sin estatus legal verificar la seguridad de su información en registros públicos y consultar con un abogado de inmigración sobre su situación particular. Varias clínicas legales ofrecen orientación gratuita y confidencial en inglés y español.

Las familias también pueden preparar un plan de emergencia con contactos de confianza y documentos importantes, ante la posibilidad de un encuentro con agentes de ICE. La expansión de estos contratos indica que las labores de rastreo continuarán intensificándose en los próximos meses.