Honduras pide apoyo urgente a EE.UU. para salvar el TPS

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, envió una carta directa al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. En ella le pide apoyo personal y diplomático para proteger a los migrantes hondureños con TPS. El Estatus de Protección Temporal está en riesgo tras un fallo reciente de la Corte Suprema estadounidense. La decisión abre la puerta a la revocación de este amparo para miles de familias.

En la carta, Asfura destacó la solidez de la relación entre ambos países. Escribió que “Honduras valora profundamente su relación de amistad, cooperación y confianza con los Estados Unidos”. También subrayó que ambas naciones comparten intereses comunes en seguridad y migración ordenada. El tono del mensaje combina respeto institucional con urgencia humanitaria.

El pasado 25 de junio, el Gobierno hondureño anunció el inicio de una ofensiva diplomática de “alto nivel”. La decisión llegó tras el fallo del Supremo estadounidense que avala la revocación del TPS. La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado tomando nota de la sentencia. El fallo fue aprobado por seis votos a favor y tres en contra.

Un fallo que cambia el escenario jurídico regional

La resolución del Tribunal Supremo fue emitida en casos relativos a Haití y Siria. En términos directos, no resuelve el proceso concerniente a Honduras. Sin embargo, Asfura advirtió que configura “un nuevo escenario jurídico” con implicaciones para su país. Por eso considera indispensable reforzar la coordinación bilateral con Washington.

El fallo permite retirar el amparo a unos 350.000 haitianos y 6.100 sirios en Estados Unidos. Aunque Honduras no es mencionada directamente, el precedente es claro y preocupante. Las mismas herramientas legales ahora validadas podrían aplicarse a otros grupos con TPS. Entre ellos, decenas de miles de hondureños que viven en territorio estadounidense.

En su carta, Asfura fue cuidadoso en el lenguaje utilizado. Reconoció “plenamente el carácter temporal del TPS” y respetó la soberanía de las instituciones estadounidenses. Sin embargo, dejó clara la necesidad de explorar alternativas jurídicas disponibles. El objetivo es proteger a las familias hondureñas mediante vías diplomáticas y administrativas.

Décadas de vida construidas en Estados Unidos

El presidente hondureño puso rostro humano a las cifras de la crisis migratoria. Señaló que los afectados han vivido y trabajado durante más de dos décadas en Estados Unidos. Han contribuido a la economía, creado empresas, adquirido viviendas y formado familias. Muchos tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses por nacimiento.

Esta realidad complica cualquier proceso de deportación masiva. Separar a estas familias implicaría consecuencias devastadoras en ambos lados de la frontera. Asfura advirtió que “una transición abrupta podría provocar separación familiar y pérdida repentina de empleos”. También mencionó interrupciones educativas, afectaciones patrimoniales y dificultades operativas para ambos gobiernos.

El mandatario apeló a la lógica práctica, no solo a la humanitaria. Una deportación masiva y abrupta generaría caos administrativo para las autoridades de ambos países. La coordinación entre gobiernos se volvería inmanejable sin un periodo de transición ordenado. Este argumento busca que Washington vea en la gradualidad un beneficio propio.

Honduras pide un período de transición digno y ordenado

El núcleo de la carta es una solicitud concreta y delimitada. Asfura pidió a Rubio su apoyo para gestionar un “periodo adicional razonable de transición ordenada”. También mencionó la posibilidad de cualquier otro mecanismo administrativo con efectos equivalentes. La petición está formulada dentro del marco de la legislación estadounidense vigente.

El presidente también abogó por medidas específicas para los afectados durante ese período. Pidió que los migrantes hondureños reciban asesoría legal calificada y especializada. Que determinen si son elegibles para otras vías migratorias disponibles en la ley estadounidense. Y que tengan tiempo suficiente para poner en orden sus asuntos familiares, laborales y patrimoniales.

Para quienes deban regresar, Honduras pide que el proceso sea coordinado, digno y seguro. No una deportación forzosa sino un retorno planificado con tiempo y recursos adecuados. Esta distinción es importante tanto para la dignidad de los migrantes como para la capacidad de recepción del país centroamericano.

Continuidad laboral como clave de la transición

Uno de los puntos más específicos de la carta tiene que ver con los permisos de trabajo. Asfura solicitó que, en la medida permitida por la legislación, se mantenga temporalmente la continuidad de las autorizaciones de empleo. Esta medida, dijo, “evitaría dislocaciones laborales innecesarias” durante el proceso.

Además, favorecería el cumplimiento voluntario por parte de los afectados. Y permitiría que ambos gobiernos coordinen adecuadamente los casos de quienes deban retornar. El planteamiento es técnico y pragmático. Busca que la transición sea un proceso administrado, no un colapso social repentino.

Honduras sabe que no puede detener el proceso legal en curso en Estados Unidos. Pero sí puede negociar las condiciones en que ese proceso se ejecuta. La carta de Asfura a Rubio es precisamente eso: una apuesta por la diplomacia frente a la urgencia. El tiempo corre para decenas de miles de familias que esperan una respuesta.