Organizaciones de derechos humanos documentan cómo el gobierno de Trump deporta a migrantes a países ajenos al suyo. Desde noviembre de 2025, más de 30,000 órdenes de deportación a terceros países han sido emitidas, según Mobile Pathways.
Acuerdos con más de 35 países
Third Country Deportation Watch, iniciativa de Human Rights First y Refugees International, rastrea los vuelos de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La organización identificó acuerdos firmados con más de 35 países para recibir a 23,000 personas migrantes sin vínculo legal ni personal con esos territorios.
Muchas de estas personas se enteran de su destino final ya a bordo del avión, según la organización. «El gobierno de Estados Unidos ha utilizado diversas estrategias para conseguir estos acuerdos», afirmó Savi Arney, directora de políticas para inmigrantes de Human Rights First.
Arney mencionó pagos directos por casi 50 millones de dólares. También citó amenazas de aranceles y restricciones de visado como parte de la presión aplicada a otros gobiernos.
¿Qué dice la ley sobre las deportaciones a terceros países?
La base legal está en la sección 241(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Esta norma permite al gobierno elegir otro país cuando la deportación al país de origen resulta inadmisible o imposible.
«Esa facultad sigue limitada por las protecciones legales contra la persecución y la tortura», explicó el abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office. Estas políticas se disputan actualmente en tribunales federales, mediante los casos DVD contra DHS y UT contra Blanche.
El derecho internacional también impone límites. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sostiene que un traslado a tercer país solo es válido si ese país garantiza los derechos de la persona refugiada.
Personas con protección judicial también fueron reenviadas
La investigación de Human Rights First señala un patrón preocupante en países africanos. Personas a quienes jueces de inmigración estadounidenses les habían otorgado protección contra la deportación fueron enviadas a Liberia, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Esuatini y Guinea Ecuatorial.
En varios casos, esos terceros países las devolvieron después a sus lugares de origen, donde enfrentaban riesgo de persecución. Arney también denunció el caso de personas LGBTQ deportadas a Camerún, Ghana, Sierra Leona y Esuatini, países donde las relaciones entre personas del mismo sexo son un delito.
Santa Lucía recibe su primer vuelo de deportados
Este martes, la organización monitoreó el primer vuelo de personas deportadas hacia Santa Lucía, en el Caribe. El canciller de ese país, Alva Baptiste, informó al Parlamento que el memorando se firmó en Washington.
El acuerdo establece que no más de 10 personas por trimestre podrán ser trasladadas a la isla. Baptiste precisó que ambos gobiernos deciden «a su entera discreción» si aceptan o proponen cada traslado.
Ecuador y Honduras encabezan las cifras
Según el Panel de Deportaciones a Terceros Países de Mobile Pathways, entre noviembre de 2025 y mayo de 2026 se emitieron 30,238 órdenes hacia terceros países. Ecuador recibió 18,194 casos, cerca del 60 % del total registrado.
Honduras acumuló 7,281 órdenes, un 24 % del total, y lideró las cifras mensuales entre noviembre y enero. Uganda también aparece como destino, con 2,718 órdenes entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, cerca del 9 % del total.
Las órdenes se dispararon en meses recientes. En los dos últimos meses de 2025 se registraron 1,420 casos; entre enero y mayo de 2026 la cifra llegó a 28,901.
El impacto humano detrás de las cifras
Human Rights Watch entrevistó en marzo de 2026 a 53 personas deportadas a Tapachula y Villahermosa, en México, incluidos 41 hombres cubanos. La mayoría había vivido durante años en Florida tras huir de Cuba por represión política o falta de oportunidades.
Muchos tenían más de 60 años y enfermedades crónicas que requieren tratamiento continuo. Ninguno pudo impugnar su traslado a México, según HRW, lo que representa una violación al debido proceso.
«Nos están apartando hacia la muerte», dijo un ciudadano cubano de 58 años a Human Rights Watch. «No podemos trabajar porque no tenemos papeles. ¿Cómo se supone que vamos a comer, a pagar el alquiler?».
La respuesta del Departamento de Seguridad Nacional
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a preguntas de N+Univision sobre los criterios usados para elegir terceros países. «Por razones de seguridad operativa, no confirmamos operaciones de deportación», indicó la agencia por correo electrónico.
El DHS defendió los acuerdos como una manera de cerrar vacíos del sistema migratorio. La agencia también promueve el programa de autodeportación a través de la aplicación CBP Home, que ofrece 2,600 dólares y un vuelo gratuito a quienes decidan salir por voluntad propia.
¿Qué puede hacer una persona con orden de deportación?
Las personas con casos de asilo o protección migratoria pueden consultar a un abogado antes de cualquier traslado. Organizaciones como Human Rights First y Refugees International ofrecen orientación gratuita sobre estos procesos.
Los litigios DVD contra DHS y UT contra Blanche siguen abiertos en tribunales federales. Su resultado podría definir los límites legales de las deportaciones a terceros países en los próximos meses.
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