Cómo funciona el programa de California que protege a defensores de inmigrantes

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el 22 de agosto la ley AB 2624. La norma crea un programa de confidencialidad para proveedores, empleados y voluntarios de organizaciones que asisten a inmigrantes frente a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Una extensión del programa Safe at Home

La AB 2624 amplía el programa estatal Safe at Home, administrado por la Secretaría de Estado de California. Este programa permite a personas en riesgo usar una dirección postal sustituta en lugar de su domicilio real en los registros gubernamentales.

Bajo la nueva ley, los participantes podrán solicitar que la Secretaría de Estado les asigne un domicilio alternativo. Las agencias estatales y locales deberán utilizar esa dirección al crear, modificar o conservar determinados registros públicos.

La dirección sustituta también podrá usarse como domicilio laboral. La Secretaría de Estado se encargará de reenviar la correspondencia de primera clase y aquella remitida por organismos gubernamentales a los beneficiarios inscritos.

¿Quiénes pueden solicitar la confidencialidad de domicilio?

Las personas interesadas deberán residir en California y presentar su solicitud en persona ante un programa comunitario autorizado. El trámite incluye una reunión con un consejero y una orientación sobre el funcionamiento del sistema.

La protección alcanzará a proveedores, empleados y voluntarios vinculados con organizaciones de representación legal, defensa de derechos, gestión de casos, ayuda humanitaria y recursos migratorios. También cubre a quienes ofrecen traducciones, asesoramiento y atención médica a la comunidad inmigrante.

Los solicitantes deberán acreditar su labor de asistencia y documentar amenazas, hostigamiento o hechos violentos ocurridos en el último año. Quienes cumplan los requisitos electorales podrán además registrarse y votar de manera confidencial.

Casos de amenazas que impulsaron la nueva ley

La medida fue impulsada por la asambleísta demócrata Mia Bonta, de Alameda, como respuesta al aumento de reportes de acoso y amenazas contra defensores de inmigrantes. Legisladores demócratas citaron varios episodios recientes durante el debate legislativo.

Juan José Gutiérrez, uno de los líderes proinmigrantes más activos de California, advirtió a Univision que «durante esta administración del presidente Donald Trump» existe el riesgo de que activistas como él sean identificados y agredidos. El dirigente atribuyó a su activismo la detención que sufrió durante varias horas en Los Ángeles el Día de Acción de Gracias del año pasado.

Lorena Allende, activista de Unión del Barrio, también denunció intimidaciones contra su organización. «Nos han mandado cartas de amenazas por mucho tiempo. Ahora han arrestado a nuestros miembros», afirmó en declaraciones citadas por Univision.

¿Qué prohíbe la ley y cuáles son las sanciones?

La AB 2624 prohibirá publicar, distribuir, vender o intercambiar en internet información personal o imágenes de los participantes inscritos. La restricción aplica solo cuando exista la intención específica de provocar una agresión física inminente o generar un temor razonable de daño.

La protección también abarcará a las personas que residan en el mismo domicilio que un beneficiario. Los afectados podrán solicitar medidas cautelares y reclamar gastos judiciales y honorarios de abogados ante un tribunal.

En determinados casos, la compensación podrá alcanzar hasta tres veces el daño real, con un monto mínimo de 4,000 dólares. Incluir declaraciones falsas de forma deliberada en una solicitud constituirá un delito menor.

El debate sobre libertad de expresión y periodismo

La ley generó un intenso debate público sobre sus límites. Legisladores republicanos y algunos creadores de contenido la han cuestionado, argumentando que podría limitar la investigación periodística sobre organizaciones que reciben fondos públicos.

La oficina de Bonta respondió que la AB 2624 no restringe filmar en espacios públicos ni prohíbe el periodismo de investigación. Tampoco modifica la ley de registros públicos aplicable a las organizaciones, y solo protege a quienes se inscriban voluntariamente en el programa Safe at Home.

Versiones anteriores del proyecto citaban directamente la ley de protección a periodistas de California, una referencia que fue eliminada en enmiendas del Senado adoptadas en julio de 2026. La oficina de Bonta explicó que el cambio buscó aclarar que la norma no aplica al periodismo legítimo orientado a fiscalizar al gobierno.

¿Cuándo entra en vigor y cuánto dura la protección

El programa de confidencialidad para trabajadores migratorios comenzará a implementarse el 1 de octubre de 2027, más de un año después de la firma de la ley. La certificación tendrá una duración de cuatro años para proveedores y empleados, y de seis meses después de la última jornada de colaboración para los voluntarios.

La Secretaría de Estado podrá cancelar la inscripción por vencimiento, datos falsos, cambios de domicilio sin aviso previo o correspondencia devuelta. La persona afectada dispondrá de 30 días hábiles para apelar esa decisión. Los expedientes permanecerán bajo confidencialidad durante tres años tras la baja y luego serán destruidos.

¿Qué hacer si trabajas o colaboras con inmigrantes?

Si trabajas o colaboras como voluntario en una organización de asistencia migratoria en California, conviene documentar desde ahora cualquier amenaza, acoso o intento de hostigamiento que recibas. Esa evidencia será clave para calificar al programa cuando abra sus inscripciones en octubre de 2027.

Mientras tanto, especialistas recomiendan revisar las políticas de privacidad de tu organización y consultar con un abogado si has enfrentado amenazas relacionadas con tu labor. El registro anticipado de estos incidentes puede facilitar el proceso una vez que la Secretaría de Estado abra el programa.