Washington, DC — Una nueva norma de la administración Trump entró en vigor este viernes 18 de septiembre de 2026. La regla, conocida como «carga pública», dificulta que muchos inmigrantes legales obtengan la tarjeta de residencia permanente si reciben asistencia pública.
Qué cambia la regla de autosuficiencia económica para la green card
Desde 1882, la ley migratoria permite negar la entrada a quienes probablemente dependan del gobierno para subsistir. En 1999, la administración Clinton limitó esa definición a la ayuda económica directa, como el Ingreso Suplementario de Seguridad y Medicaid institucional.
La primera administración Trump amplió esa definición en 2019 para incluir cupones de alimentos y subsidios de vivienda. Un tribunal federal anuló esa norma en 2021 y la administración Biden la derogó al año siguiente.
La versión publicada en julio de 2026 es aún más amplia que la de 2019. Permite a los funcionarios de inmigración considerar «la recepción de cualquier prestación pública sujeta a verificación de recursos» y deroga la norma vigente desde 2022.
El Departamento de Seguridad Nacional defiende la autosuficiencia migratoria
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia federal que administra la política migratoria, publicó en su cuenta verificada de X el fundamento del cambio. La agencia argumentó que restablece el principio de que los inmigrantes deben poder mantenerse por sí mismos.
«Bajo la presidencia de @POTUS Trump, el DHS está restableciendo el principio fundamental de que los inmigrantes deben ser capaces de mantenerse por sí mismos», publicó la agencia. «Reafirmamos la necesidad de la autosuficiencia y ponemos fin a las políticas que fomentaban la dependencia», añadió.
Según Maddie Geschu, directora de políticas de la Coalición para la Protección de las Familias Inmigrantes, la norma podría abarcar cupones de alimentos, Medicaid, subsidios de cuidado infantil, vales de vivienda, Head Start y hasta el crédito tributario por hijos. Geschu lo explicó en entrevista con CNN en julio pasado.
Cuántas familias podrían verse afectadas por la nueva evaluación migratoria
El DHS calcula que, en promedio, 588,000 solicitantes de green card son sometidos anualmente a revisiones de carga pública. Sin embargo, el llamado «efecto disuasorio» podría tener un alcance mucho mayor entre las familias inmigrantes.
La propia agencia estima que unas 950,000 personas podrían abandonar o evitar inscribirse en seis programas de beneficios, entre ellos Medicaid, cupones de alimentos, el Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP) y la asistencia federal para el alquiler. Las personas indocumentadas no se verían afectadas directamente, ya que no califican para recibir ayuda pública.
Un estudio de la Universidad George Washington, publicado en diciembre de 2025, proyectó que 3.7 millones de integrantes de hogares inmigrantes podrían perder Medicaid, cupones de alimentos o subsidios de vivienda. El mismo análisis calculó pérdidas de 27,400 millones de dólares para las economías estatales y hasta 212,000 empleos afectados.
Marco legal vigente: La norma se basa en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que permite negar visas o ajustes de estatus a quienes se considere que probablemente dependerán del gobierno. A diferencia de una ley aprobada por el Congreso, esta es una regla administrativa del DHS y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), por lo que puede modificarse o bloquearse mediante litigio, como ocurrió con la versión de 2019.
El rostro humano detrás del temor a perder la asistencia alimentaria
Clarissa Hayes, subdirectora de programas de nutrición infantil del Food Research & Action Center, advirtió sobre el impacto en las familias con hijos pequeños. Habló con periodistas a comienzos de esta semana sobre casos de padres que evalúan darse de baja del programa WIC, que brinda asistencia nutricional a mujeres embarazadas y niños.
«Ningún padre debería tener que elegir entre alimentar a sus hijos y mantener unida a su familia», dijo Hayes. Investigaciones previas sobre la norma de 2019 mostraron que la participación en programas de asistencia bajó entre 2019 y 2020, incluso entre familias que no estaban sujetas a la regla.
Los estados y ciudades que demandan para frenar la norma
Una coalición de 22 estados y el Distrito de Columbia, liderada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda para bloquear la regla. El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó la medida como una política que «sigue sin conocer límites» en un comunicado.
Un grupo separado de ciudades, encabezado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó otra demanda similar. Ambas acciones se interpusieron ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York contra el DHS, su secretario Markwayne Mullin y el director de USCIS, Joseph B. Edlow.
Los demandantes argumentan que la norma otorga «discreción ilimitada» a los funcionarios migratorios y que se aparta del significado legal de «carga pública». También alegan que los estados perderían miles de millones de dólares en fondos federales si las familias se dan de baja de los programas por miedo.
Qué pueden hacer las familias inmigrantes ahora
La jueza federal Ronnie Abrams fijó una audiencia inicial para el 9 de octubre sobre la demanda de los estados. Mientras tanto, la norma permanece vigente y aplica a las solicitudes de green card en trámite.
Los abogados de inmigración recomiendan no darse de baja de programas de asistencia sin antes consultar un caso específico, ya que las reglas varían según el estatus migratorio.
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