¿A quién afecta la nueva tarifa de $103,265 para la visa H-1B?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propuso el lunes 24 de agosto una tarifa de $103,265 para los empleadores que patrocinen trabajadores extranjeros mediante la visa H-1B. La medida afectaría directamente a empresas tecnológicas, hospitales y firmas de ingeniería que dependen de este programa migratorio.

¿Qué es la visa H-1B y cómo funciona?

La H-1B es un permiso que autoriza a empleadores estadounidenses a contratar trabajadores extranjeros en profesiones especializadas. Entre estas figuran la ingeniería, la medicina, la ciencia y el desarrollo de software.

El Congreso creó este programa en 1990. Actualmente, el gobierno otorga alrededor de 85,000 visas H-1B por año mediante un sorteo anual, según cifras citadas por medios como CNN y Newsweek.

Cada visa tiene una vigencia inicial de tres años, que puede extenderse hasta seis. Algunos ejecutivos reconocidos, como Elon Musk y Sundar Pichai, tuvieron esta visa en algún momento de su carrera.

¿Quiénes pagarían la nueva tarifa?

La propuesta de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) aplicaría a todas las peticiones H-1B sujetas al límite anual. Esto incluye las 20,000 visas reservadas para personas con maestría o un grado académico superior.

El monto se sumaría a las tarifas de solicitud que ya existen. Es decir, un empleador tendría que pagar los $103,265 además de los costos actuales de trámite.

Quedarían exentas las instituciones de educación superior, sus organizaciones afiliadas sin fines de lucro, y los centros de investigación gubernamentales o no lucrativos. Estos empleadores no pagarían la nueva tarifa bajo la propuesta actual.

¿Por qué el gobierno propone esta tarifa?

DHS calculó el monto dividiendo el costo total estimado de administrar el sistema migratorio legal entre las 85,000 peticiones anuales previstas. El resultado fue $103,264.57, redondeado a $103,265.

«La tarifa propuesta busca recuperar los costos que enfrenta el gobierno federal para tramitar y verificar los programas migratorios legales», dijo el vocero de USCIS, Zach Kahler. La agencia estima que la medida generaría $8,800 millones al año.

Ese dinero se repartiría entre USCIS, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). También llegarían fondos a los tribunales migratorios federales, conocidos como EOIR.

El antecedente: la tarifa de $100,000 que un juez bloqueó

En septiembre de 2025, el gobierno emitió una proclamación presidencial que imponía una tarifa de $100,000 a las visas H-1B. La justificación oficial era combatir lo que la administración llamó «abuso sistémico» del programa.

En junio de 2026, un juez federal de Massachusetts bloqueó esa orden. El fallo favoreció a una coalición de 20 estados liderados por demócratas, que argumentó que la tarifa era un impuesto ilegal sin autorización del Congreso.

Ese proceso legal continúa en apelación. Por eso, la nueva propuesta de $103,265 usa un mecanismo distinto: una regulación formal de DHS en lugar de una proclamación presidencial.

¿Qué dicen los críticos y los defensores?

El vicepresidente JD Vance respaldó la medida en un mensaje publicado en X. «Si una corporación estadounidense necesita trabajadores, debería contratar y capacitar a estadounidenses», escribió.

David Bier, director de estudios migratorios del Instituto Cato, cuestionó la justificación económica de la tarifa. Señaló que la versión anterior de $100,000 redujo casi 90% las solicitudes y generó pérdidas de ingresos para el gobierno.

Jeff Joseph, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), advirtió que la propuesta enfrentará demandas apenas se finalice. Explicó que los tribunales deberán decidir si DHS tiene autoridad legal para fijar una tarifa de esta magnitud.

El marco legal y qué sigue en el proceso

La Ley de Inmigración y Nacionalidad establece el límite anual de 85,000 visas H-1B y regula las condiciones del programa. Cualquier tarifa nueva debe justificarse dentro de ese marco legal, algo que los opositores cuestionan en las demandas actuales.

La propuesta fue publicada en el Registro Federal y ahora inicia un período de 30 días para comentarios públicos. Después de ese plazo, DHS podría ajustar el texto antes de convertirlo en norma definitiva.

Grupos como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, coaliciones sindicales y estados demócratas ya impugnan la tarifa anterior en los tribunales. Es probable que amplíen esas demandas para incluir esta nueva propuesta.

¿Qué pueden hacer los empleadores y trabajadores ahora?

Los empleadores que patrocinan visas H-1B pueden enviar comentarios formales durante el período de 30 días que ya está en marcha. Esa participación pública forma parte del proceso legal antes de que la norma se vuelva definitiva.

Los trabajadores con visas H-1B vigentes no verían cambios inmediatos, ya que la tarifa aplicaría a peticiones futuras. Consultar con un abogado de inmigración ayuda a entender cómo la propuesta podría afectar renovaciones o nuevas contrataciones.

Mientras el proceso avanza, especialistas en medicina, ingeniería y tecnología seguirán de cerca cada actualización de DHS. La decisión final podría tardar varios meses en confirmarse.